sábado, 14 de abril de 2018

Indignado: La génesis del Poder.....matapuces.blogspot.com.es






Es inconcebible que una mayoría se someta a una minoría, si con un sólo acto de desobediencia aquella podría emanciparse de ésta. No es sólo el componente ideológico el que determina la esclavitud sino otros factores que suelen en la inmensa mayoría de las ocasiones escaparse de los análisis puramente políticos y económicos los que desencadenan la dependencia mutua entre explotadores-explotados y gobernados-gobernantes.

La dominación va más allá de las relaciones sociales y se inserta en el terreno espiritual y psicológico del individuo como una ausencia y vacío de motivaciones -debido a la atomización- para darle un sentido a la vida que se sustituye en la inmensa mayoría de las ocasiones con relaciones estrictamente de poder (dominado-dominante) camufladas por las convenciones sociales de manera que se puedan adaptar al sistema de dominación reinante y hacerlas pasar por normales cuando lo que están haciendo verdaderamente es reproducir y perpetuar la dictadura ideológica global.

Estas relaciones de poder pertenecen al condicionamiento heredado de nuestros antepasados y pasan casi desapercibidas por los análisis y estudios que se hacen del comportamiento humano ya que estos se centran en el condicionamiento cultural que se ha ido desarrollando durante la historia reciente de la humanidad como la lucha de clases -materialismo histórico- y otro tipo factores externos que han ido alterando las relaciones sociales en el trasncurso y la evolución del ser humano hasta nuestros días con la llegada de la modernidad.

Por lo tanto la dominación va mucho más allá del Estado y el Capital tal como lo conocemos, si bien la existencia de estas instituciones que conforman la organización política y la explotación en el trabajo asalariado por el Capital permiten implementar con mayor facilidad y eficacia las relaciones de poder, éstas hunden sus raíces en un pasado mucho más remoto, cuando todavía no se habían creado las superestructuras de Poder que conformarían el actual sistema de dominación.

https://matapuces.blogspot.com.es
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vía:
Portal Libertario OACA.

Indignado: La muerte de la privacidad a debate y más en el resumen de prensa #363....derechos digitales

"Facebook no es sino, literalmente la punta del iceberg de un problema mayor: el comercio de datos sobre el que se cimenta la nueva economía de internet. Es imperioso que comprendamos que nuestros datos son valiosos, aunque no sean tangibles, aunque no sepamos que se están generando".
 
Patricio Velasco, Derechos Digitales
 
 

¿Nuestra privacidad en manos del mercado?

En un despliegue mediático sin precedentes, esta semana el creador y actual director ejecutivo de Facebook fue citado por el Congreso de los Estados Unidos para responder por el escándalo de Cambridge Analytica. La audiencia se extendió por más de diez horas, en dos días, durante las cuales Mark Zuckerberg se destacó ofreciendo disculpas por las equivocaciones de la compañía, comprometiéndose a no interferir en procesos electorales y asegurando la solución de diversos problemas a través de la implementación de inteligencia artificial en su plataforma. Leer más

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I don't use Facebook. I'm not technophobic — I'm a geek. I've been using email since the early 1990s, I have accounts on hundreds of services around the net, and I do software development and internet protocol design both for work and for fun. Leer más
 
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El Imperio-El Eje del Mal: La hipocresía del "alto a la guerra química" Robert Fisk

Robert Fisk



Oh, la hipocresía de todo. Los innobles objetivos. La distracción. Las escandalosas mentiras y excusas.

No hablo del presidente estadunidense, dado a tuitear como si disparara un revólver, y su deseo de escapar a la incursión de la policía en la oficina de su abogado; claro que hay una conexión rusa. Y tampoco hablo de su desaseo más reciente. Tal vez la vida con Melania no sea estupenda en este momento. Es más distractor sentarse con los generales y ex generales y hablar de Rusia y Siria.

No hablo de Theresa May, que quiere salir de la zanja del Brexit con cualquier distracción propia: los ataques en Salisbury, Duma… incluso Trump. ¿Así que Trump telefoneó a Macron cuando la pobre dama creía que había ganado su mano? ¿Qué tonterías son esas?

Macron ha atado ahora su propia carreta a los sauditas contra el expansionismo israelí, y sin duda las ventas de armas al reino tienen algo que ver con eso. Pero qué triste que el deseo de los jóvenes presidentes franceses de actuar como Napoleón (puedo pensar en algunos otros) signifique unirse a una guerra en vez de negociar contra ella.

Ahora tenemos a nuestros voceros y ministros despotricando sobre la necesidad de prevenir la normalización de la guerra química, evitar que se convierta en parte de la guerra normal, en un retorno a los terribles días de la Primera Guerra Mundial.

Esto no significa ninguna excusa para el gobierno sirio, aunque sospecho, luego de ver con mis propios ojos el involucramiento ruso en Siria, que tal vez Putin se impacientó con terminar la guerra y quiso erradicar a los que quedan en los últimos túneles de Duma para no esperar que pasaran más semanas de combates. Recuérdese la crueldad de Grozny.

Pero todos conocemos los problemas de obtener pruebas cuando se trata de armas químicas y gas. Al igual que el uranio empobrecido –que solíamos usar en nuestras municiones–, no dejan un revelador trozo de metal con una dirección grabada, como un fragmento de proyectil o un recubrimiento de bomba. Cuando empezó todo esto con el primer ataque con gas en Damasco, los rusos lo identificaron como municiones de gas manufacturadas en la Unión Soviética, pero enviadas a Libia, no a Siria.

Pero hoy recuerdo una guerra diferente: la de Irán-Irak entre 1980 y 1988, cuando Saddam Hussein invadió Irán. Cuando los iraníes volvieron a cruzar su frontera e irrumpieron en Irak, años después, Saddam usó gas contra miles de soldados iraníes… todos civiles, porque había enfermeros y médicos en el frente de guerra. Curioso que hoy olvidemos eso. No hablamos del tema. Hemos olvidado todo lo referente a él. Hablando de normalización de la guerra química… ¡aquello lo fue!

Pero en nuestro deseo de concentrar las mentes en Siria, no mencionamos los gaseos en Irán –ese país es otro de nuestros enemigos actuales, claro–, y tal vez sea por nuestra falta de memoria oficial.

Más probablemente es por lo que ocurrió: la institucionalización de la guerra química, el uso de químicos por Saddam, que entonces era aliado de Occidente y de todos los estados sunitas del Golfo, nuestro héroe sunita en el frente. La radio iraquí se refirió a los millares de soldados iraníes que iban a morir después de cruzar la frontera. Anunció que los insectos persas habían cruzado la frontera. Y así los trataron.

Los precursores del gas iraquí provinieron en gran parte de Estados Unidos –uno de Nueva Jersey– y más tarde personal militar estadunidense visitó el frente sin hacer comentario alguno sobre los químicos que fueron vendidos al régimen iraquí, desde luego, para fines agrícolas. Así es como se trata a los insectos, ¿o no?

Nadie menciona ahora aquella guerra terrible, librada con nuestro total consentimiento. Es casi una exclusiva mencionar ese conflicto, así de religiosamente lo hemos olvidado. Esa fue la verdadera normalización, y nosotros permitimos que ocurriera. Religiosa, sin duda, porque fue la primera gran batalla de la guerra sunita-chiíta de nuestros tiempos. Pero fue real.

De los miles de iraníes que fueron asfixiados, unos cuantos sobrevivientes fueron enviados a hospitales británicos para recibir tratamiento. Yo viajé con otros en un tren militar a través del desierto a Teherán; los vagones estaban atestados de jóvenes sin sonrisa, que tosían moco y sangre en vendajes blancos mientras leían Coranes en miniatura.

Tenían ampollas en la piel y algo horrible: más ampollas sobre las ampollas. Escribí una serie de artículos sobre esa obscenidad para el Times, en el que trabajaba entonces. Más tarde la Oficina del Exterior dijo a mis editores que mis artículos no ayudaban.

No hay tal discreción hoy día. No había temor entonces de que salieran a capturar a Saddam porque en esos días, por supuesto, los chicos buenos usaban los químicos. ¿No recordamos a los kurdos de Halabja, que fueron gaseados por Saddam con gas que la CIA ordenó a sus oficiales afirmar que fue usado por los iraníes?

Saddam debió ser juzgado por ese crimen de guerra. De hecho fue un animal que mata con gas. Pero fue colgado por una masacre mucho menor con armas convencionales… porque, como siempre sospeché, no queríamos que expusiera a sus socios en la guerra química en un tribunal abierto.

En eso estamos, pues. May realiza un gabinete de guerra, por todos los santos, como si nuestras bajas crecieran en el Somme en 1916, o estuvieran despegando Dorniers de la Francia ocupada para arrasar Londres en 1940.

¿Qué hace esta pueril primera ministra? Conservadores más viejos y sabios han identificado la calidad juvenil de esta tontería, y quieren un debate en el Parlamento. ¿Cómo podría May seguir a un presidente estadunidense a quien el mundo tiene por un demente, crónicamente inestable, pero cuyos mensajes infantiloides –sobre misiles “nuevos, bonitos e ‘inteligentes’”– son tomados en serio por muchos de mis colegas en Estados Unidos? Tal vez debería preocuparnos más lo que ocurriría si se aparta del tratado nuclear con Irán.

Este es un momento muy malo de la historia de Medio Oriente. Y, como de costumbre, serán los palestinos quienes sufrirán, con su tragedia totalmente olvidada en medio de esta locura. Entonces, ¿iremos a la guerra? ¿Y cómo saldremos de esa guerra una vez iniciada? ¿Alguien tiene planes? ¿Qué tal si ocurre un caos gigantesco, como el que las guerras por lo regular producen? ¿Qué ocurrirá entonces?

Bueno, supongo que Rusia vendrá al rescate, como lo hizo con Obama cuando por primera vez se usó gas en la guerra en Siria.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya
vía:http://www.jornada.unam.mx/2018/04/13/opinion/029a1mun

El Imperio-El Eje del Mal: Estados Unidos, los medios y el guión de las "armas químicas"....Por Mauricio Becerra, periodista


El año pasado se popularizó la noción ‘fake news’, intentando inteligibilizar cuando se inventan hechos o se tergiversa la información. Los grandes medios se apresuraron en distinguirse como los guardianes de la verdad, en sostener que sus técnicas y procesos periodísticos son lo suficientemente profesionales para mostrarnos las cosas ‘tal cual son’, en ‘forma objetiva’, dicen.
La noche de este viernes nos fuimos a dormir con las noticias del ataque de Estados Unidos, Francia e Inglaterra contra Siria. La excusa dada por el señor Trump es un supuesto ataque con armas químicas en Douma, que habría ocurrido la semana pasada. La ciudad era el último bastión rebelde y está dominado por los combatientes del grupo Yaish al Islam. Las fuentes son las mismas de siempre: el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) y los Cascos Blancos, que publican un video en YouTube con personas que muestran quemaduras en la córnea y espuma en la boca. Todo sugiere el ataque de una sustancia neurotóxica, como el gas sarín.
Similar excusa de un ‘ataque con armas químicas’ fue dado en Guta en agosto de 2013 y difundido por los Cascos Blancos y los grupos armados que combaten la dictadura de Bashar al Assad. ¿Quiénes contaron los muertos? El Servicio de Inteligencia de Francia (¿qué tenía que hacer allí?, me pregunto) dijo esa vez que eran 281 y el Ejército Libre Sirio subió la cifra a 1.729 personas. Ni los medios ni Wikipedia dan versión a las fuentes del gobierno sirio y sus argumentos. Solo dicen que Al Assad niega la atribución.

Otro ataque con ‘armas químicas’ ocurrió en Jan Sheijun, provincia siria de Idlib, en abril de 2017, donde se acusa un lanzamiento de gas sarín que habría dejado un saldo de alrededor de 70 personas muertas y más de 400 heridas. El ataque suspendió un acuerdo de paz logrado en ese momento. Nuevamente las fuentes que hacen la contabilidad para la gran cadena de medios es Estados Unidos y los grupos armados opositores al gobierno sirio. Juntos señalan con el dedo a las Fuerzas Armadas Sirias. Las imágenes de cadáveres de niños escandalizan al mundo. Todo fue grabado por los Cascos Blancos en la ciudad bajo dominio del grupo terrorista Tahrir Al-Sham.
Dicho ‘ataque químico’ fue la excusa para que Estados Unidos bombardeara posteriormente la base aérea de Shayrat. Extrañamente, tras la acción militar, fuerzas de Estado Islámico atacaron la base (es decir, estaban informadas). Dicho bombardeo debilitó la capacidad del ejército sirio para combatir a ISIS.
“Estados Unidos ataca una base aérea siria con 59 misiles en respuesta ‘al terrible ataque con armas químicas’ del que se acusa a Bashar al Assad”, tituló la cadena británica BBC.

Los medios occidentales utilizan siempre como fuente al OSDH, con sede en Inglaterra. También a los Cascos Blancos, quienes siempre aparecen con fotos y registros de personas heridas tras los ataques y acusan inmediatamente al gobierno de Al Assad.
La pregunta que cabe es: ¿qué objetivos tendría el gobierno de Al Assad, cuando ya iba ganando el conflicto, al utilizar armas químicas?
El nivel de tergiversación y manipulación de datos de la prensa occidental es escandaloso. No se trata en lo absoluto de apoyar la dictadura de Al Assad, sino de dejar de lado la ingenuidad y entender qué colonialismos hay en juego después que los mismos aviones franceses e ingleses han intervenido en Irak y Libia en nombre de la ‘democracia’ y los ‘derechos humanos’. La intervención de los países occidentales ha sido desastrosa para ambas naciones. Recordemos que en Irak la excusa era la presencia de ‘armas de destrucción masiva’.
¿Han notado que el guión siempre es el mismo?

Los grandes medios que dominan la audiencia están utilizando los mismos mecanismos del nazismo cuando Alemania agredió a Polonia y la URSS, dando inicio a una guerra que costó 36 millones de vidas. En esa época la propaganda nazi vestía a presos comunes con uniformes enemigos y se inventaba una emboscada para justificar la guerra. En el siglo XXI el cuento se construye con ataques con armas químicas. Es el mismo guión.
Aterra ver tanta mentira suelta en una época en que se debiera tener más respeto por los lectores. Es difícil también hacer frente a tanta tergiversación.
Defrauda ver a tanto periodista que se presta como correa de transmisión de tanta farsa. Los grandes dueños mediáticos, propietarios de la televisión, las radios y los diarios, ya utilizaron la excusa de las “fake news” para asfixiar el poco oxígeno que daba Internet el año pasado, y junto a Google y Facebook amordazaron a la prensa independiente. Hoy los portavoces del discurso único se erigen como los guardianes de la verdad.
Por Mauricio Becerra, periodista


vía:
https://www.elciudadano.cl/politica/hasta-cuando-tanta-tergiversacion-estados-unidos-los-medios-y-el-guion-de-las-armas-quimicas/04/14/

Brasil: De Lula y Rosa....... Maciek Wisniewski*





El sábado pasado vi a Luiz Inácio Lula da Silva y pensé en Rosa Luxemburgo. O más bien llevaba ya unos días leyendo unos textos de Rosa y me puse a escuchar al épico discurso de 54 minutos que Lula dio en la sede de su antiguo Sindicato de Metalúrgicos en São Bernardo do Campo ante miles de simpatizantes para anunciar su entrega a la policía para cumplir una condena por presunta corrupción (el haber recibido un departamento que... nunca fue suyo). Por un momento ambos personajes se me fundieron en uno.

Cien años de distancia.

Anatomías políticas opuestas (una revolucionaria que odiaba al parlamentarismo y luchaba para abolir el capitalismo y un sindicalista, dos veces presidente y reformista que quería humanizar al sistema).

Mismos tiempos canallas.

Sólo entre 1904 y 1906 Rosa estuvo tres veces en la cárcel: en Berlín por insultar al Kaiser, en Varsovia, dónde creció y volvió por un rato cuando en esta parte de Polonia anexada por Rusia estalló la Revolución de 1905, y de nuevo en Alemania por incitar a la violencia en un discurso público en el que habló de la huelga de masas.

En febrero de 1914 volvió a la cárcel por llamar a los soldados a la desobediencia ante la guerra que se avecinaba. Durante el proceso en Frankfurt pronunció un discurso en que le dijo al juez: Señor, yo creo que Usted huiría, pero un socialdemócrata, no. Éste es fiel a sus principios y se ríe de sus veredictos. Y ahora, ¡senténcieme! (P. Frölich, Rosa Luxemburg, 1972, p. 186).

En aquel entonces ser socialdemócrata –unos meses antes de que la SPD votara los créditos de guerra– aún significaba algo. Rosa se creía una. Lenin también.

Fue condenada por un año, pero no fue transferida a la prisión de una vez. De la corte se fue a un multidinario mitin político donde fue recibida con ovaciones –casi la llevaron en andas como a Lula...– y repitió toda la propaganda antiguerra por la que fue sentenciada.

En 1916 fue otra vez encarcelada y pasó el resto de la guerra en las prisiones en Berlín, Posen y Breslau (hoy Poznań y Wrocław en Polonia). Salió en noviembre de 1918. Tres meses más tarde, tras la derrota de la insurrección espartaquista, fue asesinada por los contrarrevolucionarios y protofascistas de los Freikorps, los embriones del nazismo. La orden vino de un gobierno socialdemócrata.

En aquel entonces –y más adelante– ser socialdemócrata ya no significaba nada. Vergüenza, quizás.

En su último escrito se burlaba de la victoria de los guardianes del orden, analizaba las razones de la derrota, pero a la vez subrayaba que la lucha tenía que seguir. Confiaba que las masas –un factor crucial– harían la Revolución otra vez posible (bit.ly/2HjpovX).

¡Orden reina en Berlín!, exclamaba irónicamente en alusión a las cínicas palabras ( L'ordre règne à Varsovie) de un canciller francés tras la sangrienta sofocación de la insurrección nacional polaca por las tropas rusas en 1831.

Escuchando a Lula por ratos ya no sabía si aún hablaba él o ya era Rosa y al revés. Tal vez me dejé llevar demasiado cuando dijo: “Podrán matar una, dos o cien rosas [ sic], pero jamás conseguirán detener la llegada de la primavera”. Pero no era sólo esto.

Era la misma dignidad que desafiaba al orden pervertido de los jueces (sean guillerministas o temeristas: aquí estoy y no voy a huir); la misma convicción que hay veces en que hay que aceptar la derrota para luego seguir adelante; la misma insistencia en la importancia de la huelga –por liderar una Lula en 1980 pisó la cárcel de la dictadura– como una escuela (bit.ly/2IA2AaH); la misma confianza en las masas (Hay millones de Lula para andar por mí...).

De hecho todo lo que ocurre últimamente en Brasil –el golpe policiaco-judicial y destitución de Dilma, la militarización de las favelas, los asesinatos selectivos de los líderes sociales como Marielle Franco por los Freikorps modernos, gatilleros a sueldo de gobiernos y finalmente lo de Lula– tiene que ver con las masas.

Las clases dominantes dicen: ¡Basta!

¡Hasta aquí con su empoderamiento!

¡Orden reina en Brasilia!

¿Será casualidad que –otra vez– en las primeras filas de la reacción están los socialdemócratas (PSDB)?

Lula tal vez facilitó un poco este backlash del odio de clase: para realizar sus grandes reformas sociales fortaleció al capitalismo brasileño, convirtió al PT en su gerente (bit.ly/2GMY7kk), titubeaba en cuestiones cruciales (la reforma agraria), le dio la mano libre al ejército y a la policía a ir reprimiendo a los pobres.

Pero igual que Rosa que a pesar de sus errores –teóricos, estratégicos– era el águila de la Revolución (Lenin dixit), Lula a pesar de sus errores y limitaciones es el águila de los excluidos.

Hace tiempo a los comentaristas les encantaba comparar –falsamente– a Lula con Lech Wałęsa, el campeón del anticomunismo, sólo por ser los dos antiguos sindicalistas vueltos presidentes (bit.ly/2H7Cmzb). Hoy –paradójicamente– un cierto paralelismo vuelve.

La extrema derecha polaca que, igual que la brasileña, basó su poder en la subordinación de los jueces y la judialización de la política, hizo del igual derechista antiguo líder de Solidarność uno de sus principales villanos (por razones sectarias).

Recientemente una persona que gritó Wałęsa frente a un mitin de los políticos del partido gobernante –aparentemente para fastidiarlos– fue acusada por la policía de cometer un acto prohibido (art. 52, § 2, pt. 1 del Código de Infracciones).

Gritar Lula también pronto será un delito en Brasil (si ya no lo es...). Pero hasta aquí –otra vez– las comparaciones: contrariamente a Wałęsa, Lula nunca perdió su consciencia de clase. O más bien la tenía, para empezar. El discurso de São Bernardo fue la más reciente y la mejor prueba de esto.

Isaac Deutscher, un destacado marxista polaco-británico que igual tenía sus diferencias con Rosa pero nunca dejó de subrayar su grandeza, escribió en una ocasión: Con su asesinato la Alemania de los Hohenzollern festejó su último triunfo y la Alemania nazi su primero (bit.ly/2HfQqUX).

Con la encarcelación de Lula –no hay duda de que muchos felizmente lo verían muerto como a la propia Rosa o Marielle (una semana antes su columna fue baleada y los pilotos del avión que lo trasladaba a la cárcel bromeaban en una clara alusión a las heroicas tradiciones del Plan Cóndor de ir a tirar la basura...)– la dictadura brasileña festejó su último triunfo y el fascismo emergente en nuestros ojos en este país (bit.ly/2uSPvXS) su primero.

*Periodista polaco



vía:http://www.jornada.unam.mx/2018/04/13/opinion/022a2pol

México: El espionaje al amparo de la Ley de Seguridad Interior....Autor: Nancy Flores

México, el gobierno es sin duda el actor más especializado en espionaje, sobre todo en el de carácter político. Tan sólo en este sexenio se han documentado casos graves de intromisión, como el practicado sistemáticamente contra periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas.

Además están los casos de políticos, cuyas conversaciones privadas acaban filtrándose a la prensa para dañarles en su imagen o aspiraciones o ambas; e incluso de artistas y actores con alta exposición pública que son críticos al gobierno, a quienes se les desprestigia mediáticamente para “contener” su participación en la vida pública.
Aunque el espionaje sea algo cotidiano y, cuando se revela, su censura vaya cayendo en el olvido con el paso de los días, los mexicanos debemos tener claridad de que es un grave abuso de poder y una violación a los derechos humanos intolerable.
Y es que transgrede la vida privada no sólo de la víctima directa, sino de todos aquellos que participan en su entorno: familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, colegas, etcétera.
La gravedad de este tipo de espionaje es que implica la intervención de las comunicaciones (incluidas las conversaciones cara a cara y toda la mensajería digital); así como el seguimiento sistemático del “objetivo”, con un registro pormenorizado de su cotidianidad, su trabajo y sus rutinas, y que incluye evidencia fotográfica de ello.
Los niveles de invasión a la privacidad dependen de quién espía y con qué objetivo: no es lo mismo el trabajo de un agente civil que de un militar. Ello no sólo por el tipo de capacitación que cada uno tiene, sino también por el tipo de tecnología que posee para estos fines.
Para nadie es un secreto que en manos del Ejército y la Marina están las tecnologías más avanzadas e intrusivas de espionaje (la Plataforma Pegasus es sólo un ejemplo), a pesar de que hasta antes de diciembre de 2017 no tenían facultades para realizar labores de vigilancia.
Pero las cosas han cambiado con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que ahora permite abiertamente a la milicia realizar estas actividades violatorias de los derechos humanos a la vida; a la privacidad; a las libertades de reunión, tránsito y expresión; a la protección de los datos personales; a la inviolabilidad de las comunicaciones, etcétera.
En los peores casos, el espionaje político sirve para eliminar al “objetivo” (recuérdense las muertes supuestamente “accidentales” de actores políticos –como Manuel Clouthier– en momentos críticos).
Por eso, el espionaje político daña severamente las bases democráticas –aún incipientes– del país. De hecho, es una característica de los regímenes dictatoriales, por la enorme cadena de violaciones que implica así como los objetivos para los que se emplea.

Espionaje a indígenas

Desde la llamada Guerra Sucia, el espionaje político tiene un especial uso para desactivar las movilizaciones sociales y hacer frente al descontento de las mayorías, atacando a los actores más visibles y, con ello, generando “lecciones” disuasivas para el resto.
No por nada los movimientos sociales figuran en la lista de las 10 principales “amenazas” a la seguridad nacional, según el actual gobierno de Enrique Peña; tal como lo establece la Agenda Nacional de Riesgos, documento altamente confidencial elaborado por los aparatos de seguridad.
Por ello, el seguimiento a éstos es permanente. Y ahora con la Ley de Seguridad Interior, no podemos esperar otra cosa que no sea un uso mucho más agresivo del espionaje con fines políticos y de grupo.
Ejemplo de ello es la denuncia hecha a fines de marzo por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), respecto de la vigilancia del Ejército a comunidades organizadas de Chiapas.
Específicamente el Frayba señala actos de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional contra 120 comunidades y ejidos tseltales, choles, tsostiles, zoques y mestizos, que conforman la Organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres.
Durante una de sus movilizaciones, esos pueblos detectaron la presencia de al menos un militar que, vestido de civil, se infiltró para tomar registro directo de sus actividades.
El Frayba no sólo documentó esta vigilancia, sino también diversos hostigamientos, intimidaciones, amenazas y criminalización contra los indígenas, lo que a su juicio pone en riesgo sus vidas y su libertad.
Según sus informaciones, con el pretexto de aplicar la Ley de Seguridad Interior y “combatir a la delincuencia”, comunidades que viven sobre la carretera fronteriza Sur ­–­en los municipios chiapanecos de Palenque, Ocosingo, Chilón y La Libertad– han sido violentados en su derecho a la seguridad e integridad personal por elementos del 18 Batallón de Infantería, del Ejército Mexicano, con sede en Tenosique, Tabasco.
Y aunque desde el levantamiento zapatista los indígenas han sido permanentemente asediados, no debe dejarnos de sorprender e indignar la facilidad con la cual las autoridades civiles y militares cometen este tipo de violaciones, ahora amparadas en la Ley de Seguridad Interior.
Para el Frayba, “los pueblos originarios en la zona Norte fronteriza de Chiapas viven en constante tensión, no sólo porque no pueden transportarse libremente sino porque tienen temor de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Es alarmante el incremento de los posicionamientos militares en los municipios de Palenque, Ocosingo y en las regiones fronterizas del estado, lo cual está ocasionando impactos sicológicos hacia las comunidades mayoritariamente indígenas”.
Para el Frayba, “la Ley de Seguridad Interior asegura la continuidad y profundización de la violencia, la agudización de la crisis de derechos humanos, así como de la impunidad, aumentando las violaciones a derechos humanos cometidas por militares”.
Y resume perfectamente lo que ya nos empieza a ocurrir por este nuevo marco legal: “Estamos viendo emerger –bajo la absurda legalidad– un Estado mexicano criminal bajo la mano dura de la dictadura militar, contraviniendo de principio todos los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Y éste es, apenas, el principio de la aplicación del espionaje político legal del aparato militar.
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

vía:
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/03/27/el-espionaje-al-amparo-de-la-ley-de-seguridad-interior/

Chile: Cómo la elite torpedeó los intentos de sacar a Chile de su dependencia de las materias primas Por : Juan Andrés Guzmán





La experiencia muestra que la mayoría de los países que salen de la pobreza y se acercan al desarrollo, como Chile, se estancan a mitad de camino. El fenómeno ha sido bautizado como “la trampa del ingreso medio”. Muchos especialistas creen que para salir de ahí se necesitan políticas industriales. Una reciente investigación de Tomás Bril-Mascarenhas y Aldo Madariaga examina por qué se ha fracasado en implementar políticas industriales en Chile y la responsabilidad que le cabe a los gobiernos de la Concertación, a la elite económica y al primer gobierno de Sebastián Piñera en ese fracaso.

Así como un temblor inusualmente largo despierta en los chilenos el temor de que sea el inicio de un gran terremoto, cada vez que baja el precio del cobre emerge otro miedo: que nuevamente Chile haya perdido una oportunidad histórica. Y que así como en la época del salitre, o en el boom de los ‘80, una vez más no hayamos sabido aprovechar una bonanza circunstancial para mejorar nuestra habilidades productivas y seguir desarrollándonos.

Aunque escuchamos todo el tiempo sobre lo innovadores que son los emprendedores chilenos, lo cierto es que el 60% de nuestras exportaciones sigue siendo materias primas. Y la experiencia internacional muestra que, salvo excepciones, ningún país se transforma en desarrollado de esa manera. Hay varias razones, pero tal vez la principal es que los productores de materias primas saben hacer muy poco para ser desarrollados, como dijo el economista de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann a CIPER en 2015.

El punto es que las materias primas pueden sacar a un país de la pobreza pero, tarde o temprano conducen a lo que los especialistas llaman “la trampa del ingreso medio”: a medida que el país prospera y las personas mejoran su nivel de vida, a sus industria les resulta cada vez más difícil competir con los bajos costos de naciones más pobres.


Tomás Bril-Mascarenhas

En un reciente informe de la OCDE se dice, sin dar explicaciones, que Chile, Uruguay y Trinidad y Tobago ya salieron de esa trampa, de lo que se podría colegir que somos oficialmente un país desarrollado (ver página 33 del informe). La mirada más aceptada, sin embargo, es que seguimos en ella y que para seguir desarrollándonos necesitamos hacer algo que no hemos hechos: mover las inversiones desde emprendimientos basados en mano de obra barata a otros que emplean más tecnología y trabajadores mejor preparados, y que, por lo tanto, generan bienes y servicios más valiosos.

Ese salto productivo no se da automáticamente. Por el contrario, es tan difícil de lograr que de los 101 países de ingreso medio en 1960, solo 13 se habían graduado como desarrollados en 2008,según un estudio del Banco Mundial (ver página 12 del informe). Lo frecuente es que los países que van camino al desarrollo no lo logren. Como en el cuento de la Cenicienta, el hechizo de las materias primas termina en algún momento de la noche. Y el paso de estar en el baile de palacio a vestirse con andrajos puede ser abrupto, como lo muestra nuestra historia.

Un reciente estudio examina las causas que han frenado el desarrollo de una política industrial en Chile e identifica la responsabilidad que le ha cabido a los gobiernos de la Concertación, a la elite económica y a la primera administración de Sebastián Piñera.


Es tan difícil llegar al desarrollo que de los 101 países de Ingreso medio en 1960, solo 13 se habían graduado como desarrollados en 2008, según un estudio del Banco Mundial”.

El estudio se titula El poder empresarial y el Estado mínimo: la derrota de la política industrial en Chile (Business power and the minimal state: the defeat of industrial policy in Chile) y fue publicado en diciembre de 2017 por los cientistas políticos Tomás Bril-Mascarenhas y Aldo Madariaga, en el Journal of Development Studies.

La investigación analiza a fondo el intento de las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet por generar un Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que obtuviera recursos del boom minero y redestinarlos a desarrollar industrias innovadoras a través del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad (CNIC). El estudio describe cómo las grandes empresas torpedearon el proyecto en el Congreso, limitaron su aplicación y cómo finalmente en el primer gobierno de Piñera se desmanteló esa iniciativa.
UNA ELITE MUY RARA

El estudio precisa que, salvo por el icónico caso del CNIC (que se detallará más adelante), la constante ha sido que ni el Estado ha promovido las políticas industriales ni las empresas las han demandado.

Bril-Mascarenhas dijo a CIPER que, por una parte, la Concertación tenía equipos técnicos convencidos de que era necesario impulsar políticas que sacaran a Chile de su dependencia de las materias primas, pero nunca quedaron en posición de influir sobre el Ministerio de Hacienda, que es el lugar desde donde se fijan muchas prioridades políticas desde el Consenso de Washington. Hacienda siempre fue dominado por las facciones más ortodoxas que “impulsaron disciplina fiscal, libre comercio y rechazaron la intervención económica del Estado”, afirman los académicos en su estudio.


Aldo Madariaga

Por otra parte, las elites económicas chilenas, que con su enorme poder tienen fuerza para hacer que sus necesidades sean satisfechas por el Estado, no demandaron políticas industriales. Más aún, las torpedearon. Bril-Mascarenhas sostiene que, en ese punto, la elite chilena es muy extraña en el contexto latinoamericano, donde usualmente sí piden políticas para sus áreas.

Bril-Mascarenhas sugiere que esta inusual aversión puede deberse a que en Latinoamérica “no encuentras otra elite tan firmemente anclada en el pensamiento económico de Chicago”, lo que probablemente se potencia en “los círculos cerrados donde se forma la elite chilena y que refuerzan la doctrina de Chicago sobre el Estado”.

Citando al politólogo norteamericano Ben Ross Schneider, Bril-Mascarenhas alude a una tercera explicación: la economía latinoamericana –y particularmente la chilena- está dominada por unos pocos grandes grupos que tienen negocios muy diversificados, son como un portafolio de inversiones con intereses muy diversos. Así, cuando les va mal en un sector (por ejemplo, el cobre) tienen ingresos por otros sectores (pesca, retail).

-Esa estructura de negocios está tan bien hecha que esos grupos no necesitan una transformación productiva para mantener su alto nivel de rentabilidad -dijo Bril-Mascarenhas a CIPER.

De hecho, como lo describe Schneider en su libro “El capitalismo jerárquico en Latinoamerica”, la elite chilena usó el reciente boom de los commodities para acrecentar su participación en las materias primas y no como trampolín hacia negocios más productivos.


Para seguir desarrollándose los países necesitan mover las inversiones desde emprendimientos basados en mano de obra barata a otros que emplean más tecnología y trabajadores mejor preparados, y que, por lo tanto, generan bienes y servicios más valiosos”.

Bril-Mascarenhas dijo a CIPER que un último factor que le permite a la elite no recurrir al Estado en busca de políticas industriales, es que “durante la dictadura, el Estado reguló el sistema de pensiones de modo que las grandes empresas obtienen en el mercado de capitales un financiamiento a plazos larguísimos”.

En teoría ese financiamiento podría apoyar también a actores empresariales innovadores, pero Bril-Mascarenhas aclara que “las AFPs y otros inversores institucionales tienen una preferencia fuerte por los grandes jugadores ya consolidados”. Así, el sistema financiero chileno “favorece a los que ya tienen control del mundo corporativo, no a sus potenciales desafiantes”.

Bril-Mascarenhas y Madariaga citan como ejemplo de lo anterior que los tres grupos más grandes en 2007 – Angelini, Matte y Luksic-, tenían un poder económico equivalente al 15 % del PIB. Este peso económico les permitía “absorber la mayor parte de los préstamos de largo plazo proveídos por los bancos privados”. Los autores argumentan que, debido a ese acceso al crédito, estos grupos se opusieron a que el Estado participara más activamente en el mercado de los créditos pues, probablemente, eso se habría tenido que financiar con un aumento de los impuestos corporativos que ellos pagan y habría favorecido a sus competidores medianos y pequeños.

Esta falta de oferta y demanda de una política industrial prácticamente no ha cambiado a pesar de la dramática desindustrialización de Chile que ha afectado especialmente a las PYMES, las cuales han visto caer su participación en “ventas, empleo y acceso a créditos”. Y si la voz de las Pymes interesadas en políticas industriales no se ha oído en estos años, es porque la elite económica tuvo el poder para “silenciar la expresión pro-industrial de esas empresas”, escriben los autores.

El estudio consigna que entre 1970 y hoy el sector manufacturero pasó de representar un cuarto del PIB a ser solo el 10%, al mismo tiempo que se han expandido considerablemente los servicios con poca productividad (comercio, servicios comunitarios y administración pública). El resultado ha sido el estancamiento de la diversificación de lo que exportamos. Mientras en 1983, el 65 % de nuestras exportaciones eran minerales, en esta década se ubican en el 60 %. Esta dependencia tiene un agravante: las materias primas sin procesar crecieron su relevancia en nuestra canasta exportadora del 25% en 1983 al 40% en 2010.

La gravedad de la situación en la que estamos la resume una advertencia que nos hizo el gurú de la competitividad Michael Porter: “Estoy preocupado por Chile. Cada vez que vengo hay más tratados de libre comercio, pero no hay nada nuevo que vender. Siguen vendiendo lo mismo”.

Michael Porter dijo esto en 2008. Hace 10 años.
DETENIENDO LA INDUSTRIALIZACIÓN

En el discurso inaugural de su nuevo mandato, el Presidente Sebastián Piñera anunció que su gobierno estará orientado a alcanzar el desarrollo: “Hace 30 años los chilenos realizamos con éxito la primera transición, que nos permitió avanzar a una sociedad con libertad y democracia. Ella ya es parte del pasado. Ahora tenemos que emprender la nueva transición, esa que nos va a conducir a un Chile desarrollado y sin pobreza”.

Su programa, sin embargo, no considera que sea un problema para el desarrollo nuestra dependencia de las materias primas. Tampoco promete impulsar políticas industriales para que las empresas chilenas pasen a producir bienes y servicios con mayor valor agregado. En este tema, la estrategia que se observa, por ejemplo, en la anunciada rebaja tributaria a las grandes compañías, no inaugura una nueva transición, sino que enfatiza las ideas que dominan desde el retorno a la democracia: el Estado se debe enfocar en generar marcos para el crecimiento económico, pero no intervenir en lo que las empresas hacen.

El citado politólogo del MIT Ben Ross Schneider, que ha estudiado a los países que están en la llamada “trampa del ingreso medio”, sostiene que salir de ahí es más complejo que derrotar la pobreza. La razón: “la trampa” no es solo económica, es sobre todo política, pues las instituciones que permitieron a los países alcanzar el ingreso medio no son suficientes para seguir adelante (ver The Middle-Income Trap: More Politics than Economics, junto a Richard Dooner).


Los autores argumentan que los actores empresariales usaron su poder para bloquear la política industrial que intentaron desarrollar Lagos y Bachelet. Luego, cuando Piñera llegó al gobierno en 2010, la política industrial en ciernes fue lentamente disuelta”.

El salto al desarrollo, argumenta Schneider, requiere voluntad política, habilidad para mantener una ruta durante un largo tiempo, consensos sociales, colaboración entre empresas y Estado y políticas inclusivas. Pero requiere también, medidas para mejorar las capacidades tecnológicas y la formación de empresas y trabajadores que sean capaces de organizarse en negocios productivos. Todo eso demanda tiempo y la participación coordinada de actores que no se coordinan automáticamente (por ejemplo, entre los profesores de una escuela industrial y las empresas donde los jóvenes van a trabajar).

No solo eso. Schneider remarca que las condiciones que facilitaron la anterior fase de desarrollo (trabajadores mal pagados y mal preparados, desigualdad e informalidad), se vuelven un lastre, pues generan nudos de intereses y enclaves de desigualdad que impiden dar los pasos sucesivos, entre otras cosas, porque rompen la capacidad de la sociedad de trabajar junta.

Siguiendo esta línea, la investigación de Bril-Mascarenhas y Madariaga muestra que si seguimos atados a las materias primas es porque la política ha fallado. No han faltado los recursos, sino la falta de voluntad de parte de quienes han tenido el poder para dirigir esos recursos.

Consignan que ya desde fines de los ‘90 había datos suficientes para notar que el crecimiento que tuvo Chile en esa década (con años en que el PIB saltó al 10% anual) no lograba producir el salto industrial hacia la generación de mayor valor agregado. Los autores citan a un ex alto funcionario del Ministerio de Hacienda que describe cómo, pese al declive del crecimiento, los partidarios de hacer de la CORFO una verdadera agencia de la política industrial perdieron una y otra vez frente a quienes, desde adentro del gobierno, promovían un Estado “neutral”.

En esa derrota influyó la férrea oposición de los empresarios y los partidos de derecha. “Si hubiéramos hablado de eso, habríamos tenido a todos sobre nosotros; a la prensa y a los extremistas neoliberales de la UDI”, les dijo una fuente que identifican como un funcionario de alto nivel del Banco Central. Política industrial era por entonces un concepto tabú.

En una reciente entrevista el economista Ricardo Ffrench-Davies recordó que en su administración, Frei Ruiz-Tagle intentó crear un programa de clúster. “En una reunión con grandes empresarios, en la que estuve presente, la reacción de algunos fue decir ‘ustedes con esto quieren destruir a la empresa privada’”, relató Ffrench-Davies.

A nivel internacional dominaba la misma convicción. Mientras Ronald Reagan había inaugurado en los ‘80 la era neoliberal con la frase “el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema”, en 1996 el demócrata Bill Clinton ahondó en la misma línea anunciando que la era de “los grandes gobiernos ha terminado”.

Pero durante el gobierno de Ricardo Lagos, la reducción del crecimiento y el estancamiento de la diversificación productiva permitieron que los técnicos de la Concertación, partidarios de políticas industriales, tomaran la ofensiva. Argumentaron que la minería del cobre estaba pagando mucho menos impuestos que lo que correspondía y que si se le aplicaba un royalty, estos recursos podrían financiar programas e instituciones destinadas a promover la innovación y la competitividad.

En 2004 Lagos envió un proyecto de royalty minero que fue rechazado en el parlamento. Pero en 2005 se consiguió aprobar un impuesto específico a la minería que estaba ligado a la reinversión de esos recursos en innovación y competitividad. En el proyecto citaban los casos de Finlandia y Corea del Sur como países que “explícitamente orientaron las prioridades políticas en innovación y competitividad”.

El proyecto propuso la creación de un Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que iba a recolectar los ingresos del nuevo impuesto minero; también propuso la creación del CNIC, con el mandato de dirigir el uso de los recursos del FIC. Luego, durante la primera administración de Michelle Bachelet, se buscó institucionalizar el CNIC, emulando las experiencias de Israel y Finlandia, para que pudiera coordinar la nueva política industrial.

Los autores argumentan que los actores empresariales “usaron su poder para bloquear la nueva política”. Primero, vetaron el royalty que se propuso en 2004 y luego lograron influir para que se modificara profundamente el proyecto que finalmente se aprobó en 2005 (el impuesto específico no fue un royalty sobre las ventas sino un gravamen sobre las rentas; la diferencia redujo mucho los recursos que se podían obtener, según algunos especialistas).

Con ese punto ganado, escriben Bril-Mascarenhas y Madariaga, el sector empresarial se enfocó en el debate sobre la política industrial que se quería poner en marcha. Los autores describen un duro proceso legislativo que separó el impuesto al cobre de la política industrial a la que estaba asociado; luego, el poder empresarial logró que gran parte de los fondos se destinara a las regiones mineras, con lo que se aumentó la posibilidad de las corporaciones mineras de influir en la ubicación de los nuevos recursos.


En Latinoamérica no encuentras otra elite tan firmemente anclada en el pensamiento económico de Chicago”, dice el cientista político Tomás Bril-Mascarenhas.

Y por último, los empresarios influyeron en la composición del directorio del CNIC “para que fuera técnico”. Se demandó más presencia del sector privado en general y de las asociaciones empresariales, argumentándose que el CNIC debería ser como el Banco Central. El entonces senador Hernán Larraín (UDI, actual ministro de Justicia), dijo que la propuesta del gobierno era “un exceso de presidencialismo y un innecesario cesarismo”.

Pese a todas estas limitaciones, el CNIC lanzó la política nacional de clúster para destinar los fondos a promocionar sectores económicos prioritarios: minería, acuicultura, turismo, servicios globales y offshoring (hacer que empresas internacionales trasladaran a Chile una parte de sus servicios, por ejemplo, la atención telefónica a los clientes). Sin embargo, dicen los autores, la presencia de dirigentes empresariales en el CNIC afectó la profundidad de las políticas.

Cuando Sebastián Piñera llegó al gobierno en 2010 la política industrial en ciernes fue lentamente disuelta. Un ex miembro del CNIC durante la administración de Piñera, dijo a los autores que “muchos de los miembros del consejo creían que la política de clúster no era una buena idea. Dos meses después de que el nuevo consejo empezara, cerramos la puerta a todas las iniciativas sin mucho análisis. Y durante el periodo 2010-2014 la política de clúster nunca fue discutida de nuevo”.

Piñera nombró en el CNIC a Fernando Flores, y el organismo pasó de incentivar una política vertical a impulsar una cultura de la innovación. Un ex miembro del CNIC de esos años dijo a los autores: “No hicimos propuestas concretas, esa es la realidad. El CNIC se transformó en una reunión de intelectuales que tenían interesantes conversaciones y lo pasaban bien, pero el consejo no hizo significativas propuestas”. Finalmente, Piñera redujo en un 50% su presupuesto. Cuando Bachelet volvió al poder en 2014, del CNIC no quedaba nada. La política de clúster se había desmantelado y el presupuesto obligaba a reducirla aún más.
EDUCACIÓN AL BASURERO

Un problema derivado del hecho que las empresas decidan libremente que lo más conveniente es producir materias primas, es que generan una economía que ofrece unos pocos buenos empleos (que quedan en manos de la elite, como lo mostró el economista de Yale, Seth D. Zimmerman), y muchos puestos de trabajo mal pagados y de mala calidad. Y eso no solo afecta la distribución del ingreso, sino que, como ha mostrado Ben Ross Schneider, puede dañar la fuerte inversión en educación que hacen las familias chilenas (endeudadas con el CAE) y el Estado (que invierte a través de las Becas Chile en generar capital humano avanzado). Si el grueso de los empleos que puede ofrecer la economía es de poca cualificación, el esfuerzo en capacitarse no va a ser recompensado.

Schneider es quien más profundamente ha reflexionado sobre cómo se ligan la formación y lo que las empresas producen. En su libro El capitalismo jerárquico en Latinoamérica, sostiene que este tipo de capitalismo, del que Chile es un ejemplo clásico, “no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no los pueda producir por sí mismo”. Y un asunto grave es que la falta de buenos empleos puede llevar a caer en lo que él llama “la trampa de las bajas habilidades”: viendo que la generación que se preparó y se endeudó no obtiene buenos empleos y remuneraciones, la siguiente generación puede decidir no preparase, con lo que salir de las materias primas se volverá más difícil.

Dado lo anterior, a Aldo Madariaga le parece un grave error poner el acento solo en la capacitación de los trabajadores: “si no tienes empleos en los que ocupar a esos obreros, las habilidades que ellos obtengan, se van a devaluar. El ‘desarrollo de competencias’ sin política industrial termina haciendo que los obreros mejor calificados trabajen en actividades que no necesitan ese tipo de calificación”. La formación se transforma así, en acumular diplomas para mantenerse más o menos en los mismos puestos. Y el esfuerzo no retribuido genera una gran frustración.

-Educación y política industrial no pueden ir disociadas -remarca Madariaga.

Agrega que, en el caso chileno, la política industrial siempre ha parecido difícil de justificar porque hay muchas carencias sociales: “poner muchos recursos en la transformación de un sector industrial compite siempre con la necesidad de gastar en pensiones o en educación”. Sin embargo, la experiencia indica que si esas nuevas empresas tienen éxito “pueden generar un retorno tremendo al crear puestos de trabajo de alta calificación haciendo que la inversión en educación que han hecho las familias y el Estado tenga un destino”.

Desde esta perspectiva, las políticas desplegadas por Chile para llegar al desarrollo, cojean. El economista Ha-Joon Chang advirtió hace un tiempo en CIPER: “Si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde estas personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que ustedes han hecho se va a perder”.
¿CONFÍA USTED EN LOS MATTE?

Parece evidente que aunque la elite no las quiera, las políticas industriales pueden ser beneficiosas para la mayoría. Sin embargo, implican algo difícil de resolver: son las empresas más grandes -por su capital y su conocimiento de los mercados- las que están en mejor posición para dar el salto productivo. De hecho, Schneider, usa en su libro a la Papelera (CMPC, la industria símbolo del Grupo Matte), para sintetizar las dificultades que tiene el salto productivo. Schneider se pregunta por qué la Papelera no es Nokia (la empresa forestal finlandesa que, con aportes públicos, se reconvirtió exitosamente a las comunicaciones).


Si la voz de las Pymes interesadas en políticas industriales no se ha oído en estos años, es porque la elite económica tuvo el poder para “silenciar la expresión pro-industrial de esas empresas”, escriben los autores.

Por supuesto, a muchos chilenos nos dolería el estómago que el Estado aportara recursos a los Matte para que se reconvirtieran hacia la alta tecnología (a los mismos que durante 10 años sacaron utilidades ilícitas con la colusión en el precio del papel de uso doméstico). Lo mismo ocurre con Soquimich (SQM) o con varias empresas pesqueras que financiaron ilegalmente la política, o con las empresas que se privatizaron abusivamente en la dictadura.

En la entrevista con CIPER, Madariaga reconoce que ese es un tema complejo para avanzar en las políticas industriales y que no tiene una respuesta fácil: “Tener una asociación entre el Estado y ciertos grupos empresariales y que eso se convierta en corrupción abierta, es algo que se ve en Brasil hoy y también se vio en Corea en los ‘90”.

Aunque corrupción hay siempre: existe ahora y sin los beneficios que podría traer la política industrial. “Yo diría que la cercanía que tienen los empresarios con los políticos puede ser un problema, pero también un activo; cuando en el gobierno y en la empresa hay tipos que tienen una socialización parecida, eso puede favorecer acuerdos y entendimientos”, agrega Madariaga.

Más que la corrupción, para este académico el gran freno que tiene Chile para avanzar hacia una política industrial, es otro: “Es la elite chilena que no quiere compartir con los demás, no quiere cambiar nada, porque esto le acomoda mucho. Ahí está la piedra de tope”, acota.

NOTA DE LA REDACCIÓN:

Tomás Bril Mascarenhas es Ph.D., MA en Ciencias Políticas de la Universidad de California-Berkeley; BA de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Política y Gobierno en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Aldo Madariaga es sociólogo, magister en Ciencias Políticas y doctor en Economía Política de la Universidad de Colonia (Alemania) y el Max Planck Institute for the Study of Societies, además de investigador adjunto de la línea Las Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto en COES.


vía:http://ciperchile.cl/2018/04/12/como-la-elite-torpedeo-los-intentos-de-sacar-a-chile-de-su-dependencia-de-las-materias-primas/

Brasil: La corrupción suprema Sergio Moro ....por Enrique Dussel*




El sistema inmunológico en un cuerpo vivo es el conjunto de medios que posee el organismo para defenderse de las enfermedades que puedan atacarlo. Si el sistema inmunológico se enferma, es decir, si es atacado él mismo por una enfermedad (como el sida en el organismo viviente humano), dicho organismo queda desvalido, ya que ha perdido la capacidad de autodefenderse. Se ha corrompido el sistema que impide la corrupción: es la corrupción suprema.

La corrupción económica, entre otros aspectos, es apropiarse de bienes ajenos por engaño, violencia u otra causa que sea ilegal o injusta. La corrupción política es el arrogarse de un funcionario (es decir, el responsable del ejercicio de una institución de la sociedad política) ser sede de la soberanía, que en último término sólo reside en el pueblo. Por su parte, en el campo político es el sistema del derecho el analogado al sistema inmunológico del organismo vivo; defiende al sistema político de la corrupción de todo tipo. Si el sistema del derecho se corrompe deja al sistema político desvalido ante todo tipo de corrupción. En el sistema del derecho cuando se corrompe el juez, es decir, cuando no opera conforme a la justicia y a la ley que debe defender, la corrupción del juez es la corrupción suprema, porque es al juez al que se le encomienda el ejercicio de la ley con justicia (siendo una corrupción mayor que toda otra corrupción, tales como la del sistema económico, educativo, de género, etcétera). Tal es el caso del juez Sergio Moro hoy en el caso de Brasil.

La cuestión que ocupa nuestra atención ya fue contemplada por Hammurabi (1730-1688 aC), hace unos 3 mil 700 años en el llamado Código de Hammurabi, cuando decretó que para acusar a alguien hay que tener pruebas (§ 2), de no tenerlas el acusador se transformaría en acusado, y hasta podría recibir la pena de muerte (§ 2 y § 7), y “si un juez ha juzgado una causa [… y] a continuación cambia su decisión […] se lo hará levantar de su asiento de justicia y no lo volverá a ocupar jamás” (§ 6).

Por ello, lo que me mueve a realizar estas reflexiones no es sólo la tradición milenaria del derecho, sino la oportuna exhortación de Cuauhtémoc Cárdenas (quien fue despojado injustamente, y la historia así lo recordará, de la Presidencia mexicana habiéndola ganado de buena ley ante el fraude de Carlos Salinas de Gortari) que lanza un llamado a la conciencia de todo luchador por la justicia (La Jornada, 8/4/18).

El tema es la corrupción del ejercicio del sistema del derecho y de los jueces en América Latina.

Está hoy claro que la motivación de la destitución de la presidenta del Brasil Dilma Rousseff tenía como objetivo político (y no jurídico) impedir la posibilidad de que Lula da Silva fuera electo nuevamente Presidente de la República. Y esto se prueba por la premura en que se perpetró y no cumpliendo muchas exigencias jurídicas del proceso debido en el caso de la condenación de Lula. De manera que lo dictado por el juez Sergio Moro, condenando al acusado sin pruebas (proponiendo como fundamento del juicio suposiciones subjetivas del juez), lo transforman a él mismo de acusador en acusado (según lo contenido en el milenario Código de Hammurabi, en los fundamentos del derecho vigente y en el sentido común cotidiano). Pero lo más grave no es solamente la injusticia e ilegalidad del mismo juez, sino el que se manifieste la corrupción de todo el sistema del derecho, ya que queda involucrado el mismo Tribunal Supremo de Justicia, con miembros que cambian su opinión debido a presiones externas a dicho tribunal.

Todo esto nos recuerda el tema tan actual en la filosofía del derecho tratado de manera tan autorizada por Giorgio Agamben, especialista del derecho romano y filósofo actual del derecho.

Cuando el juez es injusto se levanta la crítica de Sócrates que acepta la ley, pero condena a los jueces injustos que decretan su muerte. Pero cuando se corrompe la totalidad del sistema de la ley, la crítica se endereza contra el fundamento de la legalidad misma, ya que se descubre de pronto la ilegitimidad de la legalidad y de los jueces mismos. Es el pueblo, como sede última de la soberanía que exclama en el estado de rebelión (más allá del estado de excepción schmittiano): ¡Que se vayan todos! los representantes y las instituciones corrompidas que se han tornado autorreferentes o que creen ser la sede del poder, de la soberanía, de la potencia. Es el pueblo brasileño el que se levanta clamando: ¡Han juzgado como culpable sin pruebas al líder de un pueblo oprimido! ¡A ese Estado, a esa institución del sistema del derecho, a ese juez corrupto llamado Sergio Moro, le exigimos que se vayan! Es el clamor del consenso del pueblo (el consensu populi de Bartolomé de las Casas en el siglo XVI) fundamento de la legitimidad, que es por su parte el fundamento de la legalidad justa y no corrupta, la última instancia de la justicia (que funda la legitimidad y la legalidad no corrompidas).

El pueblo brasileño tendría toda razón (fundamento) en no cumplir el juicio de Sergio Moro, juez corrupto que opera desde una legalidad ya no legítima (legítima sería si estuviera fundada en la voluntad del pueblo que Moro teme, y por ello encamina sus juicios políticos, no jurídicos, contra la posibilidad de que Lula da Silva sea elegido presidente). Por ello mismo, la lucha del pueblo brasileño, el resto, indicado por Agamben, para liberar a Lula es de derecho; de derecho fundado en la legitimidad (en el consenso del mismo pueblo) de liberar al que le ha servido con honestidad y justicia, y por ello el pueblo lo necesita.

La situación involucra a toda América Latina, porque en Argentina, en México y en otros países hermanos, no sólo en Brasil, el sistema del derecho y los jueces corrompidos se han transformado y usado como dispositivos de dominación, juzgando procesos políticos fraudulentos como de derecho y condenando a los pocos políticos honestos, como en el caso del desafuero, lo que permite golpes de Estado efectuados con camisas y guantes blancos, no ya manchados de sangre como cuando actuaban los militares en nombre del Departamento de Estado en tiempos de Henry Kissinger. Por ello Cuauhtémoc Cárdenas levantó con todo derecho la voz, porque fue también objeto de un golpe de Estado con guantes blancos. La corrupción del derecho es parte de la dictadura perfecta que se nos pretende seguir imponiendo con nuevos dispositivos, diría M. Foucault.

¡Es necesario que Lula da Silva no sea víctima (encarcelada) ni mártir (muerto) sino vivo y presidente!

*Filosofo

vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/13/opinion/021a1pol

Las Corporaciones: Monsanto-Bayer y la "ciencia" transgénica... Silvia Ribeiro*

Silvia Ribeiro*



La adquisición de la megaempresa transgénica Monsanto por la vieja fabricante de venenos y farmacéuticos Bayer fue aprobada en marzo de este año por la Dirección General de Competencia de la Unión Europea y la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aunque falta la aprobación de otros países, estas decisiones marcan la consolidación de la última de las megafusiones de las industria de semillas y agrotóxicos que comenzó en 2015. Las otras fueron la de las trasnacionales estadunidenses Dow y DuPont, que formaron una nueva división agrícola para sus negocios de semillas y agrotóxicos llamada Corteva Agrisciences y la de la trasnacional de origen suizo Syngenta con la empresa nacional de ChemChina, que planea fusionarse además con Sinochem, otra estatal china.

Las oficinas de competencia consideraron que las tres fusiones eran problemáticas, pero especialmente la de Monsanto-Bayer. Para aprobar las fusiones, plantearon a todas que debían deshacerse de parte de sus negocios para evitar el dominio del mercado, una expresión a todas luces retórica y sin sentido real.

En efecto, quien ha cosechado las actividades de las que se han ido desprendiendo las otras empresas ha sido BASF, otra rancia trasnacional alemana fabricante de venenos químicos.

Bayer accedió a vender a BASF su negocio de semillas y una parte del negocio de agrotóxicos, especialmente glufosinato, ya que varias de sus semillas transgénicas son tolerantes a este herbicida. Pero de ninguna manera abandona el terreno: seguirá con el negocio de semillas transgénicas y nuevas biotecnologías –como CRISPR-Cas9– que tiene Monsanto, y agroquímicos aún más tóxicos como Dicamba, también de Monsanto.

Quedan así solamente cuatro megaempresas que tendrán entre ellas más de 60 por ciento del mercado global de semillas comerciales, 100 por ciento del de semillas transgénicas y más de 70 por ciento del mercado global de agrotóxicos. Las supuestas condiciones de las oficinas de competencia parecen más bien una broma, ya que en realidad engordaron a BASF, la única empresa de agrotóxicos y transgénicos que quedaba fuera de la ronda de fusiones que inició en 2015.

Otro motor de las fusiones ha sido acaparar el manejo de datos masivos (big data) agrícolas y climáticos. Por esta razón, Estados Unidos le planteó a Bayer que debía vender parte de sus activos en agricultura digital, cosa que finalmente Bayer accedió, pero manteniendo la licencia de uso de éstos. Básicamente, todas los probables movimientos que anunció el Grupo ETC desde 2015 sobre las fusiones se han cumplido. Sigue ahora la próxima ronda de fusiones, en la cual las empresas de maquinaria –como John Deere, AGCO y CNH– probablemente se tragarán a las cuatro anteriores, para pasar a tener control de todos los primeros eslabones de la cadena agrícola: semillas, agrotóxicos, maquinaria, datos agrícolas y climáticos, y seguros. (https://tinyurl.com/y9dnpano)

Este es el contexto real de las semillas transgénicas: cuatro empresas gigantes y sin escrúpulos, cuya fuente principal de lucro ha sido fabricar venenos, y todas con con un historial negro de crímenes contra el ambiente y la salud, incluyendo catástrofes como el derrame químico en Bhopal, India, que mató a miles de personas y envenenó a casi medio millón.

Es un contexto que no se puede olvidar, no sólo porque son las mismas empresas y el mismo afán de lucro a cualquier costo, también porque significan una garra de acero cada vez más apretada sobre los mercados agrícolas en todo el planeta.

Cualquiera que defienda las semillas transgénicas sin referirse a este contexto está ocultando la realidad. No existen semillas transgénicas en el mercado que no sean propiedad de esas cuatro megaempresas. Es tan claro que su interés es la venta de agrotóxicos, que por ello la aplicación de éstos, sobre todo glifosato, ha crecido exponencialmente, más de mil por ciento en los pasados 20 años en los países donde se producen más transgénicos, como Estados Unidos, Argentina y Brasil.

Es por ello falaz y cínica la charla de Francisco Bolívar Zapata en el reciente seminario Los alimentos transgénicos a debate (UNAM, 11-13 abril, https://tinyurl.com/y9hq2y84), en la que afirma que el uso de transgénicos disminuye el uso de agrotóxicos. Se refiere en forma notablemente anticientífica a datos parciales para falsear conclusiones: asegura que el maíz transgénico Bt, usa menos herbicida que el convencional. Oculta decir que la cifra total de agrotóxicos (herbicidas, funguicidas, etcétera) en maíz de Estados Unidos aumentó con el uso de transgénicos y que las empresas de transgénicos ahora venden maíz Bt con tolerancia a herbicidas, con lo que el aumento de uso de agrotóxicos está asegurado.

En el mismo debate, Rosaura Ruiz, quien moderó la mesa, afirmó que disentir en ciencia es sano y que cada uno seguirá luchando por su posición. Por supuesto, la duda y el debate honesto es la base de la ciencia. Pero para que eso sea válido la premisa debe ser que no se libere ningún transgénico al ambiente ni al consumo hasta que exista consenso sobre sus riesgos. De lo contrario, no es un debate científico, sencillamente se está usando a la población, la biodiversidad y la naturaleza como conejillos de Indias de cuatro megaempresas trasnacionales y unos cuantos científicos que se alquilan para ellas.

*investigadora del Grupo ETC


vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/14/opinion/021a1eco

El Imperio-El Eje del Mal...: analistas abordan ataques de EEUU contra Siria en HispanTV


Brasil y Lula entre la soberanía, el poder constitucional y la fuerza por Julio Yao Villalaz



No es nuevo lo que hoy sucede en Brasil, donde la presidente Dilma Roussef fue destituida por el Senado y “Lula” da Silva, ex presidente y nuevamente aspirante a la presidencia, está a punto de ser encarcelado. Ya otros dirigentes latinoamericanos han sido apartados del poder de esta manera, en violación de la soberanía popular. Aplicado quizás más sutilmente, este procedimiento está extendiéndose por el resto del mundo. Así sucedió en Irán –cuando el ex presidente Mahmud Ahmadineyad trató de postularse a la elección presidencial– y en Francia, donde la candidatura del ex primer ministro Francois Fillon se vio gravemente lastrada por una serie de acusaciones y procedimientos judiciales emprendidos contra él a sólo días de la elección presidencial. En todos estos ejemplos, la Justicia fue manipulada en contra de la soberanía del Pueblo.




El Tribunal Supremo de Brasil acaba de rechazar –por un solo voto– el recurso de Habeas Corpus que había presentado el ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, decisión que puede impedir al popular dirigente competir nuevamente por la presidencia del país. Es evidente que la decisión fue producto de la amenaza militar, que ya mantenía un estado de sitio y asomaba los dientes para tomar el poder. Pero las Fuerzas Armadas se impusieron no sólo al Tribunal Supremo sino a todo el país.

Frente a esto, es necesario elucidar algunos conceptos.

El Derecho Internacional reconoce que la soberanía de los Estados descansa en dos pilares básicos:
la independencia política y
la integridad territorial.
Ambas impiden la injerencia externa en los asuntos internos de los Estados. La primera se presenta como la autodeterminación del Pueblo, pero las Constituciones políticas de casi todos los Estados reconocen que la soberanía (y por ende la autodeterminación política) es un derecho que «reside en el Pueblo» aunque sean el Estado y el Gobierno quienes la ejercen en nombre del pueblo.

Por esa razón, la Organización de Naciones Unidas reconoce la soberanía de los pueblos –no de los Estados– sobre sus recursos naturales, así como el derecho de estos pueblos a la rebelión cuando sufren el colonialismo, el neocolonialismo, el Apartheid y otras formas degradantes de dominación.

La autodeterminación se puede ejercer por medios legales, que pueden ser legítimos o no, o por medios revolucionarios, que pueden ser pacíficos o violentos.

La soberanía –o sea, la autodeterminación y la integridad territorial– se manifiesta usualmente mediante elecciones, o sea, en las urnas. Cuando estas elecciones son transparentes, el poder que emana de ellas es legítimo. Pero cuando se impiden o se burlan las elecciones, lo que se rechaza y se niega es la autodeterminación política y la soberanía del Pueblo.

De ahí que los poderes emanados de las elecciones puedan ser ilegítimos… aunque sean legales. El poder es legítimo cuando representa la voluntad de autodeterminación del Pueblo y es ilegítimo cuando se obtiene mediante el fraude.

Cuando el poder es ilegítimo, es nuestro deber rechazarlo. De esta lucha, de esta necesidad, nace la legitimidad de los medios necesarios para combatir un poder que se mantiene en ausencia de elecciones o a través del fraude.

En este caso, el deber del Pueblo es rechazar el poder, que es ilegítimo aunque sea “legal”. El poder ilegítimo debe ser anulado para que la fuerza del derecho de autodeterminación se imponga sobre el “derecho de la fuerza” y para se elimine la contradicción entre legalidad y legitimidad porque es la legitimidad lo que produce la legalidad y no al revés.

El deber de no intervenir en los asuntos internos o externos de los Estados se extiende a los terceros Estados pero también se extiende a los poderes existentes dentro del Estado, llámense Fuerzas Armadas, Iglesia o élites, poderes que frecuentemente se consideran estamentos del Estado. Esos poderes, aunque su naturaleza sea legal, no pueden intervenir en perjuicio o en contra de la autodeterminación popular o nacional.

Las Fuerzas Armadas, aunque integran el Estado, carecen de poder legítimo para impedir o frustrar la soberanía del Pueblo, la cual prevalece sobre la soberanía del Estado.

Lo que sí pueden hacer las Fuerzas Armadas es aliarse al Pueblo en pro de su autodeterminación, ya que el primer deber de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía y el territorio nacional y no pueden contradecir la soberanía sin cometer alta traición.

El Pueblo puede y debe utilizar los medios que sean necesarios para enfrentarse a los poderes que se oponen a su autodeterminación.

Lula, por lo tanto, no carece de alternativas y debe usarlas sin temor a la palabra “revolución” y sin rendir culto a un supuesto “orden”, que pocos respetan porque el concepto implícito en nuestra reflexión es que, en el “poder constituyente”, es el Pueblo quien manda.

Fue el poder constituyente o revolucionario, la soberanía popular, lo que rescató en Venezuela al presidente Hugo Chávez del golpe de Estado de abril de 2002; lo que salvó por un pelo al entonces presidente de Ecuador Rafael Correa en 2010 de un “golpe blando” y lo que sostiene –nuevamente en Venezuela– a Nicolás Maduro, pese a golpes de toda clase.

Asimismo, fue la falta de un poder constituyente o de un poder revolucionario suficientemente fuerte lo que impidió salvar a Jacobo Arbenz, en Guatemala, en 1954, frente un golpe militar; a Juan Bosch, en la República Dominicana, en 1963, ante un golpe militar; a Salvador Allende, en Chile, en 1973, nuevamente ante un golpe militar.

Más recientemente, en Centroamérica, fue a falta de un poder constituyente y revolucionario que no se pudieron impedir los “golpes blandos” (de carácter parlamentario y judicial) que expulsaron de la presidencia a Manuel Zelaya, en Honduras, en 2009; a Fernando Lugo, en Paraguay, en 2012; a Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, en 2015; a Dilma Rousseff, en Brasil, en 2016; y a Salvador Nasralla, en Honduras, en 2017, del fraude electoral. Es el poder constituyente o revolucionario lo que ha salvaguardado por medio siglo a la Revolución Cubana, a pesar del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Tomando en cuenta que los golpes de Estado y otras formas de injerencia aplicadas contra los pueblos de América Latina casi siempre han sido fomentados por Estados Unidos y por sus aliados (Israel y la OTAN) y significan una ruptura del orden internacional y constitucional, dichos golpes, sean “blandos” o duros, involucren o no fuerzas armadas nacionales o internacionales, constituyen delitos graves contra el Derecho Internacional que deberán ser considerados como nuevos delitos de lesa humanidad.

En consecuencia, la persecución contra el ex presidente Lula, la intención de encarcelarlo y de evitar su retorno al poder impidiéndole presentarse a las elecciones deben ser rechazadas y combatidas como un atentado contra el Pueblo soberano de Brasil y como una ofensa mundial que debe ser condenada a toda costa.


vía:
http://www.voltairenet.org/article200548.html




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El Imperio-Venezuela: La mentira más grande del mundo... Pablo González Casanova

Foto Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (acompañado por su hijo Nicolás), levanta su puño derecho al llegar ayer al desfile militar en Caracas para conmemorar el 16 aniversario del retorno del general Hugo Chávez al poder después de un fallido golpe de Estado en su contra, en 2002Foto Ap

Nunca el imperio había mentido tanto como lo que hoy ignora en relación con un poder perdido.

Las ridículas y pedantes amenazas de su Gran Jefe, como supuesto defensor de la democracia, son vistas como las de un demente que, al amedrentar al mundo con su inmenso poderío, a nadie convence con sus desplantes y mentiras. Preocupan sus declaraciones y decisiones por la ferocidad insana que expresan y que pueden terminar en un holocausto que él mismo viviría, en sus últimos momentos, y haría vivir a los suyos y al país que gobierna.
El problema es aún más grave, porque Mr. Trump, con su amenazadora cólera de Zeus tronante, es sólo una expresión de la crisis y ceguera que padecen las clases dominantes de su imperio y de otros que en una ofensiva mundial lo apoyan, combinando su silencio cómplice con sus medios de comunicación masiva en un concierto de intereses y codicias comunes.

Las potencias dominantes y los distintos apoyos financieros, militares, políticos y mediáticos de que se sirven, por lo general, dejan a un lado sus distintos estilos de dominación y acumulación y arremeten en función del poderío de sus dueños y señores y de los intereses que unos y otros pretenden defender como valores respetables y de los que cada vez se burlan más, como la democracia, los derechos del hombre y el estilo de vida civilizado, honorable y eficiente.
En el caso de Estados Unidos, los intereses y valores que realmente mueven a los señores de las grandes corporaciones, los llevan a apoyar, en sus zonas de influencia y en las regiones que dominan –para el caso de América Latina y el Caribe–, a gobiernos golpistas, hoy encabezados por los nuevos ricos multimillonarios, como Michel Temer en Brasil y Mauricio Macri en Argentina, mientras erosionan el poder de los gobiernos y movimientos de tendencia socialista, nacionalista o moderadamente patriótica, a los que debilitan con variadas medidas de represión, corrupción, cooptación, presión y desestabilización, como lo han hecho contra la propia Cuba invicta, la cada vez más contradictoria Bolivia, la ya muy deshecha Nicaragua o el ya traicionado Ecuador.


Es más, como muchos triunfos de pasadas revoluciones y rebeliones o movimientos progresistas han sufrido, con el tiempo, crecientes contradicciones, en todos ellos y en las recientes luchas y victorias democráticas y sociales, impulsan políticas que hacen caer a los países víctimas en una incesante desestructuración, desintegración, desorganización. Para eso se sirven –con muchos otros recursos– de las crecientes contradicciones en que caen los regímenes de antiguas revoluciones como la mexicana o de los gobiernos populistas y sus sucesores, como los de Brasil y Argentina. A todos les aplican medidas de efectos directos e indirectos que, al impulsar la cultura de la negociación y de la globalización neoliberal privatizadora del Estado, han promovido en grande, de un lado, la cultura del individualismo, del enriquecimiento multimillonario y de la macrocorrupción, y del otro, el desmantelamiento del Estado-nación o de sus poderes, sus empresas y recursos estatales y nacionales, así como la pérdida de sentido del interés general y el bien común en los partidos políticos. Descartadas ideologías y programas en las luchas políticas, con alternativas que tengan alguna posibilidad de cumplirse, ya sea en lo social o en lo nacional, los proyectos de futuro se limitan a ofrecer dizque terminar la corrupción o el narcoterrorismo sin explicar cómo lo harán. Partidos y políticos profesionales del gobierno en turno y de la oposición ni siquiera defienden un programa político que impida el despojo de los recursos de la nación o incluso uno moderadamente patriótico que se proponga defender la educación pública de las ciencias, las técnicas y las humanidades a todos los niveles, y que sea capaz por su política financiera y económica de proporcionar empleo y seguridad social a los egresados, por brillantes que sean. Es más, ningún partido político presenta y defiende un programa de control monetario y productivo o de servicios o que proponga las medidas necesarias para dar fin al terror y al sistemático despojo del suelo y el subsuelo de la nación, con el consiguiente desempleo de inteligencias y brazos, causa fundamental de las crecientes emigraciones de campesinos ya despojados de sus fuentes de vida y de trabajo por las grandes corporaciones agrícolas, mineras, industriales, que mediante los sicarios imponen el terror y el narcotráfico, los dejan sin seguridad alguna, sin territorio ni tierra, sin agua, alimentación, salud…


Así, mientras ningún partido o movimiento institucional defiende un programa coherente que permita salir de tan grave situación, surge un creciente rechazo a los emigrantes que intentan refugiarse en los países sede de las corporaciones y del poder imperial. Desestructuradas las naciones en desarrollo –así sea éste desigual– de hecho, los partidos ya no tienen nada que ofrecer que puedan cumplir. Su papel en la democracia simulada, neoliberal, globalizadora, rapaz, es obtener puestos pagados de elección popular, cuyos agraciados hagan negocios con la venta de los bienes que el Estado aún conserva, a sabiendas de que si llegan a ser acusados de corrupción nada les pasará, si llegan a ser denunciados nadie los enjuiciará, si son sancionados nadie los perseguirá y si los persiguen nadie los encontrará. Todo eso ocurre porque de principio a fin y de arriba abajo, corrupción y capitalismo tardío forman parte del actual sistema global y su funcionamiento, como política de la acumulación por despojo y de explotación de los recursos humanos y naturales con las tecnologías más avanzadas y la mano de obra más mal pagada, cuando no esclavizada, o tributaria y ya despojada de sus antiguos recursos por los sicarios del gran capital y los gobiernos aliados subordinados. Como los beneficios de acción formal y legal caben en el orden de los delitos para sus beneficiados principales del centro y la periferia, los grandes bancos, que dominan el sistema, han establecido sus propias redes de paraísos fiscales, que de paso sirven para no pagar impuestos al fisco y esconder los miles de millones hurtados con un efecto conocido, por el que viejos y nuevos multimillonarios se enriquecen más y más con todo tipo de alianzas y apoyos de las corporaciones y bancos, hechos con los que se convierten más y más en estados tributarios, que con un lenguaje engañoso corresponden a crecientes tasas de interés por las crecientes e impagables deudas. Todo eso ocurre en una recolonización financiera que cuenta a más de las empresas calificadoras, como Moody’s y con las redes de bancos vampiros, dependientes ocultos de la gran banca o de pequeños Shylocks piadosos.



Esos y muchos otros rasgos de dominación y acumulación son los que caracterizan al sistema, y los que éste sigue defendiendo con el aberrante pretexto de que corresponden a las más novedosas y eficaces políticas científicas y a la lucha por la democracia y la libertad, argumentos con los que atacan en una guerra integral, formal a informal, pacífica y violenta, a todos los movimientos y países que atentan contra sus valores e intereses, entre los cuales han decidido hacer víctima privilegiada al actual gobierno de Venezuela.


El gobierno de Estados Unidos –con el apoyo de las grandes potencias de Occidente– lanza hoy la más feroz ofensiva contra el pequeño y valeroso país de Venezuela, a cuyo patriótico, rebelde y democrático gobierno acusa con indignación y saña de oprimir y hambrear a su pueblo, cuando en realidad es un país que con su gobierno y la inmensa mayoría de sus ciudadanos está plenamente identificado con una de las más grandes luchas liberadoras de nuestro tiempo.


En ofensiva integral y creciente, el gobierno de Estados Unidos y el complejo empresarial, militar, político y mediático de que aquél forma parte muestran la misma saña que, desde 1959, han mostrado contra la revolución cubana, y hoy mismo no sólo esperan que la situación les sea más favorable con el creciente peso que el mercado negro adquiere, y con la eliminación de sus necesarios proveedores de combustibles, que de seguir recibiendo puedan permitir a Cuba pasar nuevamente a un mayor desarrollo igualitario. Fomentan y toleran, por eso, el creciente mercado negro y crean ellos mismos misteriosos e improbados ataques con sonidos criminales que hacen víctima a buena parte del personal de la embajada de Estados Unidos y a nadie más de los alrededores. Con semejante engaño pretenden renovar el miedo a la vecina dictadura comunista con la que es imposible tener buenas relaciones cabales.



Paradójicamente –como ya ocurrió en la larga historia del proceso revolucionario en Cuba– hoy, frente al sostenido y creciente ataque contra Venezuela, ni el propio pueblo venezolano ni el poderoso imperio que con sus incontables engaños dice hacer todo lo posible por salvar al pueblo venezolano de una nueva y feroz dictadura, ni el imperio ni el pueblo empobrecido y rebelde logran derrocar al criminal e inepto gobierno, por lo que el imperio se ve obligado a añadir otro gran engaño, sosteniendo que la situación política de Venezuela representa sobre todo un gran peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.


Si semejante argumentación de la gran potencia no es del todo nueva, pues si antes decía defenderse del proyecto comunista, hoy es francamente ridícula, cuando en la mayor parte del mundo reina el capitalismo, y el gobierno de Venezuela está muy lejos de constituir un peligro para la seguridad de Estados Unidos por oprimir bárbaramente –según lo acusan– a su propio pueblo. En realidad es obvio que el superpoder imperial esconde algo más bajo la supuesta defensa del pueblo de Venezuela para librarlo de un gobierno inepto, represivo y corrompido y para dizque contribuir a que en el país se instale otro gobierno que sí respete la democracia y la libertad del pueblo venezolano, tal como la entiende el imperio, por ejemplo, en los casos de Brasil y Argentina, donde recientemente, con los tristemente famosos golpes blandos triunfe la democracia, al poner en la silla presidencial a un Temer en Brasil y en Argentina a un Macri, dos connotados millonarios que han adquirido su inmenso haber en formas ilegales comprobadas.


Lo extraño es que semejantes argumentos contra Temer y Macri, en el caso de Venezuela, han logrado un silencio cómplice y un gran apoyo entre las grandes potencias del mundo occidental, de sus gobiernos y sus medios de comunicación masiva, que en uniforme versión de la realidad hoy, más que ayer, obedecen a una subsidiada acometida informática favorable a quienes con millones de dólares subsidian a los medios, y que por tener los mismos intereses que el gobierno de Estados Unidos se suman a la lucha contra el bárbaro, cruel e inepto gobierno de Venezuela.


La denuncia de la barbarie y de las barbaridades del gobierno venezolano contra su propio pueblo muestran una extraña coincidencia con los argumentos del gobierno en turno de Estados Unidos y, de hecho, corresponden a una bien coordinada campaña apoyada tanto en diarias imágenes fotográficas y fílmicas de valientes aficionados, como en fotos y películas profesionales de los grandes canales de televisión, a las que se añaden análisis críticos y respetables publicados en las páginas editoriales de los grandes diarios del mundo, así como comentarios y noticias que los pintan como son en numerosas y no menos globales redes sociales, y hasta en los apoyos que el gobierno de Estados Unidos recibe en amplios círculos de sus dependencias, así como en los foros económicos y políticos que defienden los derechos del hombre, apoyos que se acompañan de cierta admiración y elogio a quienes han realizado un golpe blando, que a manera de impeachment estaban hasta hace poco por dar en Venezuela… cuando, para el desagrado mayúsculo de los apátridas, sufrieron una gran e inesperada derrota cuando el gobierno venezolano, tan criticado por inepto y autoritario, convocó a elecciones generales para la instauración de un nuevo congreso constituyente que de veras represente al pueblo y realice elecciones en las que la mafia, supuestamente democrática, se niega a participar, con ridículos pretextos de perdedora y a sabiendas de que sólo lograría mostrar en ellas contar con una inmensa minoría e impopularidad ciudadana.
Foto El doctor en ciencias políticas y sociología Pablo González Casanova, en imagen del 8 de mayo de 2008
Foto Cristina Rodríguez
 
Y aquí es el momento de aclarar qué otras medidas han montado el imperio y las fuerzas oligárquicas empresariales locales y de los países vecinos, como Colombia, Brasil y la pequeña colonia que conserva Holanda, todas destinadas a desestabilizar y derrocar al gobierno enemigo de la civilización, de la democracia, de los derechos del hombre y de la seguridad de Estados Unidos. A esa aclaración será necesario añadir otras más que el imperialismo ha empleado en intervenciones anteriores, especialmente una que parece haber perfeccionado con el auxilio de las tecnociencias de la complejidad y de la comunicación, que para el caso corresponden a la construcción mentirosa de hechos que comprueban las acusaciones hechas y otras nuevas mentiras en que aparezcan el ineficaz gobierno y sus instituciones como lo que no son. También se hace necesario descubrir cómo no se trata sólo de lanzar engaños y mentiras, sino de sembrar pruebas de la punible, cruel e inescrupulosa política que cae en derecho penal, y den lugar a un procesamiento humanitario y judicial por jueces y tribunales que las grandes y humanitarias potencias integran y dominan, y que ahora es más conocido cuando los tribunales del imperio y sus aliados juzgan a los gobiernos de las naciones recolonizadas.


A la síntesis de esos hechos habrá que añadir también otra circunstancia significativa, y es que tamaña mentira no es sólo achacable al gobierno de Trump y las oligarquías criollas, sino que por lo menos empezó durante el gobierno neoliberal y globalizador de Barack Obama, lo que nos obliga a repetir estos hechos para no seguir extendiendo la creencia de que se trata de la política de un presidente mentalmente insano, sino de una medida acostumbrada por el imperio, falsamente atribuida al gobierno de un paciente mental metropolitano, y cuando en realidad es una más de las tradicionales y renovadas intervenciones del imperio y sus aliados y subordinados locales y regionales.
Pero incluso hasta aquí no habremos logrado hacer la síntesis de la mayor mentira del mundo si no aclaramos qué otra gran razón se esconde bajo la noble lucha, pero para preguntarnos: ¿por qué tan grandes batallas y tan poderosas fuerzas, con tamañas técnicas y políticas antiguas y modernas ahora renovadas y enriquecidas con las nuevas ciencias y tecnociencias, no han logrado derrocar al supuesto gobierno dictatorial y bárbaro de Venezuela, que destruye, desgobierna, empobrece y hambrea a su propio país? ¿Por qué?
En un análisis mínimo de los intentos de derrocar al actual gobierno de Venezuela pueden destacarse además algunas de las múltiples razones y políticas por las que la resistencia venezolana ha triunfado y seguirá triunfando.
La exponencial capacidad de resistencia comenzó desde que el comandante Hugo Chávez Frías mostró, en las palabras y los hechos, que la revolución venezolana tiene un carácter antimperialista y anticapitalista y que se debía y podía organizar una nueva fuerza apoyada por el ejército bolivariano venezolano y a cargo de un creciente sistema de poder basado en la estructuración de comunas y de redes de comunas, sus consejos y comisiones promotoras y coordinadoras.



En Venezuela se ha construido ya una resistencia invencible, que el presidente Chávez formuló y su sucesor Nicolás Maduro continúa, enriquece, apoya y explica, tanto en cada uno de sus actos de gobierno como en sus discursos y entrevistas. En todos ellos aparece con fuerza la coincidencia que sus palabras tienen, tanto en los hechos como en la estructuración de la realidad ética de que Chávez Frías fue precursor con un nuevo proyecto de revolución, no sólo venezolana, sino bolivariana, no sólo original por el hecho de que fue apoyada desde el principio y hasta ahora con éxito y creciente poder, tras el fallido intento de golpe de unos militares traidores dominados y encarcelados por su propio congruente ejército, apoyado por una inmensa multitud de los pueblos que bajaron de los cerros circundantes de Caracas para liberarlo y protegerlo, convencidos de que era el más valioso defensor del pueblo con los del propio pueblo. Chávez pudo continuar así con más fuerza, firmeza y apoyo un camino que, entre variaciones concretas, tiene y tendrá efectividad universal con aquellos ejércitos que se unan por convicción ética y política a los empobrecidos pueblos del mundo. Pueblos y ejércitos que hagan suyo el interés general podrán construir y construirán otro mundo sin duda posible, en que la organización de la vida y el trabajo sean capaces de alcanzar la práctica concreta de la libertad, la justicia y una genuina democracia estructurada como poder de los ciudadanos, en todo diferente a la que deja fuera y hasta sin el derecho formal de ser considerados como ciudadanos a los pobres de la tierra, siervos, medieros o asalariados y otros, que siendo desaparecidos en creciente número han sido reducidos a la esclavitud.


Si en las alternativas al mundo actual, el movimiento del 26 de julio en Cuba y el del EZLN en México, han abierto caminos de vida, libertad, justicia y democracia que son referente universal, a ellos se añade hoy el que en Venezuela inició el general revolucionario Chávez, no sólo al expresar formas éticas e ideológicas de las que Nicolás Maduro es fiel e intachable heredero, sino de formaciones de lucha en que la moral se fundamenta o practica con la estructuración en los hechos y va mucho más allá de las palabras sobre una sociedad libre, democrática y socialista. Va de las palabras a los hechos.
Así, cuando queremos aclarar por qué no ha logrado la gran mentira derrocar al gobierno revolucionario de Venezuela tenemos que explorar tanto lo nuevo en los ideales y valores de los insumisos, como los que se hacen realidad en la variada organización de la resistencia militar, a la que se suma la fuerte y estructurada resistencia intelectual y moral, que fortalece los valores con palabras y hechos.


A tamaña unión se añaden otras fuerzas no menos importantes, que de un lado incluyen el poder defensivo en esta guerra integral –llamada de cuarta generación–, cuyo campo de lucha abarca todas las actividades materiales e intelectuales, financieras, económicas, políticas y bélicas, articuladas entre sí, y en las de no menor importancia, que no sólo respetan y hacen respetar las diferencias religiosas y filosóficas, sino con las que en el caso de Venezuela identifican su manera de pensar con las de creer y hacer de dirigentes, como lo hizo reiteradamente Chávez, con el catolicismo en lo religioso, con el marxismo en lo científico y lo revolucionario y con el liberalismo ilustrado y radical, como el que Bolívar –Padre de la Patria– representa en Venezuela, con las ideas que vinieron de la Ilustración y de la revolución francesa y que en Hispanoamérica se reformularon por Bolívar al proponer como meta alcanzar un gobierno en que se estructure la soberanía del pueblo, única autoridad legítima de las naciones, y por eso, capaz de imponer, con su poder organizado, la máxima felicidad posible de todos los habitantes, y capaz de lograr como realidad la unión de nuestros países en una gran nación que los incluya.


Llegados a este punto, podemos trazar un esbozo mínimo de una visita real a una pequeña ciudad que ya se encuentra en el seno de la nación venezolana. Se trata de una ciudad en la que el poder político y todas las actividades de la misma están a cargo de una comuna de comunas. Vemos así que en ella cada comuna o grupo de comunas y su labor coordinadora acordada han construido sus casas y las habitaciones donde duermen, se asean y trabajan, con materiales e instrumentos que salen del cerebro y los brazos de sus habitantes. Las distintas comunas cultivan sus alimentos necesarios, como el pan, las verduras, las frutas, las carnes de ganado menor, más abundantes de las que provienen del ganado mayor y las que obtienen de algunas aves como las gallinas, o el agua que beben y extraen de los pozos que han cavado y purificado, en que atendiendo la útil división del trabajo los lleva a completar lo necesario con el trueque y sus mercados, en los que a más del trueque usan la criptomoneda llamada petro, que emite el Estado venezolano y ya ha sido aceptada en el mercado internacional por algunos países de Oriente. A la organización del mercado añaden la de varias comisiones destinadas a atender los problemas de salud, guardería y educación de niños o de jóvenes y adultos, y en ese terreno destaca un increíble proyecto, el de la formación de cuadros revolucionarios y de una fuerza defensiva que está preparada para coordinarse con el ejército nacional bolivariano. El número de los contingentes preparados y armados alcanza la cifra de 400 mil jóvenes de ambos sexos, adiestrados por las comisiones de los comuneros de la nación venezolana. De ellos, 200 mil están adiestrados y armados para la lucha; otros 200 mil están adiestrados, y aunque carecen de armas, vitalmente participan en la defensa de la Patria, para que, conforme quienes ya están armados pierdan la vida en la batalla heroica, ellos hagan uso de sus armas. Y allí no queda el proyecto, sino que según supimos tiene como meta alcanzar un contingente cercano a un millón de integrantes…
Mucho podría contarse de nuestra visita a esta ciudad de las comunas, pero no cabe duda de sus capacidades concretas para enfrentar las políticas con que ayer el imperialismo derrocó a Salvador Allende y con que amenaza destruir a Venezuela: ya ni una puede funcionar, ni la devaluación de la moneda ni el ocultamiento de víveres ni mucho menos el ejército bolivariano en las antípodas del pobre diablo de Pinochet.

Ya puede la mayor mentira del mundo seguir armando crecientes formas de ataque, como la que busca con los países que mandan a sus seguros y serviles jefes de Estado a la reunión del Ministerio de las Colonias y apoyen en realidad la mayor mentira del mundo para apoderarse de la mayor reserva de petróleo del mundo. Ahora sí, en los hechos, ¡no pasarán!

México, 12 de abril de 2018

vía:
 http://www.jornada.unam.mx/2018/04/14/opinion/002a1pol

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