El Padre Alejandro Solalinde en entrevista para el programa "Hablando claro" con Rubén Luengas, de la cadena Univisión América, revela importantes datos sobre la tragedia ocurrida en Ayotzinapa, México, donde 6 personas perdieron la vida, 25 gravemente heridas y 43 estudiantes miembros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron.
Pese la postura del gobierno mexicano, que sugiere que los desaparecidos podrían aún estar con vida, el Padre asegura que éstos están ya muertos, según sus fuentes, mismas que han revelado detalles que Solalinde pretende llevar al terreno legar, ante las instancias gubernamentales, de manera que puedan servir para la resolución del caso, sin embargo, Solalinde afirma que las autoridades competentes le han evadido, evitando que éste lleve a cabo su testimonio.
"México bronco" (Revista Proceso, 19 de octubre, 2014)
JOHN M. ACKERMAN
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| Protestas en Veracruza exigiendo justicia para los normalistas de Ayotzinapa (Foto: Proceso) |
Inician
simultáneamente un nuevo proceso electoral y un nuevo ciclo de protesta
social. El segundo, sin duda, genera más esperanza que el primero.
Todos sabemos que las próximas elecciones del 5 de julio de 2015, para
500 diputados federales, nueve gobernadores, 661 diputados locales y
1,015 ayuntamientos en 17 entidades federativas, no cambiarán
absolutamente nada en el país. La compra masiva de votos y los ríos de
dinero de procedencia desconocida que fluirán a los operadores de las
campañas y a los medios de comunicación, asegurarán que los mismos
intereses de siempre continúen gobernando. En contraste, el creciente
movimiento popular a raíz de la masacre de Iguala tiene el potencial de
transformar radicalmente a la nación.
Omar
García, uno de los valientes normalistas de Ayotzinapa sobrevivientes
de la masacre, lo ha dicho con todas sus letras: “Esto que vivimos, con
lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de
lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que
trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la
situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México
desde hace años. Ojalá no la dejemos escapar”. Comparte también las
palabras de los padres de familia de los Ayotzis desaparecidos:
“Nosotros, por nuestros hijos, estamos dispuestos a dar la vida. Y
ustedes ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?” (Texto completo de la
entrevista con Blanche Petriche disponible aquí:http://ow.ly/CQbGQ).
La
gran visión política y enorme valentía de los estudiantes de Ayotzinapa
y sus familiares es precisamente lo que requiere hoy el país. En un
contexto social en donde predomina el egoísmo, el “agandalle” y la
corrupción, se levanta una generosa voz de dignidad rebelde desde las
montañas de Guerrero. Estos grandes líderes sociales están dispuestos a
sacrificar todo, incluso la vida misma, con tal de conquistar la
justicia y la paz para el país entero. Los “chilangos”, normalmente
enajenados con nuestra apurada vida cotidiana, tenemos mucho que
aprender de su ejemplo. Y todo México tendría que apoyar públicamente a
estos jóvenes líderes así como replicar su lucha en nuestras respetivas
comunidades, trabajos y escuelas...
TEXTO COMPLETO DISPONIBLE AQUÍ
"Le soutien aveugle de la France au président mexicain" (Libération, Paris, France, 17 octobre 2014)
Par John M. Ackerman
Professeur à l’Université nationale autonome de Mexico (Unam),
directeur de rédaction de la Mexican Law Review, chroniqueur dans
plusieurs journaux mexicains (la Jornada, et Proceso Magazine) et
actuellement professeur invité à la Sorbonne- Nouvelle (Institut des
hautes études de l’Amérique Latine) et à Sciences-Po (Paris School of
International Affairs)
Est-ce
le contrôle des ressources naturelles ou la défense des droits de
l’homme à l’étranger qui intéresse le plus la France ? Le nouveau
président du Mexique,Enrique
Peña Nieto, a rendu possible pour les grandes multinationales du
secteur l’accès au pétrole, au gaz et aux autres ressources naturelles
mexicaines (1). Mais il l’a fait aux dépens des droits humains
fondamentaux. Le massacre en septembre de militants étudiants par la
police locale, qui a également le week-end dernier ouvert le feu sur des
étudiants français et allemands, témoigne de la nature autoritaire du
régime politique mexicain.
Lors
de sa visite au Mexique en avril, le président François Hollande a
remis à Enrique Peña Nieto la distinction suprême, la grand-croix de la
Légion d’honneur, et lui a dit qu’il pouvait compter sur la France pour
soutenir ses «ambitions» car ses «réformes sont aussi les nôtres». Mais
ce dont le Mexique a besoin, ce n’est pas un soutien aveugle à un
président dont les politiques néolibérales conduisent le pays au chaos,
mais un témoignage de solidarité internationale envers le peuple
mexicain qui en paie le prix du sang...
VOICI LE TEXTE INTÉGRAL
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| Carlos Navarrette, Armando Ríos Piter, René Bejarano y Amalia García defienden a su "Gober" |
La
execrable masacre de Iguala ha exhibido la enorme podredumbre de las
instituciones políticas en todos los niveles de gobierno. Pero también
ha reactivado redes de solidaridad locales, nacionales e
internacionales, cuya fuerza podría finalmente poner fin a la ignominia
del (neo)liberalismo despótico, en el poder desde la fundación del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946.
Ha
surgido un histórico concierto de voces coincidentes en favor de la
renovación de la política nacional: desde el Parlamento Europeo (véase:http://ow.ly/CD3fn
) hasta los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional; desde
Amnistía Internacional hasta el Partido Democrático Popular
Revolucionario (PDPR-EPR) (véase:http://ow.ly/CD3cq
); desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta las
autodefensas de Michoacán; desde los yaquis de Sonora hasta los policías
comunitarios de Guerrero; desde la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos hasta el Movimiento de Renovación Nacional, y desde París hasta
Buenos Aires.
México
es uno de los únicos países en América Latina que no han experimentado
una transformación en su clase política durante las últimas décadas. A
diferencia de países como Brasil, Ecuador, El Salvador, Uruguay,
Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Chile, en México el
proceso de supuesta "democratización" ha dejado totalmente intactas las
redes de poder de los mismos de siempre. Los procesos de transformación
en aquellos países no han estado libres de importantes contradicciones y
grandes retos hacia el futuro, pero nuestro país ni siquiera ha
iniciado el camino.
El
crimen de Estado cometido en Iguala es el resultado natural de la
conquista de la Presidencia de la República por un grupo de gobernadores
feudales priístas que no cuentan con experiencia alguna en el ejercicio
democrático del poder. Recordemos que Enrique Peña Nieto y cuatro de
sus secretarios más importantes son ex gobernadores de estados que no
han experimentado alternancia política alguna.Miguel Osorio Chong y
Jesús Murillo Karam fueron gobernadores del estado de Hidalgo, estado
bajo el férreo control de una mafia política local conocida por su
corrupción y su intimidación a los rivales. Emilio Chuayffet y el mismo
Peña Nieto son destacados representantes de la familia política de
Atlacomulco fundada por Carlos Hank González, una de las redes de poder
más perversas y retrógradas que han existido jamás en la historia de
México. Y Pedro Joaquín Coldwell, el cuestionado Secretario de Energía
actual, fue antecesor tanto del narcogobernador Mario Villanueva como del bebesaurio Beto Borge, quien actualmente despacha en el gobierno de Quintana Roo....
TEXTO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA
El espejo de Ayotzinapa
Silvia Ribeiro
A la entrada de la escuela hay un letrero que
dice 'Ayotzinapa, cuna de la conciencia social'. ¡Vivos los llevaron,
vivos los queremos!
Las
atrocidades contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Atyozinapa, que el 26 de septiembre dejaron seis personas asesinadas, 20
heridos y 43 jóvenes normalistas desaparecidos luego de haber sido
detenidos por la policía que los cazó salvajemente, aliada y/o parte de
un cártel de narcotraficantes; se ha convertido en un gigantesco espejo
de la realidad en México.
El dolor y la indignación recorren el país y se expresan en múltiples manifestaciones y protestas. Siguen creciendo las denuncias y solidaridades internacionales, inclusive cuestionamientos al gobierno por parte de instituciones internacionales y hasta la demanda de europarlamentarios de suspender la renovación de acuerdos comerciales con México, por la violación de derechos humanos y la falta de garantías individuales.
Son muchos los temas que esta masacre sacó a la luz, evidenciados a través de prensa y medios independientes. Entre ellos, la colusión de diferentes niveles de gobierno y policía con narcotraficantes; la podredumbre y complicidad por acción u omisión de los partidos políticos, incluido el PRD, partido al cual pertenecía el alcalde local que ordenó la masacre y al que aún pertenece el gobernador estatal; el racismo y desprecio contra los jóvenes, campesinos, indígenas; la impunidad con que actuaron los asesinos, seguros de que este horrendo crimen no iba a tener trascendencia porque a nadie le importarían los atyozinapos, como llamó despectivamente el alcalde de Iguala a los hijos de campesinos que van a ese internado rural.
Pero en lugar de indiferencia, el horror que despertó el crimen contra los normalistas de Atyozinapa parece haber rasgado irreparablemente el telón de encubrimientos, no sólo sobre lo que realmente pasó en Iguala, sino también porque se entretejió inevitablemente con muchas denuncias anteriores que dan cuenta del sinnúmero de atropellos que vive el México de abajo desde hace décadas.
Muchos de éstos se han presentado en las audiencias temáticas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), tribunal ético internacional que está sesionando a través de su capítulo México desde 2011 y tendrá su sesión final en noviembre 12-15 de este año.
Justamente, a pocos días de la matanza de estudiantes, se realizaba la audiencia del TPP sobre educación, cuyo jurado internacional condenó en su fallo al Estado mexicano y sus distintos órdenes de gobierno, instituciones, e instancias responsables por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Delitos que incluyen homicidios, ejecución, desaparición forzada, torturas y detenciones ilegales en agravio de los estudiantes. El tribunal consideró además que existe una persecución política que en forma permanente sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y las instituciones educativas que conforman el normalismo rural. (Tatiana Coll, La Jornada, 11/10/14). Esta audiencia recogió testimonios de normalistas de varios estados sobre la campaña de desprestigio y criminalización que contra ellos realiza el duopolio televisivo, generando un clima de linchamiento y justificación de la represión, situación que comparten con los actores de muchas otras luchas sociales del país, tal como se denunció también en la audiencia temática del TPP sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores el 17-19 de septiembre.
Casi un año antes, Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi presentaron en la audiencia del TPP Represión a movimientos sociales y defensores de los derechos humanos, en la acusación general que abarcó varias décadas –incluidas la masacre de Tlatelolco, El Charco, Aguas Blancas, Acteal y otras, “más de 5 mil casos documentados de agresiones, (…) asesinatos políticos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, apremios ilegítimos, desapariciones forzadas y persecuciones o asesinatos políticas por militancia política. Se refirieron a esto como asesinatos crueles, innecesarios y alevosos, caracterizado por la indefensión de las víctimas.” (dictamen en tppmexico.org). Igualmente, en las audiencias del TPP sobre guerra sucia, sobre migración y sobre feminicidios, que se realizaron en septiembre 2014, se repiten las denuncias de agresiones, matanzas e impunidad, conformando un escenario de guerra contra los pobres, especialmente mujeres, contra campesinos e indígenas y contra todos los que protestan por sus derechos, por defender sus territorios, agua, culturas, como ahora los yaquis y muchos otros.
En la audiencia del TPP sobre devastación ambiental, noviembre 2013, el jurado internacional que analizó más de 140 casos, dictaminó que existe una desviación de poder que ha provocado la devastación ambiental del país. Los delitos presentados son encuadrables en la categoría de crímenes de lesa humanidad, tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil mexicana. (www.afectadosambientales.org). Para comprender el vasto significado de esta sentencia, recordemos que esta Corte tiene como misión juzgar crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad.
Los jurados de las diferentes audiencias anotaron que además de las agresiones, existen en todas partes acciones colectivas y comunitarias de resistencia, de creación y solidaridad, contra y pese a los ataques. Ahora, en Ayotzinapa, coexisten nuevamente y se expanden más allá de muchas fronteras, dentro y fuera del país. Cuenta Gloria Muñoz que a la entrada de la escuela hay un letrero que dice Ayotzinapa, cuna de la conciencia social (Ojarasca 210), lo cual cada día adquiere más significados. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
* Investigadora del Grupo ETC
La Haine
http://www.lahaine.org/mundo.php/el-espejo-de-ayotzinapa
El 26 y 27 de Septiembre en Iguala, Guerrero, se produjo una brutal represión contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la que actuaron conjuntamente policías y sicarios, en estrecha coordinación, y en la que se encuentran involucrados los gobiernos del municipio de Iguala, el del Estado de Guerrero y el gobierno federal. En el ataque inicial fueron asesinadas seis personas: unos, normalistas y otros, pasajeros del autobús de un equipo deportivo, por parecer estudiantes; hubo casi una decena de heridos, 25 detenidos y 47 desaparecidos; es altamente probable que sean sus cuerpos los que han venido encontrándose en fosas, con signos de ejecución extrajudicial y terribles huellas de tortura. Se trata de un genocidio responsabilidad del Estado mexicano, y sin embargo, es necesario apuntar las responsabilidades para que esta afirmación no quede en una abstracción.
Debemos señalar que este modus operandi fue aplicado contra cinco militantes del Partido Comunista de México, en agosto-noviembre del 2013, entre ellos el profesor Raymundo Velázquez Flores, secretario general del PCM en el estado de Guerrero y dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), una organización popular campesina que fue fundada por el profesor Genaro Vázquez Rojas a finales de los años 60, quien encontrando cerrados los caminos legales pasó a la lucha armada con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. También fue asesinado el camarada Luis Olivares, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande. Nuestros camaradas fueron asesinados porque su trabajo político entre las masas afectaba los intereses de los monopolios, pero el Estado se lavó las manos adjudicando los crímenes a las organizaciones delictivas. Sin embargo, hay elementos que nos permiten asegurar que existe un entrelazamiento entre el Estado y los grupos delictivos, y que su utilización para el asesinato selectivo y la represión masiva hacen parte de una estrategia antiobrera y antipopular, que emerge al paso del general colombiano Oscar Naranjo como asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto, la cual se ensaya y adopta como medida de contención de la movilización popular, frente al periodo de inestabilidad que se avecina como resultado de la crisis económica del capitalismo y de las agresivas medidas para desvalorizar el trabajo.
Hoy, la represión estatal se decuplica y sale de lo selectivo a lo masivo, insistiendo en la inmovilización/desmovilización; ya no sólo se descabeza, sino que se busca sembrar el terror, la confusión y la paralización dentro de organizaciones dinámicas en la lucha de clases. El ataque a las escuelas normales, donde se forman los profesores, lleva más de 20 años, y combina la privatización de la educación pública con la liquidación de estos semilleros de cuadros populares que son las normales, y que han aportado miles de mujeres y hombres que participan en la lucha del pueblo trabajador, que engrosan las filas del magisterio independiente, que se asumen como organizadores natos en los pueblos del país.
En Iguala ocurrió un genocidio responsabilidad del Estado, ni duda cabe; sin embargo, debe llamarnos la atención la ola de argumentos en esa dirección, que con tanta claridad responsabilizan a la máquina de que se sirve la clase de los capitalistas para mantener su dominación sobre el proletariado y demás explotados. ¿Es que hoy todos asumen las tesis del marxismo-leninismo o es que se procura una vaga generalidad para eludir la concreción de la responsabilidad de la llamada izquierda electoral?
El Estado mexicano integró ya a su engranaje al sistema de partidos con registro electoral, puesto que ninguno le resulta antagónico y todos le son funcionales, y su expresión más eficiente hasta hoy fue el Pacto por México, que permitió en muy poco tiempo aprobar las reformas necesarias para que el poder de los monopolios asegure sus ganancias y rentabilidad en un periodo como el actual, de crisis internacional de la economía. En esa dirección, cualquier gestión es admisible en tanto le dé viabilidad a la explotación capitalista, con la que están comprometidos lo mismo Peña Nieto, que Carlos Navarrete y López Obrador, por citar a quienes parecerían adversarios. El sistema de partidos electorales es correa de transmisión para mantener a los explotados con la ilusión de la democracia burguesa, de la fachada democrática de la dictadura de clase del capital; son pues una parte importante del Estado.
Veamos lo concreto: En Guerrero gobierna Ángel Aguirre, hasta el año 2010 un importante cuadro político del PRI, quien sustituyó provisionalmente a Rubén Figueroa después que éste ordenara la represión en Aguas Blancas, donde fueron asesinados decenas de campesinos de la OCSS acusados de pertenecer a la insurgencia armada. Como gobernador provisional, Aguirre es el responsable de la masacre de El Charco, donde también fueron asesinados decenas de campesinos con el mismo argumento. Es decir, Aguirre está implicado directamente en dos de las más importantes masacres de las últimas décadas y aun así, el PRD (partido importante dentro del Foro de Sao Paulo, donde hace parte de su Grupo de Trabajo, y en la Internacional Socialista, y de manera más reciente del Encuentro Progresista que se convocó en Ecuador), en coalición con el PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), lo postularon como candidato a Gobernador en 2010. En su campaña participó con entusiasmo López Obrador. Y en su gabinete participan destacados cuadros del PRD y de MORENA. No estamos haciendo una caracterización ideológica, sino enunciando hechos, datos que son irrefutables, sujetos a la comprobación.
Ángel Aguirre es el responsable directo del genocidio de Iguala, y también del asesinato de cinco camaradas del PCM. Busca escabullirse adjudicando la responsabilidad exclusiva a José Luis Abarca, que sin embargo llegó a la alcaldía de Iguala con el impulso de Lázaro Mazón, quien hoy es Secretario de Salud del gobierno de Guerrero, fue dos veces alcalde de Iguala y es precandidato de MORENA al gobierno de esa entidad; por si no bastara, su hermano, Luis Mazón, es quien sustituirá legalmente a Abarca en la presidencia municipal de Iguala. Es decir, el PRD y MORENA han dado cobertura a los responsables de este genocidio, y esa verdad es inobjetable, a pesar de sus silencios, de sus excusas.
No son datos menores, se corresponden con una política consistente del PRD (antes de que MORENA surgiera de su seno) y que va de la represión al Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco en mayo del 2006 en Texcoco, al ataque permanente de Ebrard, y ahora Mancera, al frente del gobierno de la ciudad de México contra el movimiento obrero y popular. Al tiempo que se vinculan a los monopolios, al tiempo que aplican el despojo contra las comunidades, el ataque a los derechos sociales y que colaboraron estrechamente en las reformas estructurales.
Ellos son corresponsables de aplicar esa política represiva del Estado, colaborando con el rumbo general que sigue Enrique Peña Nieto.
El terrorismo de Estado activó ya los mecanismos represivos que incluyen a sus fuerzas formales (Ejército, gendarmería, policías federales, estatales y municipales) auxiliadas por fuerzas paramilitares (sicarios), como ocurrió durante los regímenes fascistas en Europa y como ocurre en Colombia. Estos dos ejemplos, los asesinatos políticos en Coyuca de Benítez e Iguala, nos muestran que no se trata de excepciones, sino de un esquema operativo donde fuerzas legales e ilegales actúan conjuntamente para salvaguardar los intereses de los monopolios y golpear a las fuerzas clasistas, y son un aviso de la tendencia que habremos de enfrentar.
A ello debemos sumar la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, sobre la que se guarda silencio, de más de 20 personas, por parte del Ejército Federal. Un cuadro pues de terrorismo de Estado.
Entramos ya a la etapa abierta de la violencia del Estado –e insistimos, no sólo del PRI y PAN, sino del PRD y la corresponsabilidad de MORENA-, para contener las previsibles oleadas de contestación popular frente a las reformas laboral, educativa, fiscal y energética, de consecuencias tan lesivas para la clase obrera y las capas populares.
La respuesta popular es de indignación masiva y de acciones crecientes, donde destacan los estudiantes, que en estos días protagonizan una movilización que sólo encuentra parangón en 1968 y 1999. Prácticamente todas las escuelas y universidades de la Ciudad de México han ido a paro, y se prevé un ascenso de la lucha.
En Guerrero maestros y estudiantes, acompañados de organizaciones populares, han enfocado su ira a los centros simbólicos del gobierno.
Entre las lecciones que quedan, subrayamos las siguientes:
La fachada democrática del poder de los monopolios se desdobla al terrorismo de Estado que lo mismo ejecuta la violencia por medios legales que ilegales. La gestión socialdemócrata, llamada izquierda democrática, izquierda responsable, izquierda moderna, progresismo, no es la defensora consecuente de la formalidad democrática, sino un instrumento estatal que por igual activa los mecanismos represivos, por lo que no hay que tener la mínima confianza en ella. Una sección de la socialdemocracia busca como el avestruz ocultar su cabeza bajo la tierra, elude el tema a pesar de sus responsabilidades y refuerza al Estado con recursos legales para impugnar la reforma energética, habla de cualquier otra cosa mientras evade el tema de Ayotzinapa.
El quehacer de los comunistas se redobla en estas condiciones, en que la única opción a la barbarie capitalista y su represión genocida puede surgir del masivo protagonismo de la clase obrera y su vigente programa del derrocamiento del poder de los monopolios.
El terrorismo de Estado no nos debe llevar al repliegue, sino acelerar los preparativos de la contraofensiva proletaria y popular.
Vamos a trabajar en este contexto impulsando la insubordinación y la insumisión frente al estado de derecho que asesina a nuestro pueblo. A nosotros no nos interesa la gobernabilidad, ni la estabilidad política de la barbarie del terrorismo de Estado, sino la ingobernabilidad que haga surgir el protagonismo de los trabajadores, que lleve a las masas populares a la irrupción en la política, para asumir los asuntos de su interés en sus propias manos.
Vamos a trabajar para promover la organización unitaria de los estudiantes, con carácter democrático y de alcance nacional, que exprese fuerzas nuevas y no la suma de membretes. Vamos a apoyar las decisiones de la CETEG y la APG. Vamos a trabajar para esbozar un horizonte que ponga fin ya a estas intolerables manifestaciones de violencia antipopular, endémicas al capitalismo. ¡Que suene la hora de la ofensiva popular!
Pável Blanco Cabrera, Primer Secretario del Partido Comunista de México
El dolor y la indignación recorren el país y se expresan en múltiples manifestaciones y protestas. Siguen creciendo las denuncias y solidaridades internacionales, inclusive cuestionamientos al gobierno por parte de instituciones internacionales y hasta la demanda de europarlamentarios de suspender la renovación de acuerdos comerciales con México, por la violación de derechos humanos y la falta de garantías individuales.
Son muchos los temas que esta masacre sacó a la luz, evidenciados a través de prensa y medios independientes. Entre ellos, la colusión de diferentes niveles de gobierno y policía con narcotraficantes; la podredumbre y complicidad por acción u omisión de los partidos políticos, incluido el PRD, partido al cual pertenecía el alcalde local que ordenó la masacre y al que aún pertenece el gobernador estatal; el racismo y desprecio contra los jóvenes, campesinos, indígenas; la impunidad con que actuaron los asesinos, seguros de que este horrendo crimen no iba a tener trascendencia porque a nadie le importarían los atyozinapos, como llamó despectivamente el alcalde de Iguala a los hijos de campesinos que van a ese internado rural.
Pero en lugar de indiferencia, el horror que despertó el crimen contra los normalistas de Atyozinapa parece haber rasgado irreparablemente el telón de encubrimientos, no sólo sobre lo que realmente pasó en Iguala, sino también porque se entretejió inevitablemente con muchas denuncias anteriores que dan cuenta del sinnúmero de atropellos que vive el México de abajo desde hace décadas.
Muchos de éstos se han presentado en las audiencias temáticas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), tribunal ético internacional que está sesionando a través de su capítulo México desde 2011 y tendrá su sesión final en noviembre 12-15 de este año.
Justamente, a pocos días de la matanza de estudiantes, se realizaba la audiencia del TPP sobre educación, cuyo jurado internacional condenó en su fallo al Estado mexicano y sus distintos órdenes de gobierno, instituciones, e instancias responsables por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Delitos que incluyen homicidios, ejecución, desaparición forzada, torturas y detenciones ilegales en agravio de los estudiantes. El tribunal consideró además que existe una persecución política que en forma permanente sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y las instituciones educativas que conforman el normalismo rural. (Tatiana Coll, La Jornada, 11/10/14). Esta audiencia recogió testimonios de normalistas de varios estados sobre la campaña de desprestigio y criminalización que contra ellos realiza el duopolio televisivo, generando un clima de linchamiento y justificación de la represión, situación que comparten con los actores de muchas otras luchas sociales del país, tal como se denunció también en la audiencia temática del TPP sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores el 17-19 de septiembre.
Casi un año antes, Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi presentaron en la audiencia del TPP Represión a movimientos sociales y defensores de los derechos humanos, en la acusación general que abarcó varias décadas –incluidas la masacre de Tlatelolco, El Charco, Aguas Blancas, Acteal y otras, “más de 5 mil casos documentados de agresiones, (…) asesinatos políticos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, apremios ilegítimos, desapariciones forzadas y persecuciones o asesinatos políticas por militancia política. Se refirieron a esto como asesinatos crueles, innecesarios y alevosos, caracterizado por la indefensión de las víctimas.” (dictamen en tppmexico.org). Igualmente, en las audiencias del TPP sobre guerra sucia, sobre migración y sobre feminicidios, que se realizaron en septiembre 2014, se repiten las denuncias de agresiones, matanzas e impunidad, conformando un escenario de guerra contra los pobres, especialmente mujeres, contra campesinos e indígenas y contra todos los que protestan por sus derechos, por defender sus territorios, agua, culturas, como ahora los yaquis y muchos otros.
En la audiencia del TPP sobre devastación ambiental, noviembre 2013, el jurado internacional que analizó más de 140 casos, dictaminó que existe una desviación de poder que ha provocado la devastación ambiental del país. Los delitos presentados son encuadrables en la categoría de crímenes de lesa humanidad, tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil mexicana. (www.afectadosambientales.org). Para comprender el vasto significado de esta sentencia, recordemos que esta Corte tiene como misión juzgar crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad.
Los jurados de las diferentes audiencias anotaron que además de las agresiones, existen en todas partes acciones colectivas y comunitarias de resistencia, de creación y solidaridad, contra y pese a los ataques. Ahora, en Ayotzinapa, coexisten nuevamente y se expanden más allá de muchas fronteras, dentro y fuera del país. Cuenta Gloria Muñoz que a la entrada de la escuela hay un letrero que dice Ayotzinapa, cuna de la conciencia social (Ojarasca 210), lo cual cada día adquiere más significados. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
* Investigadora del Grupo ETC
La Haine
http://www.lahaine.org/mundo.php/el-espejo-de-ayotzinapa
El genocidio de Iguala: Terrorismo de Estado, corresponsabilidad de la socialdemocracia
El 26 y 27 de Septiembre en Iguala, Guerrero, se produjo una brutal represión contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la que actuaron conjuntamente policías y sicarios, en estrecha coordinación, y en la que se encuentran involucrados los gobiernos del municipio de Iguala, el del Estado de Guerrero y el gobierno federal. En el ataque inicial fueron asesinadas seis personas: unos, normalistas y otros, pasajeros del autobús de un equipo deportivo, por parecer estudiantes; hubo casi una decena de heridos, 25 detenidos y 47 desaparecidos; es altamente probable que sean sus cuerpos los que han venido encontrándose en fosas, con signos de ejecución extrajudicial y terribles huellas de tortura. Se trata de un genocidio responsabilidad del Estado mexicano, y sin embargo, es necesario apuntar las responsabilidades para que esta afirmación no quede en una abstracción.
Debemos señalar que este modus operandi fue aplicado contra cinco militantes del Partido Comunista de México, en agosto-noviembre del 2013, entre ellos el profesor Raymundo Velázquez Flores, secretario general del PCM en el estado de Guerrero y dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), una organización popular campesina que fue fundada por el profesor Genaro Vázquez Rojas a finales de los años 60, quien encontrando cerrados los caminos legales pasó a la lucha armada con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. También fue asesinado el camarada Luis Olivares, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande. Nuestros camaradas fueron asesinados porque su trabajo político entre las masas afectaba los intereses de los monopolios, pero el Estado se lavó las manos adjudicando los crímenes a las organizaciones delictivas. Sin embargo, hay elementos que nos permiten asegurar que existe un entrelazamiento entre el Estado y los grupos delictivos, y que su utilización para el asesinato selectivo y la represión masiva hacen parte de una estrategia antiobrera y antipopular, que emerge al paso del general colombiano Oscar Naranjo como asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto, la cual se ensaya y adopta como medida de contención de la movilización popular, frente al periodo de inestabilidad que se avecina como resultado de la crisis económica del capitalismo y de las agresivas medidas para desvalorizar el trabajo.
Hoy, la represión estatal se decuplica y sale de lo selectivo a lo masivo, insistiendo en la inmovilización/desmovilización; ya no sólo se descabeza, sino que se busca sembrar el terror, la confusión y la paralización dentro de organizaciones dinámicas en la lucha de clases. El ataque a las escuelas normales, donde se forman los profesores, lleva más de 20 años, y combina la privatización de la educación pública con la liquidación de estos semilleros de cuadros populares que son las normales, y que han aportado miles de mujeres y hombres que participan en la lucha del pueblo trabajador, que engrosan las filas del magisterio independiente, que se asumen como organizadores natos en los pueblos del país.
En Iguala ocurrió un genocidio responsabilidad del Estado, ni duda cabe; sin embargo, debe llamarnos la atención la ola de argumentos en esa dirección, que con tanta claridad responsabilizan a la máquina de que se sirve la clase de los capitalistas para mantener su dominación sobre el proletariado y demás explotados. ¿Es que hoy todos asumen las tesis del marxismo-leninismo o es que se procura una vaga generalidad para eludir la concreción de la responsabilidad de la llamada izquierda electoral?
El Estado mexicano integró ya a su engranaje al sistema de partidos con registro electoral, puesto que ninguno le resulta antagónico y todos le son funcionales, y su expresión más eficiente hasta hoy fue el Pacto por México, que permitió en muy poco tiempo aprobar las reformas necesarias para que el poder de los monopolios asegure sus ganancias y rentabilidad en un periodo como el actual, de crisis internacional de la economía. En esa dirección, cualquier gestión es admisible en tanto le dé viabilidad a la explotación capitalista, con la que están comprometidos lo mismo Peña Nieto, que Carlos Navarrete y López Obrador, por citar a quienes parecerían adversarios. El sistema de partidos electorales es correa de transmisión para mantener a los explotados con la ilusión de la democracia burguesa, de la fachada democrática de la dictadura de clase del capital; son pues una parte importante del Estado.
Veamos lo concreto: En Guerrero gobierna Ángel Aguirre, hasta el año 2010 un importante cuadro político del PRI, quien sustituyó provisionalmente a Rubén Figueroa después que éste ordenara la represión en Aguas Blancas, donde fueron asesinados decenas de campesinos de la OCSS acusados de pertenecer a la insurgencia armada. Como gobernador provisional, Aguirre es el responsable de la masacre de El Charco, donde también fueron asesinados decenas de campesinos con el mismo argumento. Es decir, Aguirre está implicado directamente en dos de las más importantes masacres de las últimas décadas y aun así, el PRD (partido importante dentro del Foro de Sao Paulo, donde hace parte de su Grupo de Trabajo, y en la Internacional Socialista, y de manera más reciente del Encuentro Progresista que se convocó en Ecuador), en coalición con el PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), lo postularon como candidato a Gobernador en 2010. En su campaña participó con entusiasmo López Obrador. Y en su gabinete participan destacados cuadros del PRD y de MORENA. No estamos haciendo una caracterización ideológica, sino enunciando hechos, datos que son irrefutables, sujetos a la comprobación.
Ángel Aguirre es el responsable directo del genocidio de Iguala, y también del asesinato de cinco camaradas del PCM. Busca escabullirse adjudicando la responsabilidad exclusiva a José Luis Abarca, que sin embargo llegó a la alcaldía de Iguala con el impulso de Lázaro Mazón, quien hoy es Secretario de Salud del gobierno de Guerrero, fue dos veces alcalde de Iguala y es precandidato de MORENA al gobierno de esa entidad; por si no bastara, su hermano, Luis Mazón, es quien sustituirá legalmente a Abarca en la presidencia municipal de Iguala. Es decir, el PRD y MORENA han dado cobertura a los responsables de este genocidio, y esa verdad es inobjetable, a pesar de sus silencios, de sus excusas.
No son datos menores, se corresponden con una política consistente del PRD (antes de que MORENA surgiera de su seno) y que va de la represión al Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco en mayo del 2006 en Texcoco, al ataque permanente de Ebrard, y ahora Mancera, al frente del gobierno de la ciudad de México contra el movimiento obrero y popular. Al tiempo que se vinculan a los monopolios, al tiempo que aplican el despojo contra las comunidades, el ataque a los derechos sociales y que colaboraron estrechamente en las reformas estructurales.
Ellos son corresponsables de aplicar esa política represiva del Estado, colaborando con el rumbo general que sigue Enrique Peña Nieto.
El terrorismo de Estado activó ya los mecanismos represivos que incluyen a sus fuerzas formales (Ejército, gendarmería, policías federales, estatales y municipales) auxiliadas por fuerzas paramilitares (sicarios), como ocurrió durante los regímenes fascistas en Europa y como ocurre en Colombia. Estos dos ejemplos, los asesinatos políticos en Coyuca de Benítez e Iguala, nos muestran que no se trata de excepciones, sino de un esquema operativo donde fuerzas legales e ilegales actúan conjuntamente para salvaguardar los intereses de los monopolios y golpear a las fuerzas clasistas, y son un aviso de la tendencia que habremos de enfrentar.
A ello debemos sumar la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, sobre la que se guarda silencio, de más de 20 personas, por parte del Ejército Federal. Un cuadro pues de terrorismo de Estado.
Entramos ya a la etapa abierta de la violencia del Estado –e insistimos, no sólo del PRI y PAN, sino del PRD y la corresponsabilidad de MORENA-, para contener las previsibles oleadas de contestación popular frente a las reformas laboral, educativa, fiscal y energética, de consecuencias tan lesivas para la clase obrera y las capas populares.
La respuesta popular es de indignación masiva y de acciones crecientes, donde destacan los estudiantes, que en estos días protagonizan una movilización que sólo encuentra parangón en 1968 y 1999. Prácticamente todas las escuelas y universidades de la Ciudad de México han ido a paro, y se prevé un ascenso de la lucha.
En Guerrero maestros y estudiantes, acompañados de organizaciones populares, han enfocado su ira a los centros simbólicos del gobierno.
Entre las lecciones que quedan, subrayamos las siguientes:
La fachada democrática del poder de los monopolios se desdobla al terrorismo de Estado que lo mismo ejecuta la violencia por medios legales que ilegales. La gestión socialdemócrata, llamada izquierda democrática, izquierda responsable, izquierda moderna, progresismo, no es la defensora consecuente de la formalidad democrática, sino un instrumento estatal que por igual activa los mecanismos represivos, por lo que no hay que tener la mínima confianza en ella. Una sección de la socialdemocracia busca como el avestruz ocultar su cabeza bajo la tierra, elude el tema a pesar de sus responsabilidades y refuerza al Estado con recursos legales para impugnar la reforma energética, habla de cualquier otra cosa mientras evade el tema de Ayotzinapa.
El quehacer de los comunistas se redobla en estas condiciones, en que la única opción a la barbarie capitalista y su represión genocida puede surgir del masivo protagonismo de la clase obrera y su vigente programa del derrocamiento del poder de los monopolios.
El terrorismo de Estado no nos debe llevar al repliegue, sino acelerar los preparativos de la contraofensiva proletaria y popular.
Vamos a trabajar en este contexto impulsando la insubordinación y la insumisión frente al estado de derecho que asesina a nuestro pueblo. A nosotros no nos interesa la gobernabilidad, ni la estabilidad política de la barbarie del terrorismo de Estado, sino la ingobernabilidad que haga surgir el protagonismo de los trabajadores, que lleve a las masas populares a la irrupción en la política, para asumir los asuntos de su interés en sus propias manos.
Vamos a trabajar para promover la organización unitaria de los estudiantes, con carácter democrático y de alcance nacional, que exprese fuerzas nuevas y no la suma de membretes. Vamos a apoyar las decisiones de la CETEG y la APG. Vamos a trabajar para esbozar un horizonte que ponga fin ya a estas intolerables manifestaciones de violencia antipopular, endémicas al capitalismo. ¡Que suene la hora de la ofensiva popular!
Pável Blanco Cabrera, Primer Secretario del Partido Comunista de México
México: Impiden a sacerdotes solidarios concelebrar misa por los normalistas de Ayotzinpa en la Basílica de Guadalupe
Familiares y amistades de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y
desaparecidos, acudieron desde Guerrero, a la Ciudad de México para
asistir a una misa en la Basílica de Guadalupe para pedir por el regreso
con vida de los 43 estudiantes de quienes no se sabe su paradero, desde
que el pasado 26 de septiembre fueron atacados por la policía municipal
de Iguala, Guerrero. Fue una marcha silenciosa y al llegar a la
basílica, la jerarquía de la basílica no permitió que los sacerdotes que
solidariamente han acompañado a los familliares de las víctimas
concelebrara la misa. De hecho, según circuló en redes sociales, el
equipo de seguridad de la basílica no pertmitió que metan la manta que
encabezó la marcha y durante la misa no les permitieron tener sus velas
encendidas, esta actitud provocó momentos de tensión entre los
asistentes y la seguridad del recinto.
Oran en la Basílica de Guadalupe por que regresen con vida los estudiante
Angélica Enciso
La Jornada
México, DF. Familiares de los 43 desaparecidos de la
Normal Rural de Ayotzinapa, con su fe y el rostro de dolor por la
incertidumbre de no saber el paradero de los jóvenes, acudieron a una
misa a la Basilica de Guadalupe, donde a los sacerdotes que los
acompañaban las autoridades eclesiales les negaron participar en la
concelebración.
“Madre mía, tú que eres madre y sabes el dolor de
perder un hijo, las madres te rogamos e imploramos que cuides y hagas
que regresen con vida nuestros 43 hijos desaparecidos”. Esta leyenda se
leía en una enorme manta con la que entraron al patio central de la
Basílica los decenas de dolientes que llevaban ramos de margaritas,
velas y las fotografías de los jóvenes.
Al mediodía, durante la misa dominical encabezada por
el cardenal Norberto Rivera, la única mención que se hizo sobre la
desaparición de los jóvenes fue cuando se oró por el cese de la
violencia y la hostilidad contra la sociedad civil y se pidió a Dios que
“escuche las suplicas por la aparición con vida de los 43 estudiantes
de la Normal de Ayotzinapa”.
Tras varias horas de camino desde Iguala, enmedio de
las tormentas que afectan a la región, los familiares de los jóvenes
normalistas llegaron con retraso. La misa, que sería para los jóvenes
desaparecidos, se realizó a las 16 horas, pero ellos arribaron dos horas
más tarde. Ante ello, los sacerdotes Miguel Concha; Javier Morán y
Carlos Cevallos, misioneros del Espíritu Santo; Sergio Cobo, de los
jesuitas, y Jesús Ramos, buscaron concelebrar a las 18 horas, lo cual
fue aceptado por el responsable de la iglesia del Sagrado Corazón, de la
colonia Casas Alemán de la ciudad de México, quien oficiaría esa misa;
sin embargo, el sacristán mayor rechazó la petición, bajo el argumento
de que “los domingos no hay concelebraciones”.
Callados y con miradas tristes, los decenas de
guerrerenses entraron a la nave central de la Basílica, donde esperaron,
quietos, que los fotógrafos hicieran su trabajo, para después caminar
hacia las filas delanteras de la iglesia con las imágenes de Joshivani,
Everardo, Luis Ángel y 40 estudiantes más.
Con sus velas encendidas, que para ellos significa
iluminar el camino, empezaron a rezar por sus hijos, hermanos, amigos.
Entonces, personal de vigilancia se acercó para pedirles que apagaran
las velas, porque había poco oxígeno y podía haber gente desmayada. Ante
ello, comenzó una discusión, en la cual intervino el poeta Javier
Sicilia, quien reclamó molesto la falta de sensibilidad y respeto a los
dolientes.
Al término de la misa, en la cual el sacerdote que
ofició la liturgia pidió que “la paz vuelva a las familias” afectadas,
bajo una sola voz, se levantó el grito: “Vivos se los llevaron, vivos
los queremos”.
Asistieron también integrantes de organizaciones de
derechos humanos y ciudadanos, como Miguel Álvarez, de Serapaz; Adolfo
Gilly, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y
Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan. Ahí, el
sacerdote Alejandro Solalinde comentó que acudió a la Procuraduría
General de la República a presentar su declaración, pero no se la
recibieron, e irá otra vez este lunes por la tarde.
http://www.kaosenlared.net/component/k2/98397-m%C3%A9xico-impiden-a-sacerdotes-solidarios-concelebrar-misa-por-los-normalistas-de-ayotzinpa-en-la-bas%C3%ADlica-de-guadalupe
En Guerrero, 26 cárteles del narcotráfico
Autor: Nancy Flores / @Nancy_Contra
Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles, células y pandillas vinculadas al narcotráfico en todo el país, revela un detallado mapa que elaboró la PGR. Son cinco grandes organizaciones criminales –Los Zetas, el Cártel del Pacífico, los Caballeros Templarios, el cártel de la Barbie y los Beltrán Leyva– que controlan a otras 21 de menor tamaño. Entre éstas se encuentra la de Guerreros Unidos, supuestamente responsable de las ejecuciones de al menos 17 estudiantes normalistas, ocurridas el pasado 26 de septiembre. Este grupo sirvió a los intereses de La Familia Michoacana, indica el mapa criminal del que Contralínea tiene copia. Además, los Caballeros Templarios se disputan el control de la entidad con el Cártel de los Beltrán Leyva, apunta un reporte de la estadunidense DEA
La reciente desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la probable ejecución
de al menos 17 de ellos han puesto de relieve la operación criminal de
los Guerreros Unidos en la entidad que aún gobierna el perredista Ángel
Aguirre Rivero.
El cártel, que según Iñaki Blanco Cabrera
–fiscal general de Guerrero– es responsable del asesinato de 17
normalistas que previamente habían sido detenidos por la policía
municipal de Iguala el 26 de septiembre pasado, es tan sólo uno de
los grupos delictivos menores que asolan a la población.
Una detallada investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que Contralínea tiene
copia, da cuenta de que 26 de las 88 organizaciones criminales
vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos que operan en México están
asentadas en Guerrero. Dicha cifra ubica a la entidad como la de mayor
presencia de organizaciones del narcotráfico.
Mapa: Guerrero, los 26 cárteles del narco
El reporte Células delictivas con presencia en el país revela que cinco de ellas forman parte de la lista de los ocho grandes cárteles. Se trata de los Caballeros Templarios (antes Familia Michoacana), los Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel del Pacífico y el cártel de la Barbie.
Para la PGR, las otras dos organizaciones
son los Arellano Félix y el Nuevo Cártel de Juárez, por lo que deja
fuera de su mapeo al Cártel del Golfo, como lo documentó Contralínea en su edición 337, del 3 de junio de 2013.
Al referirse a la situación delictiva que
enfrenta Guerrero, la Drug Enforcement Administration (DEA) indica que
éste es disputado por los Caballeros Templarios y los Beltrán Leyva. En
su “Mexican cartels. Map depicting areas of dominant influence”, la DEA señala que en la entidad también hay una presencia sólida de Los Zetas, en la región del puerto de Acapulco.
Los 21 cárteles menores, células y pandillas
Los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva,
Los Zetas, el Cártel del Pacífico y el cártel de la Barbie tienen a su
servicio a 21 grupos, células y pandillas que controlan varios negocios
ilegales en la entidad: además del tráfico de narcóticos, están
vinculados al secuestro, robo de vehículos, cobro de piso, extorsiones,
entre otros.
En su Mexico 2014. Crime and safety report,
el estadunidense Overseas Security Advisory Council refiere que los
estados de México y Guerrero tuvieron las tasas más altas de homicidios
en 2013, mientras que en materia de secuestros, Guerrero, Michoacán,
Estado de México, Tamaulipas y Morelos registran las tasas más altas del
país.
El incremento reflejado en dichos índices
ha sido producido por las violentas actividades de las 21
organizaciones criminales, entre las que se encuentra Guerreros Unidos, a
la que en marzo de 2013 la PGR identificaba como aliada de La Familia
Michoacana.
Actualmente, a esta organización se le ha
vinculado al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Este último,
golpeado en su estructura por la detención de su líder Héctor Beltrán,
alias el H o el Ingeniero, ocurrida el pasado 1 de octubre, tan sólo 6 días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.
Según el reporte de inteligencia de la
Procuraduría General de la República, a los Guerreros Unidos también se
les conoce en el mundo criminal como La Nueva Empresa y operan en otras
dos entidades: Morelos y el Estado de México.
Además de esta organización, en Guerrero
operan seis células escindidas de los Beltrán Leyva: Los Granados, Nuevo
Cártel de la Sierra, Los Zafiros, El Tigre, Los Ardillos y Los Rojos.
Este último grupo delincuencial ha sido identificado en días recientes
como rival de los Guerreros Unidos.
Las otras células y pandillas que se han
posicionado en el estado sureño son La Barredora y el Comando del Diablo
y/o Comando Guerrero Diablo, ligadas al Cártel del Pacífico; El Indio,
La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, El Güero Guetamo, Los
Pelones, Los Marquina, EI Yey, Santana Ríos Bahena Iguala, El Pelos, El
Mudo y grupos al mando de una persona con el apellido Solano,
identificados como células aliadas al cártel de la Barbie.
Los cárteles que se disputan Guerrero
La importancia de Guerrero en materia de
narcotráfico es que éste es el segundo mayor productor de amapola y
mariguana, refiere el International narcotics control strategy report 2014, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El primer lugar lo tiene el llamado triángulo dorado, situado en las fronteras de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Por ello, los cárteles de los Beltrán
Leyva y Caballeros Templarios se disputan violentamente el control del
territorio, como indica la DEA. Aunque en la lucha también participan
las otras organizaciones.
En otras entidades, el cártel de los
Caballeros Templarios tiene a su servicio la Guardia Morelense, en
Morelos, y Los Troyano, en el Estado de México, mientras que del cártel
de los Beltrán Leyva se han escindido 19 organizaciones en total: el
Chico Malo, con presencia en Nuevo León; el H2, en Nayarit, Jalisco y
Sinaloa; Los Mazatlecos, en Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit; Los
Tigres, en Sinaloa y Nayarit; el 2 Mil, en Sonora; Los Granados, en
Guerrero; Los Rojos, en Guerrero y Morelos; Morelos Unidos, en Morelos;
el Nuevo Cártel de la Sierra, en Guerrero; Los Pineda, en Chiapas, Nuevo
León, Estado de México y Morelos; Los Zafiros, en Guerrero y Morelos;
el Cártel del Pacífico Sur, en Morelos; La Oficina, en Aguascalientes y
Baja California Sur; La Mano con Ojos, en el Distrito Federal y Estado
de México; el Mosco, en el Distrito Federal y Oaxaca; Los Gilos, en
Sonora; el Tigre, en Guerrero; Los Ardillos, en Guerrero, y Los Arturos,
en Baja California.
Narco-México
Tanto las células de los Templarios como
las que se escindieron de los Beltrán Leyva forman parte de los 80
cárteles, células y pandillas que surgieron en el sexenio de la “guerra
contra el narcotráfico”, y se sumaron a los nueve que entonces existían.
Según el mapa de la criminalidad
elaborado por la PGR, la mayoría de esos grupos narcotraficantes se
localiza en el Sur-Sureste (Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo) y
en el Norte y centro del país (Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango,
Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima,
Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Morelos).
De estas entidades, cuatro concentran la
presencia del 85 por ciento de los medianos y pequeños cárteles, células
y pandillas: Guerrero, gobernado por el perredista Ángel Aguirre;
Morelos, encabezado por el perredista Graco Ramírez; Baja California,
que administra el panista Francisco Vega; y el Estado de México, en
manos del priísta Eruviel Ávila.
En ese contexto, la violencia en
Guerrero, considerado uno de los estados más peligrosos de México, no ha
cesado a pesar de los niveles de militarización a los que fue sometido
desde inicios del sexenio pasado.
Además de los operativos militares como
el actual Guerrero Seguro, ahí se ubican de forma permanente la Novena
Región Militar, la Trigésima Quinta Zona Militar; y la Octava Región
Naval. Ahora, tras la agresión gubernamental en contra de los
estudiantes normalistas, el gobierno federal instrumentó el Mando Único.
Pero pese a ello, la entidad sigue bajo
el control de 26 de las 88 organizaciones del narcotráfico identificadas
en el diagnóstico sobre la delincuencia organizada en poder del
gobierno de Enrique Peña.
Éste revela que en el gobierno de Felipe
Calderón, lejos de combatir la criminalidad, la “guerra” generó 80
nuevos cárteles. Como lo ha documentado Contralínea, en el
sexenio pasado los narcotraficantes se consolidaron como empresas
trasnacionales, y actualmente son 15 veces más rentables que el Grupo
Carso, de Carlos Slim. Y sus negocios criminales involucran a más de 50
países en los cinco continentes.
Nancy Flores, @nancy_contra
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contralínea 407 / del 12 al 18 de Octubre 2014
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero-26-carteles-del-narcotrafico/Guerrero “en llamas”
Autor: Flor Goche / @flor_contra
Ángel Aguirre asumió el gobierno de Guerrero en abril de 2011. Desde entonces, siete estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han sido asesinados, 43 desaparecidos y dos más heridos de gravedad. En esos casos han participado servidores públicos de uno o de los tres niveles de gobierno, hecho que los clasificaría como “crímenes de Estado”. La paciencia de los guerrerenses se agota: la justicia jamás llega; no hay avances significativos en la indagatoria relacionada con el paradero de los jóvenes víctimas de desaparición forzada. La indignación que ha provocado la impunidad, la corrupción y el abuso de poder en el caso de los estudiantes agredidos en Iguala parece hacer crisis con demandas históricas en uno de los estados con mayor pobreza en el país. La entidad, en donde causó más estragos la Guerra Sucia de las décadas de 1970 y 1980, está al borde de una rebelión civil. “¿Qué sigue para nosotros luego de un golpe así? ¿A poco piensan que nos vamos a regresar a nuestras clases o a nuestras casas como si nada hubiera ocurrido?”, preguntas constantes entre estudiantes, padres de familia, campesinos, luchadores sociales, maestros…
Flor Goche, @flor_contra/enviada
Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero. Guerrero arde.
El dolor, la indignación y la rabia producen la combustión. Imágenes
inéditas se apoderan de las calles, incluso de la capital del estado,
Chilpancingo: un Palacio de Gobierno en llamas; un ayuntamiento con
vidrios reventados, con paredes pintarrajeadas.
Durante la gestión de Ángel Aguirre
Rivero, gobernador de esta entidad desde el 1 de abril de 2011, la
violencia ha cobrado la vida de siete alumnos de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Otros cientos han resultado lesionados, algunos de ellos de gravedad, y
43 se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús fueron los primeros. Asesinados el 12 de diciembre
2011 por policías estatales cuando, en una actividad colectiva, exigían
audiencia con el gobernador para resolver sus demandas estudiantiles. En
la represión también participaron policías federales.
Dos años después, en enero de 2014,
Eugenio Tamarit Huerta y Freddy Vázquez Crispín perecieron mientras
participaban en una actividad de boteo (colecta económica) a favor de su escuela. Un tráiler los arrolló. A decir de sus compañeros normalistas, el conductor habría comprado el discurso de odio que en contra de los “ayotzinapos” suministran los medios de comunicación masiva, “mecanismo activado desde el Estado”, señalan.
Los decesos más recientes datan del 26 y
el 27 de septiembre pasado. En lo que ya se conoce como “la matanza de
Iguala” –misma que involucra a policías municipales y, de acuerdo con
los reportes oficiales, a integrantes del grupo delictivo Guerreros
Unidos–, los estudiantes Daniel Solís Gallardo, Jhosivani Guerrero de la
Cruz y Julio César Mondragón fueron aniquilados.
La desaparición forzada –técnica y
término acuñados en 1941 por la Alemania nazi– de 43 normalistas
rurales es consecuencia también de este último ataque. Desde que fueron
subidos a las patrullas identificadas con los números 017, 018, 020, 022
y 028, nada se sabe de los jóvenes que se preparaban para llevar la
educación a las comunidades más alejadas y marginadas del país.
Aunque los estudiantes de Ayotzinapa
heridos durante la gestión del perredista Aguirre Rivero se cuentan por
decenas, hoy la expectativa es por la salud de Aldo Gutiérrez Solano y
de Édgar Andrés Vargas, quienes fueron, asimismo, embestidos en Iguala.
Un proyectil de arma de fuego provocaría la muerte cerebral del primero;
al otro, le destrozaría el maxilar superior y la base de la nariz.
Quienes integran el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan –organismo no gubernamental solidario
en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la
Montaña y Costa Chica de Guerrero– han apuntado que los hechos de
violencia contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa
no son aislados. Son repetición de la historia guerrerense, “donde las
masacres son los hitos que van marcando la relación entre la sociedad y
la clase política”.
Son, además, historia continuada de
desaparición forzada, crimen de lesa humanidad que desde los tiempos de
la Guerra Sucia se ha enquistado particularmente en el territorio
guerrerense.
En entrevista con Contralínea, Omar,
integrante del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de la
Normal de Ayotzinapa, refiere que aunque el dolor por la muerte o
desaparición de una o de 43 personas es el mismo para él, siempre que se
trate de un acto de las autoridades en contra de la población “en el
sentido común la indignación crece cuanto más evidente es la tragedia”.
Es así, comenta, que hoy la gente está mucho más indignada de lo que
estaba en diciembre de 2011 o en enero pasado.
Desde la cancha de basquetbol de la
escuela de la que es parte, el punto de encuentro de una comunidad que
clama justicia y la presentación con vida de sus estudiantes, el joven
de 25 años relata que en junio pasado él también perdió a su hermano
menor. Fue en Carrizalillo, cerca de Iguala, que el campesino de 22 años
de edad fue acribillado junto con otras tres personas, quienes por su
acento de voz habrían sido confundidas con integrantes de un grupo
delincuencial adverso al que controla la zona.
A partir de esta experiencia, Omar
supo lo difícil que es denunciar, atreverse siquiera a nombrar un hecho
así, tan aislado; más aún porque los conocidos siempre recomiendan que
lo mejor es “quedarse callado” y “no moverle”, pues detrás está la
delincuencia organizada.
“Yo no podía decir nada; yo no he podido
decir nada porque mi hermano no era miembro de Ayotzinapa, porque era
una cosa aislada, una sola familia afectada. Una muerte allá en ese
municipio, otra en la Costa, otra del otro lado… Éramos gente aislada
que no podíamos decir nada ni denunciar.”
Hoy, sin embargo, que han desaparecido a
43 estudiantes parte de una comunidad que “históricamente le ha dado
mucho a la población”, la comunidad Ayotzinapa,
el silencio ya no es opción: “¿Cómo podemos quedarnos callados ahora?
¿Cómo podemos decir ahora que no vamos a luchar hasta donde sea
necesario?”.
El hecho de que a la Normal Rural esté
llegando apoyo de todas las regiones del país y de diversas partes del
mundo, desde la gente que se apersona hasta la que llama por teléfono
para coordinar la entrega de un acopio, es para Omar síntoma del grado de indignación generalizada.
El joven dice sentir que “el pecho se le
inflama” al reparar en que “todo lo quieren hacer llegar a Ayotzinapa”,
como si el propio movimiento social les exigiera ser el parteaguas de
transformación. Aunque, por otro lado, reflexiona que el mismo hecho
pudiera responder a un equívoco a nivel organizacional, “como si la
sociedad no pudiera organizar pequeños movimientos y empezar una
movilización en todos los lugares en donde sea necesario”.
Apostado en una silla de madera, bebiendo
a sorbos el café de grano que la comunidad de Tixtla preparó para
quienes esa noche pernoctan en la escuela, el integrante del Comité
Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa
convoca a la desobediencia civil generalizada “por todos los medios
posibles y desde donde quiera que sea”. Y es que, dice, “no son sólo los
43 de Ayotzinapa, son los miles en todo el país”. Agrega: “esa gente
que no podía decir nada, ahora puede hacerlo si quiere”.
Los hechos de Iguala, a decir del
estudiante de la licenciatura en educación primaria, evidencian lo que
ya muchos individuos de las comunidades rurales han atestiguado: la
confabulación del gobierno con la delincuencia organizada.
Por ello, el pasado 13 de octubre,
normalistas, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero, así como las madres y los padres de familia de
los estudiantes detenidos-desaparecidos arremetieron contra los
principales recintos de gobierno con sede en Chilpancingo: el Palacio de
Gobierno, el ayuntamiento, la sede del Congreso local.
Ese mismo día, a través del artículo de
opinión “¡Búsquenlos con vida!”, el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan sentenciaba: “el dolor ha escalado al enojo y la
desesperación… Ya se agotó la paciencia de los familiares de los
estudiantes desaparecidos porque ya tocaron todas las puertas,
hablaron con las más altas autoridades de la federación, acordaron
realizar trabajos de búsqueda y de investigación; sin embargo, no hay
avances significativos en la indagatoria relacionada con el paradero de
sus hijos”.
Ayotzinapa, historia de constante represión
Las paredes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa están marcadas de historia: murales de
luchas y represiones, expresiones gráficas esbozadas en muros de
concreto.
Por aquí los rostros del Che
Guevara, Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas (los dos
últimos fueron maestros, luchadores sociales y guerrilleros que pasaron
por las aulas de Ayotzinapa). Por allá policías invadiendo la escuela;
estudiantes y población haciendo frente a los gobernantes en turno.
Pablo egresó de la Normal de
Ayotzinapa en 2013. Dos años antes se desempeñó como secretario general
del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón. Él es uno de los
cerca de 200 exalumnos que, a raíz de los hechos de Iguala, conformaron
la Coordinación de Egresados en Defensa de la Normal Rural de
Ayotzinapa.
El ahora maestro de primaria recuerda una
de sus primeras lecciones en los círculos de estudio organizados por
los activistas de la Normal: “No esperen reconocimiento por lo que
hicieron por la escuela, simplemente llévense la satisfacción de haber
hecho algo por ella. Pero si algún día la escuela necesita de su apoyo,
tienen que volver porque ella les dio todo, estudio, comida, hospedaje y
hasta amigos. No pueden darle la espalda.
“Por eso es que ahora estoy aquí: por sentimiento y por coherencia”, dice. Para Pablo es importante conservar y compartir la memoria de los ataques perpetrados en contra de su alma mater, fundada el 2 de marzo de 1926, y de quienes han transitado por ella.
El primer antecedente que el joven
recuerda con precisión data del 11 de febrero de 1998, y coincide con el
periodo en que Ángel Aguirre Rivero se desempeñó como gobernador
interino de Guerrero. Entonces cientos de policías antimotines
arremetieron contra los estudiantes de Ayotzinapa, quienes mantenían un
cerco en el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de uno de sus
compañeros.
Después vendrían las represiones de
noviembre de 2007, con Zeferino Torreblanca como gobernador. Los
normalistas rurales se manifestaban en contra de la intentona de
suprimir la licenciatura en educación primaria cuando fueron desalojados
del Congreso local por la misma fuerza antimotines.
Pablo considera que el conjunto de
estas agresiones, incluidas las más recientes, apunta a la
transformación de la Normal de Ayotzinapa: una escuela sin comité
estudiantil, sin internado, sin comedor, con otros planes de estudio… El
exdirigente estudiantil descarta la pretensión de un cierre total de la
escuela puesto que, explica, al gobierno local no le conviene perderse
de los recursos federales destinados a su operación.
Para Omar, actual integrante del
Comité Ejecutivo Estudiantil, es claro que la represión en contra de la
institución educativa ha ido en ascenso, sobre todo a raíz del 12 de
diciembre de 2011, cuando se intentó culpar a los estudiantes de
provocar la explosión que arrebató la vida al empleado de una
gasolinera.
Desde entonces, refiere, el Estado ha
activado diversos mecanismos de estigmatización y criminalización de los
alumnos de Ayotzinapa. Como parte de esta cruzada, acusa Omar,
el gobierno de Ángel Aguirre infiltró a personas en la Normal, mismas
que doblegaron la disciplina y los principios que la rigen.
Antes, dice, el dirigente de Ayotzinapa
era “humilde, sencillo, cercano a los compañeros de la base”; un líder
que “se daba a querer por lo que hacía, no por lo que decía que hacía”.
No obstante, señala, Aguirre metió a mucha gente que le apostaba a los
hábitos proselitistas antes que a los hechos.
Así, continúa el joven estudiante, “la
gente empezó a juzgar al dirigente por su apariencia y personalidad y no
por sus proyectos hacia la escuela, lo que poco a poco fue minando al
otro tipo de dirigente que pasó a ser el radical, el antigubernamental,
el antisistémico, el de los principios antiguos que quiere que todo sea
trabajo”.
Omar explica que conforme esa
minoría se fue tornando en mayoría, fueron imperando ideas como la de ya
no apoyar a la comunidad y a las organizaciones sociales, o la de ya no
retener camiones para salir a marchar.
—¿Actualmente, esta problemática ya quedó superada?– se le pregunta.
—Todavía queda gente, pero poca. Lo que
es cierto es que en Ayotzinapa hay diferentes puntos de opinión. Pero
como en todo movimiento social, del tipo que sea, siempre hay factores
que unifican, y esta nueva causa nos unifica a todos. Es como si hubiera
una especie de tregua. Ahorita todos somos uno. Ahorita ya no hay esas diferencias y, probablemente, no las vuelva a haber porque esto nos supera a todos. Nos estamos peleando por cositas así de chiquitas, cuando hay cosas tan grandes por las que luchar.
¿Desaparecer o transformar a la normal de Ayotzinapa? Éste es, a decir Omar,
un discurso ya muy desgastado que, sin embargo, sigue en el fondo de
cada ataque. La cruzada, acota, “no es nada más contra la Normal, sino
contra todo lo público. Una privatización generalizada. Una cruzada
neoliberal contra todo tipo de oposición”.
A parir de los hechos de Iguala,
alrededor de 16 estudiantes de primer grado han desertado de las filas
de la Normal, muchos de ellos a petición de sus progenitores. A decir
del activista estudiantil, el hecho resulta lógico y natural en tanto
que una agresión así logra, por sí misma, intimidar y hostigar.
No obstante, enfatiza, el gran problema ahora no es ése. “Lo que queremos es que los chavos
regresen con vida. ¿Y si no regresan con vida, qué vamos a hacer? ¿Vale
la pena seguir como estudiantes? ¿Vale la pena seguir estudiando aquí
después de este atropello? ¿Vale la pena seguir luchando a este nivel?
Ésas son las preguntas que muchos nos estamos haciendo. Y yo te aseguro
que va a haber muchas cosas si los chavos regresan muertos”.
La vigencia del normalismo rural
El abandono, el cierre y el olvido de las
instalaciones educativas, así como la satanización y el asesinato de
sus alumnos, destacan entre los ataques que las normales rurales del
país han tenido que afrontar, en la medida en que, a los ojos de los
gobernantes mexicanos, el proyecto revolucionario del que emanaron
pierde vigencia, comenta Tanalís Padilla, experta en temas de disidencia
campesina en México y en escuelas normales rurales.
Es la “culminación” de los ataques que
desde mediados del siglo XX han experimentado estas escuelas –entre los
más relevantes, el cierre, en 1969, de 15 de las 29 normales rurales que
entonces existían–, refiere la doctora en historia latinoamericana por
la Universidad de California respecto de los hechos ocurridos a finales
de septiembre en Iguala, Guerrero, en los que perdieron la vida tres
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, otros 43 fueron
detenidos-desaparecidos y otros dos, heridos de gravedad.
En entrevista telefónica con Contralínea,
la profesora de historia en el Dartmouth College señala que las
normales rurales, fuente de trabajo y profesionalización de las personas
que provienen del campo, al igual que otras instituciones educativas de
orden público, representan un estorbo para el actual estado neoliberal.
Contrario a ello, Tanalís Padilla apunta
que las normales rurales son más necesarias que nunca para dar
oportunidad a los sectores empobrecidos de ganarse la vida sin tener que
recurrir a la maquila, a la migración o, en el peor de los casos,
involucrarse en el narcotráfico.
Las normales rurales surgieron en 1926.
Éstas tienen su origen en las escuelas normales regionales y las
escuelas centrales agrícolas que se construyeron en la década de 1920 y
que, años más tarde, se fusionarían en regionales campesinas.
Legado de la Revolución Mexicana, las
normales rurales fueron diseñadas explícitamente para los hijos de
campesinos como la única vía de ascenso social para estas poblaciones:
“una oportunidad de escapar de la pobreza”, refiere Tanalís Padilla en
su artículo “Las normales rurales: historia y proyecto de una nación”.
El recinto sede de la Secretaría de Educación Pública aún conserva en uno de sus muros a La maestra rural,
mural a cargo de Diego Rivera que, como refiere Padilla, ejemplifica el
papel que debía jugar la educación dentro del nuevo orden
revolucionario: una mujer impartiendo clases en el campo; un círculo de
alumnos en derredor; un grupo de campesinos labrando la tierra; un
guardia civil con el rifle en alto, símbolo de “un Estado que vigila y
protege”.
Hoy esta imagen de tintes cálidos es tan
sólo una reliquia. La realidad es otra: arrojado a la vía pública, el
cuerpo sin vida de Julio César Mondragón, joven de 21 años de edad,
normalista en formación, padre de una bebé de 2 meses, tiene el rostro
desollado, las cuencas de los ojos vaciadas. Éstas son las imágenes del
México actual.
Flor Goche, @flor_contra/enviada
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Contralínea 408 / del 20 al 26 de Octubre 2014
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