sábado, 29 de julio de 2017

México: Una vez más.. ignominia y sumisión del gobierno mexicano ....Cuauhtémoc Cárdenas




¿Enojo, irritación, encabronamiento? ¿Vergüenza, lástima?, son sentimientos que se agolpan frente a la pusilánime e ignominiosa actitud del gobierno mexicano, que se rebaja para acatar la instrucción del gobierno de Estados Unidos, de su presidente, al entrometerse en la política interna de Venezuela y declarar, oficialmente, que aplicará a 13 funcionarios o ex funcionarios venezolanos las mismas sanciones que decretara el gobierno de Trump, sin siquiera presentar argumentos propios para sustentar estas medidas, en un claro sometimiento intervencionista y servil.

Esta incondicional sumisión a la prepotencia trumpiana contradice todo lo que en el pasado se llamó la política exterior mexicana, reconocida por la defensa, rescate y ejercicio de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación y a la no intervención, la preservación de la paz y la búsqueda del diálogo y la negociación en los conflictos internacionales, abandonada paso a paso por los entreguistas gobiernos neoliberales, nunca por cierto, tan absolutamente ignorada como por la administración actual.

Puede haber, y es totalmente válido, simpatía o antipatía hacia el actual gobierno venezolano, pero resulta inadmisible que en función de una antipatía impuesta desde el exterior, oportunista y convenenciera en el caso de los funcionarios mexicanos, el gobierno de nuestro país se preste a conducta tan abyecta. Pudo haberse intentado buscar el diálogo entre las partes confrontadas, respetando siempre su respectiva autonomía y el marco que establecen tanto las leyes nacionales, como los acuerdos internacionales aplicables en el caso, rotos éstos por la indebida intromisión de la autoridad mexicana.

Quienes en México buscamos la vigencia plena de un Estado de derecho, la observancia de los compromisos internacionales, el respeto a los derechos consagrados en la Carta constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas y los correspondientes al ámbito continental, exigimos al gobierno mexicano que se disculpe ante el pueblo y gobierno venezolanos, así como ante las comunidades latinoamericana e internacional por esta lamentable violación a nuestras propias leyes y a los principios de una sana convivencia internacional.

Esperar dignidad donde sólo hay entreguismo y abyección, resulta una aspiración perdida. Pero en la lucha estamos y en ella seguimos.




vía:http://www.jornada.unam.mx/2017/07/29/opinion/003a1pol

España: El Gobierno de Rajoy desprecia criterios de salud pública y principio de precaución al asumir informe del lobby de telefonía...Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM)




El documento, que ha tenido una importante repercusión, ha sido elaborado por el CCARS, una opaca organización impulsada por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.

AMPAs, asociaciones de afectados, de consumidores, vecinales y ecologistas demandan al Ejecutivo una mayor neutralidad y una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética.

La postura del CCARS allana el despliegue de redes 5G y la expansión desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de opciones tecnológicas biocompatibles como el cable y el LIFI.


Tras la publicación del último informe del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), que agrupa a decenas de organizaciones sociales, y la asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), reclaman prudencia y rigor a políticos y agentes sociales ante sus conclusiones, que sin ambages benefician a los intereses de la industria de la telefonía. Además, denuncian la implicación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en su presentación y posterior difusión, saltándose las normas básicas de neutralidad o proporcionalidad.


Detrás del Informe sobre Radiofrecuencias y Salud 2016 se halla el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), entidad que coordina el propio CCARS. Llama la atención que una organización que NO tiene entre sus objetivos estatutarios la defensa de la salud se ocupe de este controvertido asunto, colisionando con su propio código deontológico al asesorar en competencias que le son ajenas. Hay que subrayar, además, que el CCARS no figura entre los Organismos Públicos de Investigación regulados por ley, ni cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.


Por su parte, el ministerio, con su actuación invade competencias en prevención y protección ambiental del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, tal y como recoge el Real Decreto 1066/2001 sobre telecomunicaciones y la propia Ley General de Salud Pública de 2001 en cuanto a la evaluación y actuación de las emisiones electromagnéticas y a la aplicación del principio de precaución.


Si atendemos al contenido del documento del CCARS, este minimiza las advertencias de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS, que ya en 2011, tras clasificar a los campos electromagnéticos de radiofrecuencias como posibles cancerígenos, hizo un llamamiento a aplicar “medidas pragmáticas” para reducir su exposición. Advertencias que hoy se consideran ampliamente superadas en las revisiones científicas más actuales.


Además, el CCARS ningunea las alertas basadas en miles estudios (hoy recogidos en el conocido Informe Bio Initiative) como el llamamiento internacional que 225 científicos en bioelectromagnetismo de 41 países realizaron en 2015 a la OMS y a la ONU, solicitando protección ante las radiaciones electromagnéticas que “afectan a los organismos vivos”, y suponen un “aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos”.


Por otro lado, el polémico informe del COIT coincide con la estrategia de la industria de la telefonía de impedir la aplicación del Principio de Precaución, en contra del criterio de las asociaciones sanitarias profesionales que representan a miles de médicos y de las más de 17 agencias gubernamentales desalud que apoyan la reducción de la exposición a la radiación de los móviles y otros dispositivos inalámbricos. Una estrategia que, por cierto, es casi calcada a la desplegada hace años por el lobby de la industria del tabaco.


Recordemos que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa alerta de los efectos biológicos para la salud de estas radiaciones en su Resolución 1815. En ella recomienda aplicar el Principio de Precaución, en especial ante el peligro sobre la salud de los niños y los adolescentes de los dispositivos inalámbricos que emiten microondas (móviles, WiFi, etc.). Hoy en día estas recomendaciones están recogidas y reforzadas en el dictamen sobre “hipersensibilidad electromagnética” de la Sección TEN del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de 2015.


En virtud de estas sugerencias, países como Francia y Chipre y municipios españoles como Hospitalet de Llobregat ya aplican alguna medida proteccionista, como prohibir las redes Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles o implantar sistemas de comunicación con luz visible (LIFI) en centros sanitarios (como sucede en el Hospital de Perpiñán).


Los ingenieros de telecomunicaciones niegan en su informe la existencia de la electrohipersensibilidad. Para ello, se basan en un efecto nocebo descartado por la comunidad científica independiente (2015, 2016), que siempre ha sugerido métodos más objetivos como la imagen médica y los marcadores biológicos en sangre. El citado dictamen sobre hipersensibilidad electromagnética de la Sección TEN del CESE declara que el negacionismo vulnera los derechos y libertades de las personas afectadas.


Por todo lo anterior, la PECCEM (que está formada por las principales organizaciones vecinales del Estado, colectivos ecologistas, AMPAs, organizaciones de consumidores y colectivos de afectados) y EQSDS requieren al Gobierno de Mariano Rajoy que deje de avalar actos y organizaciones de interés de parte, que vulneran ética y legalidad, y promueva un proceso participativo de las partes implicadas que proceda a una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética para compaginar tecnología y salud.


Ver información ampliada en: http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-Estatal/notasprensa/Nota.de.prensa.PECCEM.JULIO.2017-ampliacion.pdf





Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM)


Faceboock: https://www.facebook.com/peccem


Twitter: @PECCEM


Página Web: http://www.peccem.org/
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vía: Portal Libertario OACA.

Chile: Los 75 proyectos inmobiliarios que amenazan a Estación Central...Karina Palma



Este miércoles, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, anunció que revisarán el plan regulador metropolitano. La decisión habría sido tomada luego de una conversación con el intendente de la Región, Claudio Orrego, por el fuerte rechazo que generó la aprobación de una nueva planta de residuos tóxicos en Til Til.

Hecho que se suma a los cuestionados permisos de edificación otorgados en la Comuna de Estación Central, los cuales dieron origen a construcciones de altísima densidad, bautizadas por el mismo Orrego como “guetos verticales”.

Sobre este tema, la Fundación Defendamos la Ciudad dio a conocer una serie de antecedentes que desmienten las excusas que presentaron tanto autoridades políticas como los funcionarios públicos y actores privados, al momento de justificar la proliferación de grandes edificios dentro de la comuna.

De acuerdo a lo mencionado por las autoridades a los medios de prensa, Estación Central no contaba con plan regulador comunal (PRC) que normara la construcción de viviendas, razón por la cual los permisos fueron otorgados.

Sin embargo, desde la Fundación explicaron que cuando se creó la comuna en 1985, con territorio de Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Santiago, heredó los planes reguladores de estos municipios y contaría con normativa vigente en esta materia.

Solo Quinta Normal no contaba con un PRC para ese entonces. No obstante, según establece la legislación, en estos casos se debe aplicar el artículo transitorio N°3 del Plan Regulador Metropolitano, que permite una densidad máxima de 600 habitantes por hectárea. En promedio, Estación Central contempla entre 10 mil y 12 mil personas por hectárea.

En ese sentido, Patricio Herman, presidente de la Fundación, acusó a Claudio Orrego, intendente de la Región Metropolitana, Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, y Paulina Saball, Ministra de Vivienda y Urbanismo, de mentir públicamente sobre las razones que permitieron construcciones irregulares en la comuna. “Es sorprendente que todas estas autoridades públicas, que tienen altos sueldos, pagados con los dineros de todos los contribuyentes, se permitan mentir de esa manera”, señala Herman.


Los antecedentes

Los documentos presentados por Patricio Herman, que acreditan la existencia de un plan regulador en Estación Central, refieren a dos modificaciones realizadas por las autoridades comunales a esta normativa, donde se reconoce la vigencia del PRC de Santiago. Estas fueron publicadas en el Diario Oficial el 30 de enero de 2014 y el 4 de enero de este año, respectivamente. Cabe destacar que el último cambio fue incluso suscrito por la ministra Paulina Saball.

Del mismo modo, el alcalde Rodrigo Delgado reconoció la plena vigencia del PRC de Santiago mediante el Decreto Alcaldicio N°324, en el que se justifica la postergación de permisos mientras se modifica la normativa. Esta acción fue publicada en el Diario oficial recién el pasado 26 de abril.

En esa línea, Herman señaló que de acuerdo a los artículos 22, 23 y 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, se cometieron graves ilícitos en la aprobación de una gran cantidad de proyectos, que no respetaron las exigencias de los planes reguladores que rigen sobre la comuna.

“Acá hay responsabilidades penales comprometidas. La Ley dice que si algún permiso o alguna construcción, no se enmarca en las ‘reglas del juego’, va a tener que ser demolido. En este caso estamos hablando de 105 negocios, por lo que será muy difícil aplicar la legislación, será prácticamente imposible. Aquí el Estado chileno tendrá que solucionar este grave problema”, enfatizó.
Los nuevos proyectos que amenazan Estación Central

En la actualidad existen 75 permisos de edificación aprobados que no estarían cumpliendo con la reglamentación vigente para la comuna, además de otros 30 anteproyectos que ya están en curso. Se trata de 105 futuras construcciones ubicadas principalmente en el sector que antes pertenecía a Santiago poniente y Quinta Normal.

Según los antecedentes proporcionados por la Fundación Defendamos la Ciudad, la Dirección de Obras Municipales (DOM), aprobó estos 75 permisos “sin exigir las normas de altura máxima y de constructibilidad que establecen las normas urbanísticas que afectan a las construcciones en esa comuna, derivadas por una parte, del Plan Regulador de Santiago vigente para Estación Central y del artículo transitorio N°3 del Plan Regulador Metropolitano, como es el caso de los territorios heredados de Quinta Normal”.

Si estos proyectos se concretan, sumarían 57.882 nuevos departamentos que podrían aumentar la población en cerca de 230 mil personas en Estación Central, comuna que en la actualidad contempla 120 mil habitantes aproximadamente, según los datos entregados por el Instituto Nacional de estadísticas (INE).

Para Patricio Herman estos permisos de edificación están mal otorgados y, por ende, deben ser invalidados administrativamente, o anulados por la justicia. “Si se llegaran a construir estos proyectos, estaríamos hablando de un aumento desproporcional de habitantes. No existen las bases territoriales urbanas para soportar este crecimiento de población”.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad agregó que toda la información proporcionada en este artículo fue enviada a la Contraloría, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Este medio intentó comunicarse tanto la Intendencia Metropolitana y con la Dirección de Obras Municipales de Estación Central, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de dichos organismos.



*Las imágenes dentro del cuerpo de la nota fueron facilitadas por la Fundación Defendamos la Ciudad.

vía:
http://radio.uchile.cl/2017/07/27/los-75-proyectos-inmobiliarios-amenazan-a-estacion-central/

Argentina: Macri no tolera ninguna opinión disidente… pero la crisis se siente fuerte Aram Aharonian





Aram Aharonian
Rebelión




Finalmente, el gobierno macrista avanzó contra el único director opositor del Banco Central, el jurista Pedro Biscay y el miércoles 27 de julio oficializó su remoción por "mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Obviamente, el objetivo de su salida forzada fue la de silenciar e invisibilizar su opinión sobre la política monetaria y cambiaria, la que había cuestionado públicamente por su alto nivel de endeudamiento en detrimento del empleo y desarrollo económico con equidad social. “No están dispuestos a tener una voz crítica en el directorio del banco", afirmó Biscay.

La remoción de Biscay refleja la falta de pluralismo y las actitudes antidemocráticas del gobierno de Macri, que en plena campaña para elecciones parlamentarias, el día antes había perdido una dura batalla en el Congreso al no lograr la expulsión del diputado Julio de Vido, exministro de Planificación del gobierno kirchnerista.

Pensamiento único, mensaje único


El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El mismo, elimina el imprescindible control social democrático de una entidad clave para la sociedad, como es el banco Central y es interpretado por los analistas argentinos como una muy seria persecución política e ideológica

La decisión con tiene falsedades y refleja el autoritarismo con que se maneja Macri y su gabinete. En la Reserva Federal de EEUU y en los bancos centrales europeos, los Directores hacen públicas sus opiniones, muchas veces disidentes respecto a las políticas a seguir.

El mal desempeño no es de Biscay sino de quienes con sus políticas a partir de diciembre de 2015 han aumentado la inflación , provocando inestabilidad monetaria y financiera, generando una recesión, aumentado el desempleo y la exclusión social, en abierta violación al artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, señaló el anterior presidente del mismo, Alejandro Vanoli.

Precisamente, el ministro Dujovne informó a la Oficina Anticorrupción que posee un patrimonio de 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones están afuera del país, pero pareciera no tener interés en retornarlos, en medio del "clima de confianza" que según él impera en la Argentina a partir de las políticas macristas. El 10% de su patrimonio (alrededor de 600 mil dólares), dice la Agencia Paco Urondo, son ganancias de su compras de dólar a futuro y las devaluaciones producidas por su gobierno.

Biscay, abogado de 38 años, había sido designado en agosto de 2014 por el Congreso y tenía mandato hasta 2019. Acallando a Biscay, el gobierno pretende tener una voz monocorde (un mensaje único) . "Mala conducta tienen aquellos que no defienden los destinos de la patria", afirmó Biscay, quien sostuvo que "no hay pruebas que determinen el mal desempeño".

Anteriormente, el jurista fue coordinador del área Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es reconocido como uno de los más serios expertos en la materia en Latinoamérica.

Biscay - único Director en ejercicio elegido por el Senado de su país y con un mandato hasta septiembre de 2019- adelantó que iniciará una demanda por entender que "hay una interferencia manifiesta de la independencia del Banco Central" donde dijo que "la gestión del presidente del Central (Federico Sturzenegger) es totalitaria".

El gobierno acusó a Biscay de realizar "afirmaciones que ponen en riesgo los objetivos establecidos" en la Carta Orgánica del Banco, "particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas".

En los últimos meses, el abogado había publicado una serie de artículos en los que analizaba la política económica y monetaria del gobierno y advertía la posibilidad de una crisis, que vive ya el país, cuando el valor del ´dólar alcanzó su máximo histórico y la inflación sigue avanzando.

"Esta situación demuestra que el país atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democráticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepción, donde la ley deja de ser la pauta de actuación de los servidores públicos. Y pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurídicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrática".

El poder fáctico local se subordina al gobierno global de las multinacionales. No admite oposición parlamentaria o en algún organismo del Estado; la aspiración del gobierno es avanzar en una nueva enajenación de empresas públicas de carácter estratégico, entre ella la industria satelital y nuclear.

¿También van a sancionar a la OCDE?


El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los firmantes de la destitución, señaló que “no hay ninguna cuestión rara, con lo cual no hay ninguna razón para la victimización que tanto les gusta”. El presidente de la comisión de Finanzas de Diputados, el macrista Eduardo Amadeo , aseguró que “la libertad de expresión es absoluta”, y señaló que el ex funcionario fue “extremadamente imprudente” con sus declaraciones: “Habla de crisis todo el tiempo, del dólar, ha sido extremadamente imprudente”, aseveró.

El propio Peña sería responsable por no denunciar oportunamente las expresiones “poco prudentes” de Biscay, ya que así lo establece clara,mente la ley 25.188 de ética pública y sus normas complementarias. Es Peña quien pone en evidencia que la críticas hechas por Biscay son veraces y no sus falsas repetidas afirmaciones de que "no hay nada que preocuparse" con la escapada del dólar en los últimos días.

El reconocimiento público de Peña es que han sido “muy sensibles" las críticas hechas por el removido funcionario ya que "Argentina que tiene tanta memoria de las crisis, la gente siempre está mirando el dólar y las tasas de interés”, Si el decadente funcionario está tan seguro de la "excelente" gestión de Sturzenegger al frente del Banco Central. ¿por qué teme tanto a las opiniones de Biscay?

El destituido funcionario no ha hecho sino en poner en evidencia (en cumplimento de su deber como funcionario público) los gigantescos desequilibrios provocados por la política de endeudamiento y tasas especualtivas del BCRA.

Pero no es sólo Biscay quien denuncia la falta de transparencia de Sturzenegger y su BCRA: l a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que "El Banco Central carece de independencia formal y le falta claridad a su mandato. Esto disminuye la efectividad de la política monetaria". ¿Exigirá Peña sanciones para los directivos de esta organización del establishment internacional? Es la OCDE la que señala que el camino macrista es oscuro e incorrecto.

Buena conducta es entregar las Malvinas y Tierra del Fuego


Para no tener “mala conducta” hay que opinar lo mismo que Macri. Así lo hace el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, quien afirmó en las redes sociales: “Yo entregaría no sólo las Falklands sino todo Tierra del Fuego a England, así nos sacamos ese apéndice que le encarece la vida al pueblo".

Es más o menos lo que opinaba la excanciller Susana Malcorra y quizá lo que opine el Presidente. Tras viralizarse el tuit, funcionario decidió borrarlo, pero eso no evitó las cataratas de críticas en su contra. Obvio, no se trata de mala conducta sino “apenas” de traición a la patria. A la par que los errores que se suman en los mapas oficiales y en negociaciones secretas con la cancillería británica para la eventual explotación petrolera en aguas del Atlántico Sur.

El futuro tan temido


Cuando la bicicleta financiera se termine, la deuda consolidada va a ser de tal magnitud que empujará a severos planes de ajustes primero, y de nuevo las privatizaciones de YPF, la petrolera estatal (los campos de Vaca Muerta incluidos), de las empresas más redituables del Estado y del sistema previsional.

La bicicleta financiera relaciona la tasa de ganancia financiera en moneda dura con el resto del mundo mediante tasas positivas de interés, atrasar el tipo de cambio, reducir aranceles y/o desproteger el sector externo permitiendo sustituir la producción local por la extranjera. En lugar que el tipo de cambio lo fije la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, lo fija la Cuenta de Capital atraída por la perniciosa combinación de atraso cambiario y altas tasas de interés, base de la inconsistencia del modelo macrista.

La administración de Macri trata de frenar la inflación con endeudamiento (externo e interno) y Letras del Banco Central (Lebac) y pases a tasas astronómicas, incrementando exponencialmente la deuda externa e interna del Estado. Conscientes que esto no lo pueden repetir permanentemente, se preparan para realizar un fuerte ajuste de las cuentas públicas y consolidar la deuda de corto plazo en un bono (similar al “9 de Julio” de Julio Alsogaray en la década de 1960).

El poder fáctico local se subordina al gobierno global de las multinacionales. No admite oposición parlamentaria o en algún organismo del Estado; la aspiración del gobierno es avanzar en una nueva enajenación de empresas públicas de carácter estratégico, entre ella la industria satelital y nuclear.

Cuando la bicicleta financiera se termine, la deuda consolidada va a ser de tal magnitud que empujará a severos planes de ajustes primero, y de nuevo las privatizaciones de YPF, la petrolera estatal (los campos de Vaca Muerta incluidos), de las empresas más redituables del Estado y del sistema previsional.

La bicicleta financiera relaciona la tasa de ganancia financiera en moneda dura con el resto del mundo mediante tasas positivas de interés, atrasar el tipo de cambio, reducir aranceles y/o desproteger el sector externo permitiendo sustituir la producción local por la extranjera. En lugar que el tipo de cambio lo fije la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, lo fija la Cuenta de Capital atraída por la perniciosa combinación de atraso cambiario y altas tasas de interés, base de la inconsistencia del modelo macrista.

La administración de Macri trata de frenar la inflación con endeudamiento (externo e interno) y Letras del Banco Central (Lebac) y pases a tasas astronómicas, incrementando exponencialmente la deuda externa e interna del Estado. Conscientes que esto no lo pueden repetir permanentemente, se preparan para realizar un fuerte ajuste de las cuentas públicas y consolidar la deuda de corto plazo en un bono (similar al “9 de Julio” de Julio Alsogaray en la década de 1960).

El dólar al cambio oficial alcanzó su máximo histórico. Lo único que falta es que alguien diga que la culpa es de Biscay…


vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=229623

Chile-Pueblos Originarios: Parcelero de Curanilahue denuncia a Forestal Arauco de cerrar camino público dejando sin ingreso a predio de bosque nativo....Resumen.cl



[resumen.cl] El problema lo tiene una familia dueña del único sector de bosque nativo en el ex camino público P-370, actualmente cerrado por estar inserto dentro del predio de Forestal Arauco, al interior de Curanilahue. Esta familia busca reabrir la vía para realizar proyectos turísticos de contemplación de la naturaleza. Proceso en el cual están desde hace cinco años sin tener respuesta positiva de las instituciones del Estado pertinentes.

Todo comenzó cuando, en 2012, Rolf Schubert, uno de los siete integrantes de la familia dueña del predio de 23 hectáreas de bosque nativo del Fundo Anguila, tratando de buscar vías alternativas a su campo en Google Maps, luego de que cayera el puente del acceso más corto al sector, se diera cuenta que el trazado del camino que utilizaba desde hace 40 años había sido eliminado. Esto fue “lo que motivó que enviara la primera carta a Vialidad”, relata Rolf en una entrevista a Resumen. De ahí en adelante solo encontró trabas.

Entre octubre y diciembre de 2012 reunió los antecedentes y realizó visitas en terreno con funcionarios de Vialidad, con la idea de adjuntar los documentos de aquellas acciones a su petición de reapertura del camino público P-370. Ya transcurrido el tiempo legal para tener una respuesta, seis meses según la ley 19.880 (de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado), comenzó a enviar constantemente quejas y consultas sobre el estado de su petición.

Sus antecedentes fueron derivados al Ministerio de Obras Públicas en agosto de 2013, como respuesta a su reclamo ante la Dirección de Gestión Ciudadana (INPR2013-100428), lo cual tuvo reacción recién en enero de 2014. Este mismo mes, año y medio de que se ingresara oficialmente la petición con todos los antecedentes requeridos, el Director de Vialidad Regional del Biobío recomendó la reapertura del camino al Departamento de Vialidad de Santiago, la primera señal de vida de la institución.

Recién en enero de 2015 logra una reunión con el Seremi de Obras Públicas, René Carvajal, quien se compromete a tratar el asunto con Dirección de Vialidad. En Septiembre del mismo año logra juntarse con Alfredo Vial, jefe de la Dirección Jurídica de Vialidad, quién le solicitó cartas de apoyo de autoridades locales y vecinos para comenzar la reapertura.

Todo fue enviado, logró el apoyo de del alcalde de Curanilahue, del alcalde de Lebu, del gobernador de la provincia de Arauco y de siete de sus vecinos afectados por el cierre del Camino público P-370 sin ningún resultado. Por lo que, en marzo de 2016, decide reenviar todos los antecedentes nuevamente para reiniciar la solicitud. En febrero de 2017 le piden antecedentes del predio nuevamente, los que ya había entregado en los dos procesos anteriores.

Ya hastiado de la situación, recurrió a la Contraloría General de la República, entidad que solicitó una respuesta de Vialidad dentro de los siguientes diez días. La institución le señaló que dicha solicitud seguía en trámite y que él, como solicitante, solo había entregado una serie de cartas de apoyo, pero no antecedentes referidos expresamente al uso Público del Camino. Y así continuó con la tramitación.

Esto fue solo un resumen de todos lo que tuvo que sortear. Actualmente, gracias a conversaciones con la empresa, “tenemos acceso, yo tengo llaves del portón para pasar por sus trancas pero, primero, el camino está mal mantenido y, segundo, no nos sirve porque la idea es lograr hacer algo turístico, de educación ambiental para niños, la idea es que cualquier persona pueda entrar”, comenta el parcelero.

La última acción realizada por Rolf fue enviar una carta abierta a la Presidenta Bachelet, en la cual se resumía una cronología de los hechos,el 3 de junio pasado. “El Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad no tiene ninguna intención de reabrir este Camino Público, más aún tengo la impresión que defienden las Intereses de la Empresa Bosque Arauco S.A. enviando Cartas a esta Empresa con la solicitud de justificar, sea como sea, que el Camino es de ellos”, denuncia en su misiva.

Finalmente, su solicitud fue rotundamente rechazada. “El único recurso que queda es una demanda contra el Estado, pero no tengo el dinero, ni ganas, ni tiempo, ya no queda otra que vender nuestro campo a Forestal Arauco, que chiste más cruel. Lo mejor es vender todo e irnos lejos de acá, lamentablemente Forestal Arauco está destruyendo la Provincia de Arauco con apoyo del Estado”, declara en su cuenta de Facebook al recibir la negativa de su petición.

La provincia de Arauco presenta las cifras más alarmantes de superficie cubierta por monocultivo forestal en el Bíobio -más del 80% del total de su territorio-, además de los peores índices de pobreza, emigración y cesantía. Han sido algunos parceleros y comunidades mapuche del sector quienes han logrado conservar, particular o comunitariamente, la biodiversidad original del sector, además de las pocas concesiones que han otorgado las grandes empresas forestales para continuar con su negocio (a través de la Certificación FSC). La situación se agrava y ni la burocracia estatal ni los esfuerzos personales de los afectados, logran detener la voracidad de una industria que mantiene en jaque la dignidad de quienes habitan cerca de sus plantaciones.





vía:https://resumen.cl/articulos/parcelero-de-curanilahue-denuncia-a-forestal-arauco-de-cerrar-camino-publico-dejando-sin-ingreso-a-predio-de-bosque-nativo

Argentina: Dólar Imparable....Milagro Sala





C5N | M1 El debate político #DólarImparable - Programa completo emitido el Viernes 28 de Julio del 2017 - con Gustavo Sylvestre, acompañado por Alejandro Bercovich y Mariano Hámilton

- Invitados a mesa de debate - VICTORIA TOLOSA PAZ: PreCandidata Consejal Unidad Ciudadana; IVAN CARRINO: Economista; LORENA POKOIK: PreCandidata Legisladora Unidad Porteña; FLORENCIA ARIETTO: PreCandidata Diputada 1País.
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WebSite MinutoUno: http://www.minutouno.com/contenidos/h...
Twitter Gustavo Sylvestre: ‏@Gatosylvestre - https://twitter.com/Gatosylvestre
Twitter Alejandro Bercovich: @aleberco - https://twitter.com/aleberco
Twitter minutouno: ‏@minutounocom - https://twitter.com/minutounocom?lang=es
WebSite C5N EN VIVO: http://www.c5n.com/#!/home
YouTube Canal C5N: https://www.youtube.com/user/c5n
WebSite ElDestapeWeb.com: http://www.eldestapeweb.com/contenido...
WebSite Ambito.com: http://www.ambito.com/
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Subí este vídeo sin ningún propósito comercial, solo de difusión.

Venezuela-México: Intelectuales critican la postura de México frente a Venezuela...Intervencionismo Galopante....De la Redacción. La Jornada



El colectivo No en nuestro nombre, capítulo Mexico de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, reprobó la postura del gobierno de México –difundida por la cancillería y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– de sumarse a las sanciones económicas contra Venezuela, anunciadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra funcionarios del gobierno de ese país, a quienes acusa de menoscabar la democracia y los derechos humanos.

En un pronunciamiento, señala que la decisión de las autoridades mexicanas de proceder en consecuencia representa un grado de sumisión que ha rebasado los límites de la racionalidad, degradando la dignidad que cualquier país debe enarbolar y violentando la tradición que México tuvo respecto de las soberanías de otras naciones.

El documento, suscrito por destacados intelectuales, investigadores, profesores y periodistas, entre ellos Pablo González Casanova, Alicia Castellanos, Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Enrique González Ruiz, Ángel Guerra, Luis Hernández Navarro, Gilberto López y Rivas, Nayar López, Daniel Martínez, Walter Martínez, Raúl Romero, Pablo Romo, Adalberto Santana, Beatriz Stolowicz y Marco Velázquez, indica que las instituciones mexicanas no son áreas de la administración estadunidense. Además, este precedente constituye para la región un ejemplo deplorable.


Por ello, demandaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que se retracte públicamente y recupere los principios de una política exterior respetuosa del derecho a la autodeterminación de pueblos y naciones.

Con la exigencia de ¡Manos fuera de Venezuela! también subrayaron que la injerencia de la administración peñista en los asuntos internos de esa nación es inaceptable y no expresa el sentir del pueblo mexicano. 



vía:http://www.jornada.unam.mx/2017/07/29/politica/002n2pol

Venezuela-España: ¿Quién teme a la constituyente venezolana? Por Ángeles Diez



Mariano Rajoy teme a la Constituyente venezolana. Felipe González y Jose María Aznar, Albert Rivera y Pedro Sánchez, hasta el calculador Pablo Iglesias teme a la Constituyente. La oposición golpista venezolana y Donald Trump temen a la constituyente. Los empresarios venezolanos que especulan con la comida del pueblo, las hordas de jóvenes desclasados y bien pertrechados que queman a chavistas, los intelectuales orgánicos, los que callan, los que otorgan, los paraperiodistas que no paran de disparar a las audiencias europeas. Todos sienten que se les acaba el tiempo para torcer el brazo a la revolución bolivariana.

Hay muchos y distintos tipos de miedos que atraviesan el ámbito de la política. El miedo a un proceso constituyente es parecido al miedo que históricamente ha aterrorizado a las oligarquías cuando avizoran una posibilidad revolucionaria por pequeña que esta sea. A veces, es un miedo irracional pues hay pueblos sumisos y doblados por el talón de hierro capitalista que no guardan rescoldo alguno de rebelión. Pero eso no importa ni al orondo y clásico burgués, ni al joven tiburón especulador. Si hay una remota posibilidad de que ese pueblo despierte ahí estarán, la amenaza terrorista, las leyes mordaza, el caos tercermundista y la crisis económica que todo lo explica. El miedo de las élites europeas a los procesos constituyentes tiene mucho de terapia preventiva, es un “por si acaso mejor prevenir que curar”.

El miedo del imperialismo estadounidense es otro tipo de miedo. Es el histórico miedo del esclavista a que los esclavos dejen de cultivar la tierra y se liberen, es el miedo del colono a un ataque de los indios sobrevivientes. Es el miedo a que los asesinados, los desaparecidos, los torturados y los saqueados latinoamericanos reclamen justicia. A que el retrato del imperialista salga a la luz y se vea nítidamente y sin máscara su democracia realmente existente. Donal Trump y antes Barak Obama temen que América Latina deje de ser un patio trasero donde hacer ricos negocios que oxigenen la economía estadounidense.

El miedo español es un miedo neofranquista y tiene su origen en una Constitución sin Asamblea Constituyente. La historia de nuestra Constitución es la historia de un apaño, de una componenda entre las élites franquistas y las nuevas élites socialistas y nacionalistas, ambas conectadas por finos hilos geoestratégicos a los intereses estadounidenses.

No hubo pueblo español, ni vasco, ni catalán, ni siquiera franquista que participara en la elaboración de la Constitución española de 1978. Las elecciones del 15 de abril de 1977 no fueron para elegir a una cámara constituyente que elaborara ninguna constitución. Fue la Ley de Reforma Política (15 diciembre de 1976), aprobada por las Cortes Franquistas la que sentaba las bases para elegir a unos parlamentarios que a su vez designaran una Comisión de Asuntos Constitucionales compuesta por sólo 7 miembros repartidos entre comisionados de probado curriculum franquista como el ministro de Información y turismo Manuel Fraga Iribarne o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, letrado del Consejo de Estado y Secretario General técnico del ministerio de Justicia; y comisionados vinculados al emergente y ambicioso PSOE como el abogado Gregorio Peces-Barba o Jordi Solé Turá. Después, sólo después de que la lápida del consenso enterrara la esperanza de recuperar la democracia republicana se hizo un referéndum legitimador.

Para la reforma constitucional del 2011 tampoco hubo necesidad de preguntar al pueblo, y eso que el artículo a reformar, el 135, era nada menos que aquel que obliga a cualquier gobierno, sea del signo que sea, a priorizar el pago de la deuda antes que cualquier otro gasto del Estado, primero la bolsa y luego la vida. Quince días para maniatar al próximo gobierno y ni siquiera un referéndum de ratificación ¿Por qué había de opinar el pueblo si ya opinan sus representantes? ¿Por qué preguntar si las respuestas venían dadas desde la troika europea?

¿A qué se debe que las Constituciones den tanto miedo y los procesos constituyentes mucho más?

La Constitución es la regla básica que fundamenta y ampara el sistema jurídico de un país así como el funcionamiento de las instituciones y poderes de un Estado. Se suele decir que es la ley de leyes. Las constituciones establecen los marcos jurídicos pero a su vez éstos implican una redefinición del Estado y de la fuente de la soberanía. Cuando son el resultado de procesos constituyentes suponen la incorporación de los ciudadanos a la discusión, elaboración y ratificación de la constitución, caso que se dio en Venezuela en 1999; estamos hablando de procesos en los que hay una ratificación popular del contrato social en la que los ciudadanos establecen y aprueban los instrumentos concretos para el ejercicio del poder del Estado y sus instituciones. Es algo así como si los ciudadanos participaran en la elaboración de los instrumentos que puede utilizar el Estado para gobernar y al mismo tiempo dijeran qué herramientas no pueden ser utilizadas.

Las constituciones otorgan poder al Estado pero también limitan el ejercicio de ese poder.

Las clases populares, siendo la fuente de poder en el proceso Venezolano, se convirtieron también en 1999 en fuente de derecho pues no se limitaron solo a votar una constitución previamente elaborada por juristas o comisionados no electos, sino que participaron activamente en la elección de los encargados de elaborar el articulado de la Constitución y también en discutir y debatir sobre las propuestas que éstos realizaban.

Cada Constitución, dice el constitucionalista Roberto Gargarella, trata de responder a uno o varios problemas, o lo que es igual, trata de remediar algún mal; nos dice: “las Constituciones nacen habitualmente en momentos de crisis, con el objeto de resolver algún drama político-social fundamental”1

La Constitución de 1999 en Venezuela vino a resolver tres problemas básicos: la incorporación de los sectores populares a las tareas de gobierno, es decir, convertir a estos sectores en sujetos políticos protagónicos, en segundo lugar, recuperar la soberanía sobre los recursos naturales (especialmente el petróleo), y en tercer lugar, resolver el drama de la desigualdad social.

La movilización social, el cambio de correlación de fuerzas y la acumulación de poder social fueron el punto de partida de las nuevas Constituciones latinoamericanas tanto en Venezuela como en Ecuador o en Bolivia; y también la crisis del modelo de acumulación capitalista en estos paises.

Pero esa recuperación de la soberanía popular que significó la Constitución de 1999 sólo podía estabilizarse con la mejora de las condiciones de vida al tiempo que se desarrollaba una cultura política de participación real y efectiva. Ambos procesos, mejora económica y participación política, son los que han dado y dan legitimidad al gobierno bolivariano. Son las bases del poder popular que derrocó al golpe contra el gobierno bolivariano en el 2002.

Dieciocho años después de esa Constitución, ha habido 24 procesos electorales, se ha avanzado en casi todos los indicadores sociales (educación, desarrollo, vivienda, salud…), como demuestran los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas. Pero el contexto nacional e internacional han cambiado. A pesar del avance en cultura democrática y participación –o precisamente por ello-, el gobierno de Nicolás Maduro perdió la mayoría de la Asamblea Nacional que ahora se encuentra en manos de la llamada “oposición venezolana” –un conglomerado de más de 20 partidos unidos sólo por el odio al gobierno bolivariano2, una Asamblea que además sesiona en desacato. La llamada oposición y las oligarquías empresariales han emprendido una hoja de ruta que, como en la Chile de Allende, trata de reventar la economía (inflación inducida, embargo comercial encubierto, bloqueo financiero internacional), someter por hambre a las clases populares (boicot en el suministro de bienes de primera necesidad, desabastecimiento programado), bloquear las instituciones, tomar las calles con la violencia extrema, crear un gobierno paralelo y finalmente, si no se derroca al gobierno bolivariano ni se quiebra al ejército bolivariano, habrá creado las mejores condiciones para una intervención humanitariamente armada.

Tal vez no a través de la IV Flota estadounidense próxima a las costas venezolanas, pero como declaró hace apenas unos días Michael Richard Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), se trabaja con los gobiernos de Colombia y México para evaluar las maniobras necesarias para lograr un cambio de gobierno en Venezuela3.

Internacionalmente la región latinoamericana ha sufrido un retroceso provocado por la derrota del gobierno progresista de Cristina Kirstchner, los golpes parlamentarios en Brasil (2016) y Paraguay (2012), precedidos por los Golpes de Estado de Haití (2004) y Honduras (2009). La integración regional se ha ralentizado por los Estados más afines a Estados Unidos, como Colombia o México. La OEA (Organización de Estados Americanos) vuelve a ser esa organización internacional instrumentalizada por el imperio contra los gobiernos latinoamericanos díscolos.

También a escala global el imperio estadounidense y sus aliados tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles de una crisis económica que sólo resuelven aumentando la presión y la desposesión de sus poblaciones (saqueo de lo público, austeridad, recortes, precarización…). Llevar la guerra a cualquier parte del mundo donde haya algo que saquear, recuperar cuotas de influencia frente a Rusia o China y disciplinar a sus propias poblaciones, se hace urgente y necesario. Así, apoyar a las llamadas oposiciones, moderadas, armadas o de colores es la única política internacional realista para las necesidades imperiales.

Ante este nuevo contexto nacional e internacional, el Poder electoral venezolano, a propuesta del Presidente (de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución) ha convocado elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. No hay constitución que aguante tamaña embestida.

Cada venezolano podrá votar una vez territorialmente y una vez por el sector y subsector que le corresponda. Los comisionados electos tendrán que reformar la Constitución de 1999 para tratar de resolver esta vez los siguientes graves y nuevos problemas que se resumen en 9 temas propuestos para la reforma: 1) Constitucionalizar las Misiones (salud, vivienda, educación…) creando un sistema público que garantice por ley los avances sociales, 2) dotar de instrumentos más eficaces para defender la soberanía nacional y el rechazo al intervencionismo, 3) constitucionalizar las comunas y consejos comunales para hacer de la participación un requisito democrático, 4) crear instrumentos jurídicos y penitenciarios para luchar contra la impunidad, el terrorismo y el narcotráfico, 5) caminar hacia un sistema económico menos dependiente del petróleo, 6) luchar contra el cambio climático y el calentamiento global, 7) favorecer los procesos de paz, reafirmar la justicia y aislamiento de los violentos, 8) Desarrollar los derechos y deberes sociales, 9) una nueva espiritualidad cultural y venezolanidad, garantizar el carácter pluricultural y la identidad cultural.

El miedo a la constituyente venezolana se ha convertido en pánico en las pantallas. Los paraperiodistas dan diariamente el parte de guerra: 80, 90, 100 muertos, 20,30, 40 heridos. ¿Quiénes eran, a manos de quién, estaban en la manifestación?,-detalles irrelevantes-; huelga general, 70%, 90% de seguimiento –¿quién da esas cifras, están comprobadas? –detalle irrelevante-; nueva manifestación que es reprimida violentamente; ¿por qué es reprimida, en qué consiste la represión de la policía si solo vemos manifestantes tapados que arrojan cócteles y disparan morteros? – detalles irrelevantes. Qué extraña “dictadura” la venezolana donde los periodistas nacionales e internacionales campan a sus anchas por las calles grabando la “represión policial”. Paraperiodistas que solo beben de las fuentes de la oposición, que no desaprovechan la oportunidad de disfrazarse de reporteros de guerra, que nunca entrevistan al pueblo bolivariano, que repiten cual papagayos las consignas de la llamada “oposición”.

Todo vale en la propaganda de guerra, quien paga manda. El paraperiodista está siempre del lado correcto, el del empresario, el del gobierno si es un medio nacional, como televisión española, y si el gobierno español se ha pronunciado declarando enemigo al gobierno venezolano, pues ellos están ahí sirviendo a la patria.

Los paraperiodistas españoles tienen un serio entrenamiento: descubrieron armas de destrucción masiva en Iraq, nos convencieron de que para quitar el burka a las afganas había que facilitar a USA la intervención, justificaron el bombardeo de la OTAN en Yugoslavia, el asesinato de Gadafi, el golpe de Estado del 2002 en Venezuela, han apoyado a la más que moderada, moderadísima oposición siria, en fin, una probada fidelidad a las Agencias de información y a las orientaciones imperiales. Lástima que según un informe de la Universidad de Oxford de 2015, de los 11 países consultados en Europa, los medios de comunicación españoles son los menos creíbles y los segundos menos creíbles de los 12 países estudiados a nivel mundial.

Sin embargo, hay quienes no temen a la Constituyente venezolana, es más, hay quienes la defienden incluso a riesgo de su vida. Es el pueblo venezolano, son las clases populares que no se han dejado engañar ni amedrentar. Es el pueblo que rinde homenaje a la memoria de su comandante que les colocó en la historia. Son los que recibieron educación, libros gratis, vivienda, salud,… No temen a la constituyente los líderes barriales, los obreros, los dirigentes, miles de venezolanos que se postulan para servir a su pueblo.

Nadie que conozca la historia reciente de Venezuela, nadie que conozca los planes imperiales, nadie que haya soñado alguna vez con que en su país le hubieran dejado participar en un proceso constituyente, puede temer a la Constituyente venezolana.

27/07/2017

1 Gargarela R., El nuevo constitucionalismo latinoamericano: Promesas e interrogantes; CONICET/CMI

2 Composición de la Oposición Venezolana, MUD, compuesta por 19 partidos, originariamente por 31

3 CIA, Colombia y México quieren derrocar a Maduro: canciller de Venezuela,http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/cia-colombia-y-mexico-quieren-derrocar-maduro-canciller-de-venezuela-articulo-704678



* Ángeles Diez es Doctora en CC. Políticas y Sociología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

viernes, 28 de julio de 2017

Venezuela: En defensa de Venezuela....Boaventura de Sousa Santos







Venezuela vive uno de los momentos más críticos de su historia. Acompaño crítica y solidariamente la revolución bolivariana desde el inicio. Las conquistas sociales de las últimas dos décadas son indiscutibles. Para comprobarlo basta consultar el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2016 sobre la evolución del índice de desarrollo humano (IDH). Dice este informe: “El índice de desarrollo humano de Venezuela en 2015 fue de 0.767 –lo que colocó al país en la categoría de alto desarrollo humano–, posicionándolo en el puesto 71 de entre 188 países y territorios. Tal clasificación es compartida con Turquía. De 1990 a 2015, el IDH de Venezuela aumentó de 0.634 a 0.767, un aumento de 20.9 por ciento. Entre 1990 y 2015, la esperanza de vida al nacer aumentó a 4.6 años, el periodo medio de escolaridad ascendió a 4.8 años y la escolaridad media general aumentó 3.8 años. El rendimiento nacional bruto (RNB) per cápita aumentó cerca de 5.4 por ciento entre 1990 y 2015”. Se hace notar que estos progresos fueron obtenidos en democracia, sólo momentáneamente interrumpida por la tentativa de golpe de Estado en 2002 protagonizada por la oposición con el apoyo activo de Estados Unidos.

La muerte prematura de Hugo Chávez en 2013 y la caída del precio del petróleo en 2014 causaron una conmoción profunda en los procesos de transformación social entonces en curso. El liderazgo carismático de Chávez no tenía sucesor, la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones siguientes fue por escaso margen, el nuevo presidente no estaba preparado para tan complejas tareas de gobierno y la oposición (internamente muy dividida) sintió que su momento había llegado, en lo que fue, una vez más, apoyada por Estados Unidos, sobre todo cuando en 2015 y de nuevo en 2017 el presidente Barack Obama consideró a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, declaración que mucha gente consideró exagerada, si no ridícula, pero que, como explico más adelante, tenía toda lógica (desde el punto de vista de Estados Unidos, claro). La situación se fue deteriorando hasta que, en diciembre de 2015, la oposición conquistó la mayoría en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia suspendió a cuatro diputados por alegado fraude electoral, la Asamblea Nacional desobedeció, y a partir de ahí la confrontación institucional se agravó y fue progresivamente propagándose en las calles, alimentada también por la grave crisis económica y de abastecimiento que entre tanto explotó. Más de cien muertos, una situación caótica. Mientras, el presidente Maduro tomó la iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente a ser elegida el 30 de julio y Estados Unidos amenaza con más sanciones si las elecciones se producen. Es sabido que esta iniciativa busca superar la obstrucción de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.

El pasado 26 de mayo suscribí un manifiesto elaborado por intelectuales y políticos venezolanos de varias tendencias políticas, apelando a los partidos y grupos sociales en conflicto a parar la violencia en las calles e iniciar un debate que permitiese una salida no violenta, democrática y sin la injerencia de Estados Unidos. Decidí entonces no volver a pronunciarme sobre la crisis venezolana. ¿Por qué lo hago hoy? Porque estoy alarmado con la parcialidad de la comunicación social europea, incluyendo la portuguesa, sobre la crisis de Venezuela, una distorsión que recorre todos los medios para demonizar a un gobierno legítimamente electo, atizar el incendio social y político, y legitimar una intervención extranjera de consecuencias incalculables. La prensa española llega al punto de embarcarse en la posverdad, difundiendo noticias falsas sobre la posición del gobierno portugués. Me pronuncio animado por el buen sentido y equilibrio que el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, ha mostrado sobre este tema. La historia reciente nos muestra que las sanciones económicas afectan más a ciudadanos inocentes que a los gobiernos. Basta recordar los más de 500 mil niños que, según el informe de Naciones Unidas de 1995, murieron en Irak como resultado de las sanciones impuestas después de la guerra del Golfo Pérsico. Recordemos también que en Venezuela viven medio millón de portugueses o lusodescendientes. La historia reciente también nos enseña que ninguna democracia sale fortalecida de una intervención extranjera.

Los desaciertos de un gobierno democrático se resuelven por vía democrática, la cual será tanto más consistente cuanto menor sea la interferencia externa. El gobierno de la revolución bolivariana es democráticamente legítimo. A lo largo de muchas elecciones, durante los últimos 20 años, nunca ha dado señales de no respetar los resultados. Ha perdido algunas elecciones y puede perder la próxima, y sólo sería criticable si no respetara los resultados. Pero no se puede negar que el presidente Maduro tiene legitimidad constitucional para convocar a la Asamblea Constituyente. Por supuesto que los venezolanos (incluyendo muchos chavistas críticos) pueden legítimamente cuestionar su oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que disponen de la Constitución de 1999, promovida por el presidente Chávez, y también de medios democráticos para manifestar ese cuestionamiento el próximo domingo. Pero nada de eso justifica el clima insurreccional que la oposición ha radicalizado en semanas recientes y cuyo objetivo no es corregir los errores de la revolución bolivariana, sino ponerle fin, e imponer las recetas neoliberales (como está sucediendo en Brasil y Argentina), con todo lo que eso significará para las mayorías pobres de Venezuela.

Lo que debe preocupar a los demócratas, aunque esto no preocupa a los medios globales que ya han tomado partido por la oposición, es la forma en que están siendo seleccionados los candidatos. Si, como se sospecha, los aparatos burocráticos del partido de gobierno han secuestrado el impulso participativo de las clases populares, el objetivo de la Asamblea Constituyente de ampliar democráticamente la fuerza política de la base social de apoyo a la revolución se habrá frustrado.

Para comprender por qué probablemente no habrá salida no violenta a la crisis de Venezuela, conviene saber lo que está en juego en el plano geoestratégico global. Lo que está en juego son las mayores reservas de petróleo del mundo existentes en Venezuela. Para el dominio global de Estados Unidos es crucial mantener el control de las reservas de petróleo del mundo. Cualquier país, por democrático que sea, que tenga este recurso estratégico y no lo haga accesible a las multinacionales petroleras, en su mayoría norteamericanas, se pone en el punto de mira de una intervención imperial. La amenaza a la seguridad nacional, de la que hablan los presidentes de Estados Unidos, no está solamente en el acceso al petróleo, sino sobre todo en el hecho de que el comercio mundial del petróleo se denomina en dólares estadunidenses, el verdadero núcleo del poder de Estados Unidos, ya que ningún otro país tiene el privilegio de imprimir los billetes que considere sin que esto afecte significativamente su valor monetario.

Por esta razón Irak fue invadido y Oriente Medio y Libia arrasados (en este último caso, con la complicidad activa de la Francia de Sarkozy). Por el mismo motivo, hubo injerencia, hoy documentada, en la crisis brasileña, pues la explotación de los yacimientos petrolíferos presal (que se hallan bajo un campo de sal) estaba en manos de los brasileños. Por la misma razón, Irán volvió a estar en peligro. De igual modo, la revolución bolivariana tiene que caer sin haber tenido la oportunidad de corregir democráticamente los graves errores que sus dirigentes cometieron en los últimos años.

Sin injerencia externa, estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar una solución no violenta y democrática. Desgraciadamente, lo que está en curso es usar todos los medios disponibles para poner a los pobres en contra del chavismo, la base social de la revolución bolivariana y los que más se beneficiaron de ella. Y, en concomitancia, provocar una ruptura en las fuerzas armadas y un consecuente golpe militar que deponga a Maduro. La política exterior de Europa (si se puede hablar de tal) podría constituir una fuerza moderadora si, entre tanto, no hubiera perdido el alma.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/28/opinion/004a1pol

México-La Dictadura-El Imperio: México y Venezuela... sumisión e injerencia...editorial La Jornada




En un comunicado conjunto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE) informaron ayer, con respecto a las sanciones anunciadas por la administración de Donald Trump en contra de Venezuela, que el gobierno mexicano procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia, y conminaron a Nicolás Maduro a restablecer plenamente el régimen democrático y el estado de derecho de manera pacífica. Por añadidura, las dependencias mexicanas dieron por buenas las acusaciones de Washington en contra de diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela en el sentido de que han menoscabado la democracia y los derechos humanos en dicho país y que han participado en actos de violencia, represión y corrupción.

Este nuevo posicionamiento oficial de las autoridades nacionales lleva demasiado lejos dos actitudes indeseables en el manejo de la política exterior: la sumisión al gobierno de Estados Unidos y la injerencia en los conflictos internos de Venezuela, cuya solución debe depender exclusivamente de los ciudadanos de ese país sudamericano.

En el primero de esos términos es lamentable, por donde se le mire, que el gobierno mexicano adopte como propias imputaciones estadunidenses en contra de funcionarios venezolanos que ni siquiera han sido probadas y que, como lo han señalado diversas voces nacionales e internacionales, se presentan en el contexto de una abierta campaña de desestabilización que apunta a derrocar al gobierno bolivariano. En el segundo, las instituciones nacionales carecen de facultades para emitir juicios sobre el desempeño de gobernantes y funcionarios de otros países y de actuar en consecuencia, así como para descalificar acciones institucionales de otras naciones, como lo es la convocatoria de Caracas a una Asamblea Constituyente.

Tales decisiones, en todo caso, no afectarán tanto a las autoridades venezolanas cuanto a la propia diplomacia mexicana, dos de cuyos principios fundamentales, el derecho a la Autodeterminación y la No Intervención, resultan gravemente socavados por tales extravíos. Por añadidura, esta alineación con los dictados de la Casa Blanca sobre Venezuela constituye un precedente que debilita la capacidad de México de invocar tales principios en su propia defensa.

De esta forma, el posicionamiento dado a conocer ayer por la SHCP y la SRE atenta, en primer lugar, en contra de la soberanía mexicana y, en segundo, desde luego, en contra de la venezolana.

Semejante demolición de la política exterior nacional, que se remonta cuando menos al sexenio de Vicente Fox, resulta particularmente peligrosa y nociva en una circunstancia en la que el país se enfrenta a una presidencia estadunidense racista, antimexicana, grosera e impredecible, ante la cual es más necesario que nunca retomar los lineamientos éticos, legales y diplomáticos que hicieron de México un referente mundial durante el siglo pasado.


vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/28/edito

viernes, 21 de julio de 2017

Linux: How To Install Fedora 26



In this video, I am going to show how To Install Fedora 26.
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Fedora (formerly Fedora Core) is a Linux distribution developed by the community-supported Fedora Project and owned by Red Hat. Fedora contains software distributed under a free and open-source license and aims to be on the leading edge of such technologies. Fedora has a reputation for focusing on innovation, integrating new technologies early on and working closely with upstream Linux communities. The default desktop in Fedora is the GNOME desktop environment and the default interface is the GNOME Shell. Other desktop environments, including KDE, Xfce, LXDE, MATE and Cinnamon, are available. Fedora Project also distributes custom variations of Fedora called Fedora spins. These are built with specific sets of software packages, offering alternative desktop environments or targeting specific interests such as gaming, security, design, scientific computing and robotics.

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Linux: Fedora 26 Workstation - See What's New



Fedora 26 Workstation - See What's New

Fedora 26 has been released and announced by Fedora Project, including for Workstation, Cloud and Server. Powered by Linux kernel 4.11, include DNF 2.5 as default package manager, GCC 7 as default compiler, systemd-coredump by default, SSSD fast cache for local users, pkgconf as default system pkg-config implementation, and 48bit VA on AArch64 (ARM64) architectures.

Fedora 26 Workstation is the latest version of Fedora's desktop-focused edition provides new tools and features for general users as well as developers. This release features the new GNOME 3.24 desktop environment, which includes a host of updated functionality including Night Light, an application that subtly changes screen color based on time of day to reduce effect on sleep patterns, The Weather information is now included in the notification area.

Default applications that includes in Fedora 26 Workstations we can mentions : Firefox 54, LibreOffice 5.3, Rhythmbox 3.4.1, Shotwell 0.26 and include most of GNOME Apps 3.24 like GNOME Files, GNOME weather, GNOME Maps, GNOME Contacts, GNOME Software, Gedit and more..

Fedora 26 release notes : https://docs.fedoraproject.org/en-US/...
Download Fedora 26 workstation : https://getfedora.org/workstation
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México: Entrega de costas de Yucatán y Quintana Roo es un atentado... AMLO


Argentina: Objetivo CFK



C5N | M1 El debate político #ObjetivoCFK - Programa completo emitido el Miércoles 19 de Julio del 2017 - con Gustavo Sylvestre, acompañado por Alejandro Bercovich y Mariano Hámilton

- Invitados a mesa de debate - JOSÉ URTUBEY: VicePresidente UIA; GUILLERMO NIELSEN: Economista
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México: Justicia al mejor postor



Las mafias del narcotráfico tienen contaminado todo el sistema legal mexicano. En las cárceles de gran parte del país conviven criminales de alta peligrosidad con delincuentes de delitos menores. Para muestra un par de ejemplos:

1) Los reclusorios en la Ciudad de México tienen una capacidad instalada para atender 22.400 presos pero en ellas se encuentran recluidas 35.486 personas; tienen un sobre cupo del 63 % y los supuestos maleantes son en la gran mayoría pobres o francamente inocentes.

2) Juan José Esparragoza Monzón, hijo del “Azul”, quien fuera fundador del cártel de Sinaloa, se dedicaba a lavar dinero, por eso fue detenido el 19 de enero. Mes y medio después, “el Azul” junto con cuatro cómplices se fugó del penal de Culiacán. Todo gracias a la capacidad corruptora de las grandes sumas de dinero que maneja el narcotráfico.

Argentina: Reforma de Temer





C5N - El Destape: Ya no habrá nada por tapar - #ReformaDeTemer - Programa completo emitido el Miércoles 19 de Julio del 2017, conducido por Roberto Navarro, con la participación de Iván Schargrodsky, Darío Gannio y El Cadete (Pedro Rosemblat); la colaboración de Gabriela Pepe, Flor Alcaraz, Juan Amorín y Ezequiel Orlando.

Invitados:

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Chile en el “sueño americano” del Sur....Nuevos inmigrantes, viejos problemas....Horacio R. Brum



Como Uruguay hoy, Chile es receptor de cada vez mayores contingentes de inmigrantes provenientes de otros países latinoamericanos, como Perú, Colombia o Haití.


Me crucé con ellos en el aeropuerto de Concepción, 500 quilómetros al sur de Santiago, en una región donde el invierno llega con un tiempo endemoniado. En un rincón de la sala de espera, el grupo se veía como esos náufragos-emigrantes africanos que las marinas de Italia o España rescatan del Mediterráneo: todos hombres jóvenes, con vestimentas patéticamente inadecuadas para los fríos chilenos, muchos envueltos en unas mantas de avión que, como lo sabemos quienes solemos sufrir el viaje en la clase turística, sólo dan un abrigo simbólico. Eran inmigrantes haitianos, varados en Concepción desde la noche anterior, a la espera de que se levantara la niebla en Santiago y pudieran terminar el ya muy largo vuelo desde el país más pobre del continente.

Chile no es un destino de inmigración. En 1907, por ejemplo, cuando Buenos Aires y Montevideo ya tenían casi la mitad de sus habitantes nacidos en el exterior, a este lado de los Andes las estadísticas oficiales no registraban más que 134 mil extranjeros en todo el territorio (y apenas 13 mil italianos). Tampoco hubo aquí un proceso social de sustitución de las elites coloniales por los inmigrantes que hicieron fortuna; estos se asimilaron a ellas y aunque entre los grandes grupos económicos de la actualidad hay apellidos de origen croata (Luksic), árabe (Saieh, Yarur) o italiano (Angelini, Solari), los Larraín, Eyzaguirre y Echenique siguen tan vigentes en el dinero y la política como en los días de la Capitanía General de Chile. En los sectores más populares, el predominio de los apellidos de origen español indica lo reducido del aporte de otras nacionalidades.

Respecto de la diversidad racial, deja poco lugar a dudas la cándida respuesta de una alumna universitaria –católica de misa frecuente y cruz al cuello– a la pregunta hecha por quien esto escribe en una clase de periodismo internacional, sobre si existe el racismo entre los chilenos: “No hay racismo, porque no hay negros…”. Un mito bastante difundido dice que, aunque hubo esclavos negros durante la colonia, ellos terminaron desapareciendo porque no soportaban el frío. Los indígenas, principalmente de la etnia mapuche, sólo dejaron de ser invisibilizados cuando empezaron a militar activamente en defensa de sus derechos e identidad, a partir del quinto centenario. Sin embargo, en un estudio sobre la desigualdad publicado a mediados de junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (www.desiguales.org), hay otro dato significativo: en una estadística que relaciona 100 apellidos con las profesiones que gozan de mayor prestigio social y beneficio económico, los 50 que no figuran en ninguna de ellas son indígenas.

Primero fueron peruanos...

Durante la década de 1990 la inestabilidad económica de Perú obligó a muchos de sus ciudadanos a emigrar al vecino del sur, que proyectaba una imagen internacional de orden y prosperidad. Esos inmigrantes no solamente tuvieron que lidiar con el chovinismo originado en la Guerra del Pacífico de 1879, un conflicto que aún hoy se conmemora en Chile con paradas militares y se describe en las escuelas como una gran guerra patria; y al prejuicio usual de que los extranjeros vienen a quitarles el trabajo a los nacionales se agregó una visión racista resumida así por un comediante popular: “Los peruanos son negros, chicos y feos”. A pesar de todo, la comunidad peruana es en la actualidad la más importante en número (alrededor de 130 mil personas) y una de sus influencias más reconocidas por los nativos es la culinaria, que da variedad y calidad a la rústica y elemental cocina tradicional chilena. Algunos de los mejores restaurantes y chefs de Santiago son peruanos. El buen manejo del idioma español de estos inmigrantes es otro aspecto apreciado, en un país donde no es raro oír a empresarios prominentes o altos funcionarios comiéndose los plurales y diciendo “pa’” en vez de “para”. Por otra parte, en algunas escuelas del sistema público se está intentando bajar el tono nacionalista de los programas de historia, teniendo en cuenta las sensibilidades de los alumnos peruanos y bolivianos, estos últimos provenientes del otro país al cual Chile despojó de territorios en la Guerra del Pacífico.

La violencia en Colombia es el factor que ha provocado otra corriente migratoria en los últimos años, con el consiguiente despertar de prejuicios y manifestaciones xenofóbicas. Una gran parte de los colombianos, que con frecuencia llegan por la vía terrestre, se ha establecido en Antofagasta, la ciudad del norte que ofrece más oportunidades laborales, por ser el centro de la industria minera. No obstante, muchos deben vivir en los asentamientos suburbanos en condiciones precarias, porque sus sueldos no les alcanzan para pagar los alquileres exagerados de la zona céntrica. Según el Instituto Nacional de Estadística, el sueldo promedio de un inmigrante es de 600 dólares, lo mismo que puede costar alquilar un apartamento de uno o dos ambientes en las principales ciudades chilenas.

Además de soportar el estigma de traficantes de drogas difundido por el mundo, los colombianos se encuadran en lo que en Chile es una definición negativa: son “tropicales”, o sea, ruidosos, desordenados y exagerados. Las diferencias culturales y la carga de estereotipos han provocado más de un incidente en Antofagasta, cuya alcaldesa derechista se queja con frecuencia de la presencia de los extranjeros, y declaró en la prensa: “Hay una sensación de inseguridad al andar por la calle: se ve el microtráfico, un aumento de la prostitución y denuncias por ruidos molestos”. Con la alcaldesa Karen Rojo coincide el ex presidente y otra vez candidato de la derecha –con buenas posibilidades de triunfo– a ocupar el palacio de La Moneda, Sebastián Piñera, para quien la inmigración “termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado”.

Los últimos de los últimos

Ricardo Lagos, que llegó a la presidencia en 2000 como el primer mandatario socialista después de Salvador Allende y terminó su mandato en 2006 alabado por los grandes empresarios con la frase “We love Lagos!”, hizo lo posible por posicionar a Chile en la región y el mundo como un país virtualmente desarrollado y de peso diplomático. En ese contexto, fue el primero en América Latina en aportar tropas para la “estabilización” de Haití en 2004, después del derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide en circunstancias donde se mezclaron las manos de Estados Unidos y Francia. Chile puso tropas en Haití a las 48 horas de la caída de Aristide, para actuar junto a las fuerzas francesas y estadounidenses. Ese contingente practicó otra veta de la diplomacia acuñada por Lagos, la de presentar a Chile como un país aportante de ayuda, que había superado la etapa de receptor de asistencia, y por implicación, ya estaba en el umbral del desarrollo. Así fue como los militares chilenos se destacaron más que sus colegas latinoamericanos por proyectar entre la población haitiana una imagen de su propio país como modelo de vida. Una imagen que, en las palabras de un sargento del Ejército entrevistado por el diario La Tercera con motivo de la retirada del contingente, que concluye este mes, “da un referente para ellos de la calidad o los estándares que puede tener otro país. Y más aún, cuando uno les comenta sus cosas, los insta a superarse, les dice que hay otros escenarios, entonces ellos se esperanzan con crecer”.

Esa esperanza está en la raíz de la emigración haitiana a Chile, que en los últimos dos años ha aumentado en forma exponencial y podría llegar en 2017 a un promedio anual de 45 mil personas. El problema es que los haitianos tienen varias características que los convierten en candidatos a sufrir la xenofobia y la discriminación más que otros inmigrantes: no hablan español, muchos tienen poca educación formal y… son negros. Según la opinión de una experta de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, de la Universidad Diego Portales, la chilena es una sociedad en la cual “se considera inferior a una persona indígena o afrodescendiente, se la ve como un migrante económico que escapa. En cambio, al extranjero blanco se lo ve como el aventurero, y no se habla de migrante sino de extranjero”. Incluso quienes llegan con calificaciones universitarias no pueden obtener empleos de calidad, porque Chile no tiene convenios de reconocimiento de estudios con Haití.

El médico haitiano Emmanuel Mompoint tuvo suerte, porque pudo insertarse en el sistema de salud pública nacional, donde también las autoridades están haciendo esfuerzos por adaptar los servicios a esta nueva inmigración, con mediadores culturales y carteles bilingües en los consultorios. Recientemente Monpoint recibió la atención del periodismo por descubrir que entre sus compatriotas avecindados en Chile se está dando el síndrome de Ulises, un padecimiento de estrés similar al duelo, que afecta a quienes sufren el impacto de adaptarse a un país muy diferente del suyo y enfrentar un ambiente hostil. La imposibilidad de expresar sentimientos y reacciones en el idioma local, la ruptura de los lazos de solidaridad y el rechazo de la comunidad receptora son algunos de los factores que producen ese síndrome, cuyas manifestaciones pueden confundirse con distintas enfermedades. El doctor Mom-point trató a haitianos con dolores inexplicables, que no se curaban con medicamentos, hasta que uno de sus pacientes apuntó al centro del problema: “Mi dolor de cabeza es Chile. Me duele este país”.

http://brecha.com.uy/



vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229320&titular=chile-en-el-%93sue%F1o-americano%94-del-sur-

Venezuela: Las grandes multinacionales que guían la política de Trump alimentan la lucha para “el cambio de régimen” en Venezuela...Geraldina Colotti



Venezuela en el ojo del ciclón y no solamente por la llegada de la tormenta tropical Don. Luego de tres meses de protestas violentas que han provocado 100 muertos, las derechas han decidido estrechar el círculo, declarando que ha llegado “la hora cero”. Hoy será formalizado un gobierno paralelo, definido de “unidad nacional” (pero sin más de la mitad del país). Para mañana ha sido proclamada una huelga general. Luego de la consulta del domingo, definida “plebiscito” (una instancia que no existe en la Constitución Bolivariana), la oposición ha lanzado “un ultimatum” al Presidente Nicolás Maduro para hacerle renunciar al voto del 30 de julio sobre la Asamblea Nacional Constituyente.

FREDDY GUEVARA, coordinador de Voluntad Popular (VP, uno de los partidos que componen la alianza MUD), ha anunciado “un incremento de presiones” que culminará en la última semana de julio: los primeros pasos de “un plan más grande”que inicia con la designación de otros juicios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y que apuesta al golpe de estado. El TSJ es el árbritro de los 5 poderes existentes en la Constitución Bolivariana designado para su equilibrio. Un equilibrio que la MUD quiere subvertir a partir del Parlamento, en el que resulta mayoritaria desde las legislativas del 2015: para restablecer la “democracia” representativa, borrando aquella participativa puesta en campo por la constitución de 1999.

LAS DERECHAS tienen su entera “comunidad internacional”. Y sobretodo los Estados Unidos de Trump, que han amenazado: “Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, los Estados Unidos adoptarán masivas y rápidas acciones económicas”: para llevar al país a “una plena y florecida democracia” (modelo Donald Trump). También Federica Mogherini, Alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores se ha unido al coro de países neoliberales latinoamericanos para pedir la suspensión de la Asamblea Constituyente. “En Venezuela comandan los venezolanos y las venezolanas. Te has equivocado de país, Federica Mogherini: Venezuela no es una colonia Europea”, ha respondido Maduro dándole de la “insolente”.

La Unión Europea todavía no ha respondido a Trump, que ha pedido explícito apoyo para imponer nuevas sanciones a Caracas, como quisiera también la España, pero ha dejado la puerta abierta. De tono análogo la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores Italiano, Alfano en la Cámara: ayuda a las empresas italianas en Venezuela con “un plan extraordinario de un millón de euros”, y apoyo a la línea de los obispos que relanzan la agenda de la MUD contra la Constituyente “comunista”. Alfano ha pedido “a la Rai y a los medios de información de dar la máxima atención a la crisis de Venezuela”.

UNA ATENCIÓN en único sentido, visto el total oscurecimiento de la simulación electoral desarrollada el domingo para el voto del 30. La gran participación chavista a las urnas ha sido registrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por los periodistas independientes y por las redes sociales, pero nada ha sido filtrado en los media mainstream. El País, en cambio, ha atribuído la foto de una larga fila a las urnas para la Constituyente al “plebiscito” de la MUD. Luego se ha disculpado, dando la culpa a la agencia Efe.

A TIEMPO record, la MUD ha comunicado de haber recogido más de 7’200.000 votos: cuantos ha totalizado en las presidenciales del 2013 su candidato Henrique Capriles, que Maduro ha superado con 7’505.338 de preferencia. Luego las papeletas han sido incineradas por motivos de “privacy”. El fraude del voto ilegal ha resultado evidente por el cálculo entre el número de escaños, tiempos, y presunta cantidad de votantes, que habrían debido expresar las preferencias al ritmo de un rayo. Y que han repetido el voto muchas veces. Pero los medios internacionales, sinembargo, han dado por certero el resultado de la consulta, avalándolo como “referendum contra la dictadura”. Una singular dictadura: que ha consentido y tutelado el voto ilegal. Y que no ha echado fuera al grupo de expresidentes conservadores como el mexicano Fox y el colombiano Pastrana, desembarcados en el país a dar lecciones de “derechos humanos” no obstante los antecedentes represivos. El CNE difundirá en el día de hoy los resultados de la simulación legal.

Pero la MUD definitivamente ha saltado el abismo en favor de la nunca adormecida vena golpista. En juego hay intereses gigantescos, los recursos petroleros (y no solamente) de Venezuela. Desde hace meses, las grandes multinacionales que guían la política de Trump alimentan la lucha para “el cambio de régimen”. Dos de los políticos más beligerantes contra Maduro en el Senado de los Estados Unidos -Marco Rubio y Ed Royce – son financiados por la Exxon Mobil, cuyo actual Secretario de Estado Rex Tillerson ha sido director ejecutivo. Para financiar la violencia en Venezuela a través de un sinfín de ong’s, han sido asignados 5’500.000 dólares, más otros fondos adicionales.

Traduccion Gabriela Pereira

Texto publicado originalmente en Il Manifiesto. Lo reproducimos con autorización de la autora.


vía:https://desinformemonos.org/las-grandes-multinacionales-guian-la-politica-trump-alimentan-la-lucha-cambio-regimen-venezuela/

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